Los secretos del DAS quedan en manos del Gobierno de De la Espriella

El Gobierno de Abelardo de la Espriella tiene en sus manos la desclasificación de los secretos de la inteligencia del Estado desmantelada por sus absurdos abusos y crímenes. Son 15 kilómetros lineales de documentos y más de 47.000 medios electrónicos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la agencia estatal de inteligencia de Colombia sobre la que hay cientos de denuncias y varias condenas por violaciones a los derechos humanos, interceptaciones ilegales, seguimientos y hasta homicidios. Liquidado en 2011, el DAS quedó bajo la lupa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2023 ordenó al Estado depurar sus archivos de inteligencia y garantizar el acceso a la información que contienen. Y en 2025, el Gobierno de Gustavo Petro ordenó por decreto desclasificar, ordenar y publicar los documentos de forma progresiva. Casi un año y pocos avances después, el nuevo Gobierno debe decidir qué tan rápido —y qué tanto— se abre el archivo.

Según el decreto, el proceso está en manos del Archivo General de la Nación y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). La primera entidad, que tiene en su poder la documentación, está ahora al mando de Andrés Rafael Ramos Cabrales, un abogado y magíster en Historia que, además, es el designado del presidente de la República ante el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba, su departamento natal. La segunda, una de las más sensibles del Estado, tiene la labor de recibir la información, anonimizar lo que considere y publicar a su discreción. Este proceso está a cargo del general retirado Jorge Andrés Zuluaga, un oficial que participó de la célebre Operación Jaque, en la que se liberaron 15 secuestrados bajo el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y quien ha sido señalado de haber participado en supuestas interceptaciones ilegales y en el genocidio a la Unión Patriótica, un partido de izquierda en el que 5.000 de sus integrantes fueron asesinados.

El trabajo de organizar, clasificar y entregar los 15.000 metros lineales de papeles implica, ante todo, lidiar con el deterioro del tiempo: cajas con documentos que se remontan a 1960, año de creación del DAS, muchos de ellos frágiles, mal conservados o directamente ilegibles, a los que se suman los cerca de 47.000 disquetes, casetes de VHS, cintas, discos, memorias o computadores, cuya obsolescencia tecnológica complica el rescate de la información. El decreto señala que todos deben ser digitalizados, en algún momento, publicados o colgados en una plataforma para su consulta pública.

Francisco Flórez, director del Archivo General con Petro y quien comenzó el proceso, argumenta que el país no puede esperar cinco, siete u ocho años para conocer la información. “Es muy abundante; no sería respetuoso con las víctimas esperar hasta el final. Lo que sugerimos fue que se trabajara gradualmente y que cada seis meses las dos entidades [el Archivo General y la Dirección Nacional de Inteligencia] rindan un informe para que la ciudadanía conozca los avances de su publicación”, explica por vía telefónica. Pero el proceso es dispendioso. En su administración designó a unas 30 personas exclusivamente para este trabajo y logró avanzar en dos expedientes: el homicidio del periodista Jaime Garzón, en agosto de 1999, y la desaparición forzada del sindicalista comunista Pedro Julio Movilla, en mayo de 1993. La entrega de los documentos, con algunos apartes anonimizados, fue una de las últimas gestiones del expresidente Petro: una semana antes de dejar el poder, el 30 de julio, entregó 350 folios a familiares de las víctimas.

El desafío es tal que Gloribel Rodríguez, subdirectora de Archivos de Entidades Liquidadas del Archivo General, ha dicho que calculan que se requieren unos cinco años solo para determinar el volumen de los folios y hacer la organización de los documentos. Esos cinco años terminarían en 2030, cuando De la Espriella deje la Presidencia de Colombia. La oficina de prensa del Archivo General explica que la nueva administración no ha terminado de conocer todas las áreas y dependencias de la entidad.

La publicación tiene una gran importancia para entender la historia de Colombia en la segunda mitad del siglo XX e inicios del XXI. Yessika Hoyos, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y representante de algunas víctimas del DAS, lo explica: “Podrían aportar nuevas piezas para entender qué sabía el Estado antes y después de hechos que aún generan preguntas”. Se refiere a la posibilidad de reconstruir las operaciones de seguimiento ilegales a políticos, jueces o defensores de derechos humanos, y la implicación de miembros del DAS en casos icónicos como los de Garzón y Movilla.

Para ella, no se trata solo de conocer la verdad del pasado, sino de evitar su repetición. ”Es un llamado a que en informes de inteligencia del Estado no se incluyan a personas solamente por pertenecer a procesos de organizaciones sindicales o por ser defensores de derechos humanos. No podemos seguir utilizando los organismos de inteligencia para hacer labores en contra de quienes reclaman al Estado”. La jurista espera que para 2023 se haya publicado la mayoría de los archivos. “Conocer el contenido de los archivos es cumplir órdenes de la justicia, no solo nacional, sino internacional”, explica.

Daniela Gómez Rivas, viceministra de Defensa del Gobierno Petro, advierte que en el camino hay otros trámites previos a la publicación. El proceso de anonimización, a cargo de la DNI, es un paso previo a la publicación que pretende proteger las fuentes, métodos y medios por los cuales el DAS ordenó una investigación, seguimiento u orden. Además, la publicación de los archivos depende de la voluntad de las familias, que pueden pedir mantener el silencio, y de la discreción de la entidad. La DNI o el mismo presidente de la República pueden frenar la publicación si consideran que “una revelación constituye una amenaza a la seguridad nacional o al orden democrático”.

Entre los casos particulares sobre los que estos archivos podrían arrojar nueva información está la participación de agentes del DAS en los magnicidios de los candidatos presidenciales Luis Carlos Galán (1989), Bernardo Jaramillo Ossa (1990) y Carlos Pizarro Leongómez (1990). También podrían aportar más detalles sobre las llamadas chuzadas, las interceptaciones ilegales ordenadas durante el gobierno de Álvaro Uribe contra magistrados de la Corte Suprema, líderes de oposición, periodistas y líderes sociales.

Para el historiador Flórez, la publicación va más allá de la revelación de una información. “Hay una dimensión olvidada de la paz que pasa desapercibida. Si se quiere hablar de paz y reparación, se necesitan las memorias incómodas. Y el Archivo no es una entidad que solamente resguarda información, sino que tiene documentos que posibilitan la garantía de los derechos humanos”. Buena parte del futuro de esa verdad judicial, queda en manos del nuevo Gobierno.