El Gobierno no observa avances del lado mexicano en la operación antidrones bilateral
El Gobierno mexicano todavía no ha obtenido avances en la nueva operación lanzada esta semana con Estados Unidos para combatir el uso de drones en la frontera norte. El secretario de Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, ha reconocido este viernes que no hay progreso todavía por el lado mexicano y que las autoridades de ambos países se reunirán la semana siguiente para valorar los resultados de su contraparte estadounidense. El funcionario también ha detallado que el despliegue abarca cinco kilómetros de extensión y 500 metros de profundidad, con centro en la Mesa De Otay. Las operaciones se producen de dos formas: mediante patrullajes terrestres del personal militar y a través de equipos antidrón semifijos y móviles con capacidad para inhibir drones en tres kilómetros a la redonda. Hay dos o tres para cubrir la franja que le corresponde a México.
En total, ha especificado, hay unos 800 militares desplazados para el programa conjunto, bautizado como Águila Alta, que busca combatir el uso de estos artefactos de tipo comercial por parte de los traficantes de migrantes. Los Estados de Michoacán y Sinaloa llevan la delantera en este tipo de utilización, ha referido el secretario, aunque ha matizado que en el segundo territorio los utilizan “de otra manera”, sin dar más detalle. La operación bilateral, que concluirá el 21 de septiembre en su segunda fase, fue anunciada unos días después de que Estados Unidos revelara que había derribado más de 300 drones vinculados al crimen organizado en un año, una cifra récord. Además, las autoridades estadounidenses detectaron más de 35.000 vuelos cerca de su frontera, de acuerdo con un informe de la organización ACLED, que analiza conflictos violentos en el mundo. Según esta misma entidad, fue precisamente en México donde el crimen organizado comenzó a usar estos dispositivos, aproximadamente hace una década.
“A medida que las organizaciones criminales se adaptan, nosotros estamos un paso adelante. Mediante la tecnología, la innovación y operaciones coordinadas —cada país actuando dentro de su propio territorio— enfrentamos amenazas en constante evolución y hacemos que nuestras comunidades estén más seguras”, expresó este jueves el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en relación a esta nuevo esfuerzo por apretar a los cárteles desde los dos frentes.
Los militares desplegados para este operativo se suman a los cerca de 10.000 elementos de la Guardia Nacional y los 3.000 del Ejército que llevan desplazados en la Estados fronterizos desde febrero del año pasado. Esta fue una de las primeras concesiones que hizo la presidenta, Claudia Sheinbaum, a su homólogo, Donald Trump, para demostrar que se estaban tomando en serio la lucha contra el narcotráfico, contra el que el mandatario ha emprendido una fuerte cruzada. Esos intentos de combatir la difusión de drogas en el país vecino ha llevado al republicano a amagar en numerosas ocasiones con vulnerar los límites nacionales e intervenir directamente al otro lado de la frontera, una posibilidad que desde México se ha rechazado con firmeza pero que vuelve como una amenaza cada tanto tiempo. De ahí la importancia de las palabras de Johnson, que especifica el área de actuación de cada autoridad.
El Gobierno mexicano ha delimitado una línea roja muy clara en la colaboración entre los dos países y es no sobrepasar la soberanía nacional. La relación bilateral se ha estrechado enormemente desde que comenzó el sexenio de Claudia Sheinbaum, que ha devuelto las grandes detenciones y los extraordinarios decomisos al centro de la estrategia de seguridad, en parte como consecuencia de la fuerte presión que ejerce Trump, que combina las alabanzas con las quejas. Esta misma semana, el secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que los mexicanos habían hecho “más de lo que habían hecho nunca para ir detrás” de los grupos criminales, pero añadió que no era “ni de lejos, suficiente”.


