Riesgo de pactos de impunidad

Las primarias del partido Morena han seguido su curso. Hasta ahora, hay humo blanco en 10 de las 17 entidades federativas en que habrá elecciones en 2027. La constante en la decena de casos resueltos prefigura un modelo de reparto de poder que descansará sobre los actuales gobernantes de los Estados la responsabilidad de sacar favorablemente la elección de sus delfines. ¿Qué implica eso?

Morena lleva meses en la selección de candidaturas para el proceso donde la mitad más uno de los Estados de México renovará gubernatura. La elección del 6 junio tiene una importancia seminal. El partido en el poder no solo ha de demostrar que el desgaste de gobernar no amenaza su hegemonía, sino que busca fundar un ritual en el que las ambiciones internas no lo desbordan.

Tras la derrota electoral de 2012, Andrés Manuel López Obrador dejó el partido de la Revolución Democrática para armar su propio vehículo electoral, Movimiento de Regeneración Nacional; Morena compitió por vez primera en 2015. Antes de 2018, Morena no había ganado una sola de las 32 gubernaturas. Sus primeras cinco las ganó hace apenas ocho años. Al año siguiente sumó dos más: Puebla y Baja California.

En 2021, ocurrió el gran batacazo morenista. Las elecciones de medio término en México suele indigestársele al Gobierno en funciones. De hecho, en la renovación de ese año de la Cámara de Diputados la oposición recuperó curules al punto de volverse un freno para las reformas constitucionales de López Obrador. Ese triunfo opositor fue parcial: Morena se hizo de 11 de las 15 gubernaturas en juego.

Parte de la derrota legislativa de hace seis años ocurrió en Ciudad de México, entonces gobernada por Sheinbaum. Tres años después ella ganaría la elección presidencial, Morena sumaría a Yucatán a su rosario de entidades ganadas entre 2018 y 2024, en el Senado armaron una mayoría calificada fichando panistas y priistas, y en diputados maniobraron para tener una imbatible sobrerrepresentación.

En pocas palabras, y a pesar del revés legislativo del 2021, la curva de triunfos de Morena hasta ahora es pronunciada. Según varias encuestas esa inercia tiene viento a favor rumbo a la elección venidera, de ahí que seleccionar al mejor abanderado para cada competencia estatal demandaba procesos morenistas que incrementaran posibilidades de triunfo, y conjuraran graves errores.

Ese galimatías se enreda aún más por factores inéditos para este partido nacido formalmente en 2014. Desde ese año hasta 2024, López Obrador fue el fiel de la balanza en Morena. Aunque él sugirió que en la selección de candidatos se recurriera a encuestas e incluso a tómbolas, nadie nunca disputó que una especie de Espíritu Santo tabasqueño iluminara candidaturas clave, complejas o disputadas.

Morena ha tenido que caminar —al menos formalmente— sin su fundador desde 2024. La dirigencia que el exmandatario dejó en ese partido fue sustituida meses atrás por la presidenta Sheinbaum, y la dupla que esta puso —Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, ambas tan obradoristas como claudistas— han maniobrado la criba que hasta esta semana ya desveló más de la mitad de las candidaturas.

El proceso no ha estado exento de polémicas. La dirigencia prometió que a partir de encuestas se ponderarían posibilidades y viabilidad de las personas que se inscribieran; esos sondeos no solo medirían reconocimiento de nombre, sino también negativos y/o margen para crecimiento. O tal era el entendido, porque Morena se ha negado a dar a conocer esos estudios con los que ya sacó diez candidatos.

Un balance preliminar de la selección es que las protestas son las menos —destaca la de la expresidenta de Acapulco Abelina López, que tras saberse perdedora descalificó “encuestas de papel” porque ella “trae pueblo”, amago que falta mucho para saber si llegará a riesgosa rebeldía. Otra novedad es la inconformidad del partido del Trabajo, que ha hecho el vacío en varios casos estatales.

Pero lo más destacable es la deriva de Morena para fincar en sus gobernadores la posibilidad de retener los Estados que gobierna. Si bien una parte de la conversación pública ha querido deducir si es la presidenta Sheinbaum o el expresidente López Obrador quien está poniendo candidatos, la mayoría de los destapes corresponden a personas que preferían, e impulsaron, los jefes estatales en turno.

Los perfiles ganadores en Michoacán, Quintana Roo, Baja California, Campeche, Colima y Zacatecas son delfines de las y los respectivos mandatarios.

Hay otras entidades con características propias que sin disputar lo dicho en el párrafo anterior, tienen su propia lógica: en Sinaloa competirá una exsenadora que se ha desmarcado del exgobernador Rubén Rocha pero no fue ni es su férrea adversaria; mientras que en Guerrero Félix Salgado Macedonio, el padre de la gobernadora, no pudo llegar por el veto antinepotista, pero será sí o sí protagonista. Querétaro y Aguascalientes son del PAN, así que no aplica la regla.

Faltan por definirse las candidaturas de Baja California Sur, Nayarit, Sonora y Tlaxcala, con gobiernos de Morena; también San Luis Potosí donde el gobernante es del Verde y resiste la orden de Claudia de no postular parientes; y finalmente quedan Chihuahua y Nuevo León, de la oposición. En cuestión de días veremos si en los primeros cuatro casos se confirma que son ungidos los favoritos de los gobernadores.

Morena es, como su nombre lo recuerda, un movimiento. Su genética es la conquista del poder. Dentro de la competencia electoral juega no a partir de la idea de que se puede ganar o perder, sino con la premisa de hacerse de más espacios, y de no soltar los que tiene. Su toma de decisiones prioriza una misión que considera histórica: la oposición no puede amenazar el hito de fraguar un modelo de gobierno único.

Que los candidatos sean gente de los gobernadores compromete a los primeros a victorias contundentes y obliga a considerar en qué medida esas autoridades desviarán recursos del erario para conseguir un objetivo partidista. El triunfo, además, tendría una resultante maliciosa. Gobernante y candidato trenzarán una relación que podría ser el germen de un pacto de impunidad transexenal.

Se le disfrazará de promesa de continuidad cuando en realidad abre enormes riesgos de que las cuentas del que se va queden selladas, inalcanzables en términos de rendición de cuentas para el sucesor que todo deberá a su patrocinador.

Y a nivel partidista, cancela la renovación de cuadros internos, castigando a militantes de las tres fuerzas del oficialismo que no sean adeptos al gobernante premiado, lo que, necesariamente, deriva en un nuevo escenario de riesgo: el surgimiento de cacicazgos.

No fue la presidenta la que puso los candidatos, e incluso se puede decir que tampoco sería obvia la mano del expresidente. Falta, eso sí, ver los juegos que en las sombras hayan desplegado en cada destape gente como Adán Augusto López o Andy López Beltrán.

Pero dar desde Palacio Nacional la bendición para los candidatos oficiales a nivel estatal, terminará por convertirse en una fuente de problemas para la presidenta, que tendrá que encajar con buena cara los abusos y los excesos de quienes, sin reconocer que se juegan su impunidad, abusarán de la coartada de que es encargo presidencial el sacar adelante una elección que Morena no puede perder.

En el escenario de triunfar, esa camada de gobernadores constituirá un poder dentro de Morena, uno en que sus integrantes se sentirán tan empoderados como impunes como para pensar en siguientes jugadas. De afianzarse como las personas fuertes en sus Estados, más de una y más de uno se permitirán abrigar sueños presidenciales, y por lo menos querrán ejercer como factores de la decisión de 2030.

Sheinbaum ha decidido delegar la responsabilidad de ganar la elección en los gobernadores. Es un premio que puede incentivar la corrupción y el surgimiento de caciques. Lo que puede probarse como eficaz en términos electorales podría ser también ruinoso para la gobernanza democrática de México, e incluso para la misma vida interna y maduración de Morena.