Human Rights Watch visita Venezuela 18 años después: “Hay una pausa, pero el aparato del Estado responsable de los abusos sigue intacto”

El equipo de directores e investigadores de Human Rights Watch, integrado por Federico Borello, Juan Papier, Juanita Goebertus y Marina Rápido, ha estado una semana en Caracas. Es la primera visita en 18 años. En la última, el entonces director, el chileno José Miguel Vivanco, fue expulsado por orden de un Hugo Chávez enfurecido por un informe crítico sobre la situación de los derechos humanos, luego del cual la ONG se convirtió en una “herramienta de desestabilización e injerencia extranjera” para el chavismo. Fue su entonces canciller, Nicolás Maduro, quien le dijo: “Ya basta, hasta aquí llegaron: todo aquel que pretenda inmiscuirse en los asuntos internos venezolanos recibirá el mismo tratamiento que Vivanco”.

En la Venezuela de 2026, sin Maduro y bajo la tutela de Estados Unidos sobre el Gobierno de Delcy Rodríguez, los defensores destacan “señales importantes de una baja en la represión” que, desde ese impasse con Chávez no hizo sino empeorar. “Hay una pausa, una especie de tregua, pero el aparato del Estado responsable de los abusos sigue intacto”, declaró Borelli este viernes en encuentro con periodistas, luego de una semana de reuniones con diplomáticos, opositores de las distintas facciones, representantes del Gobierno y miembros de la sociedad civil.

El equipo de HRW ha llegado en una semana en la que se concretó un paso importante hacia liberalización del país, como el levantamiento de la censura a algunos medios de comunicación digitales bloqueados por el Gobierno. Esta ocurrió el mismo día que el dirigente político regional Javier Oropeza, recién llegado del exilio, fue detenido arbitrariamente por agentes policiales al salir de una entrevista en una radio local en la ciudad occidental Barquisimeto para ser liberado horas después y al mismo tiempo que la mesa de diálogo entre la Asamblea Nacional de 2015 y el chavismo retomaba el segundo ciclo de conversaciones. Con un país entre tensiones opuestas también se han encontrado.

Los representantes de la organización con sede en Washington fueron recibidos por Delcy Rodríguez, a quien plantearon la necesidad de implementar medidas en el corto plazo mientras se llevan a cabo las reformas de fondo que se han anunciado para la reinstitucionalización de Venezuela en el sistema democrático. “Las acciones que hemos visto son parciales. Se liberan algunos presos, pero no a todos o se les da medidas cautelares; se desbloquean algunos medios, pero no a todos”, comentó Borello. “Le hemos dicho a la presidenta encargada que hay un camino que es a mediano plazo y consta de la reforma institucional y de leyes, fundamental para que sea más difícil que violaciones de derechos humanos como las ocurridas se repitan. Pero hay una impaciencia de la población que quiere medidas de corto plazo mientras se logran esas reformas”.

HRW ha señalado una serie de medidas para generar confianza en la transición que está empujando Washington. La liberación “incondicional” de todos los presos políticos y detenidos arbitrariamente es la primera y más urgente. “Hay gente que está presa sin saber por qué, que tiene boletas de libertad y sigue en la cárcel. La ley de amnistía ayudó a algunos, pero la categoría de gente detenida arbitrariamente en este país es tan vasta y diversa que recomendamos crear una comisión técnica que revise casos y tenga poder de decisión”.

El segundo asunto que los defensores consideraron preocupante son las condiciones de detención de los reclusos. “La cárcel del Rodeo, definida como un centro de tortura por todos los familiares de los presos, debe ser cerrada”. Esta semana, la Misión de Determinación de Hecho de la ONU reveló nuevos métodos de tortura identificados en esta prisión donde están confinados la mayor parte de los políticos, como el castigo en tanques subterráneos. “Cuando los centros de detención llegan a un nivel de abuso como ese, hay que cerrarlos. También pedimos el cierre de los centros clandestinos de detención en todo el país. Tenemos algunos geolocalizados y se los enviaremos al Gobierno”. HRW reitera la petición los familiares de los detenidos: autorizar que las misiones del Comité Internacional de la Cruz Roja y del Alto Comisionado de Derechos Humanos puedan inspeccionar las condiciones de las cárceles y hacer visitas regulares sin previo aviso.

Borello también recomendó al Gobierno derogar o reformar la ley sobre terrorismo, además de otras legislaciones usadas para perseguir a la disidencia como la ley contra el odio. “Si se deroga la ley de terrorismo, se cierran cientos de casos de detenciones absurdas y arbitrarias sin necesidad de ninguna comisión”. HRW también señaló que es urgente una reforma del aparato de seguridad como actor clave en el engranaje represivo.

La ONG también habló de la necesidad de que avance en las condiciones para unas elecciones, que está en la agenda de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Asamblea Nacional de 2015, pero que aún no se ha discutido. “Los venezolanos merecen participar en elecciones oportunas, libres y justas”, dijo Borello. “Eso requiere permitir urgentemente que los opositores políticos participen en el proceso político y se postulen para cargos públicos”. El acercamiento de HRW busca ampliar la presencia de la organización en el país. La visita tiene meses de gestión con algunos representantes del Gobierno y esperan volver antes de que finalice 2026.