El trueque de dos niñas indígenas revela cómo Ecuador sigue entregando menores como esposas

A orillas del río Tigre, en la espesa Amazonía ecuatoriana, una niña peruana de diez años se queda paralizada cuando ve aparecer a un grupo de militares y policías. Uno de los agentes la toma en brazos y le dice que han llegado a rescatarla. A unos metros, los soldados inmovilizan a Washington Cuji Santi, de 50 años, el hombre que dos semanas antes había intercambiado a su hija menor de edad con el padre de la niña peruana.

Las imágenes del operativo fueron difundidas por el Ministerio del Interior el 7 de agosto, cuando se ejecutó el rescate en la provincia de Pastaza, fronteriza con Perú. Pero el Gobierno no informó entonces que detrás del operativo había una trama más perturbadora. No se trataba solo de una niña entregada como pareja a un adulto, sino de un intercambio de dos pequeñas a las que se forzó a convivir con quienes las mercadearon.

El caso expone un profundo problema que Ecuador arrastra desde hace más de una década: el matrimonio infantil está prohibido, pero las uniones tempranas no han desaparecido. Se cuentan por decenas de miles. Simplemente han cambiado de forma, en muchos casos, han dejado de aparecer en las estadísticas.

La alerta había llegado a la Red de Mujeres Amazónicas, una organización que articula a mujeres de distintas nacionalidades indígenas. No era la primera vez que recibían información sobre Cují Santi. Ya habían conocido otros casos en los que el mismo hombre había estado con niñas en la comunidad. “Fuimos a la Fiscalía a denunciar, pero no querían recibirla, nos exigían más datos, nos daban vueltas de si estábamos seguras de denunciar”, explica Noemí Gualinga quien dirige la organización.

Las mujeres insistieron. Buscaron funcionarios de otras dependencias del Estado. La respuesta no llegó. Hasta que apareció una tía de la niña peruana, una mujer que llevaba más de 20 años viviendo en Ecuador. Cuando supo lo que había ocurrido, acudió a la Fiscalía junto con las integrantes de la red.

“Y ella como tía decía con firmeza: quiero recuperar a mi sobrina”, relata Gualinga. Fueron días que vivieron con angustia, actuando con sigilo para impedir que el sujeto escapara con la niña. Temían que se repitiera lo ocurrido hace cuatro años, cuando otra niña entregada a un hombre mayor de la misma comunidad fue llevada a la selva y no pudo ser recuperada a tiempo. “¡Es mi propia sobrina, que yo quiero recuperar, quiero poner la denuncia hacia mi hermano que ha hecho esto!”, decía la tía.

Mientras intentaban activar a las autoridades ecuatorianas, las integrantes de la red contactaron a organizaciones en Perú para buscar a la otra niña de diez años con la que la habían intercambiado; era la hija ecuatoriana del propio Cují Santi.

El rescate de esa niña ocurrió primero en Perú. Después, la Policía ecuatoriana organizó el operativo en Pastaza que permitió sacar a la niña peruana de la comunidad. Tras la detención de Cují Santi, fue llevado a una audiencia de flagrancia por el presunto delito de abuso sexual, pero la fiscal decidió no formular cargos. El ministro del Interior pidió después que su actuación fuera sometida a un control jurídico interno.

Las mujeres quedaron devastadas por la decisión de la fiscal. “La próxima vez no van a querer denunciar”, dice con frustración Noemi, quien resalta el largo camino que ha hecho el colectivo recorriendo las comunidades y las distintas nacionalidades indígenas para hablar sobre derechos y evitar la violencia, el abuso sexual y los matrimonios arreglados.

Lo último que supieron de Washington Santi Cuji es que huyó. La niña de diez años permanece en un albergue en la provincia de Puyo. La tía advirtió que no puede regresar a Perú porque su madre murió y su padre volverá a entregarla a otro hombre. Mientras tanto, la niña ecuatoriana también está en un albergue en Iquitos, sin que nadie reclame por su custodia y protección.

En 2015 Ecuador reformó su legislación para impedir que menores de 18 años contrajeran matrimonio. Pero 11 años después, unas 30.000 niñas y adolescentes siguen viviendo en uniones tempranas, según un informe de Unicef, Unfpa y Plan International publicado en 2025. Son menos de las 54.000 registradas en 2010, pero la caída no significa que el problema haya sido erradicado. Al contrario: una parte de estas relaciones dejó de tener un registro oficial después de la prohibición del matrimonio infantil.

Los problemas estructurales que históricamente han provocado los matrimonios infantiles se mantienen, detalla el informe: la pobreza; las desigualdades de género que refuerzan la creencia de que niñas y mujeres son seres inferiores; la violencia; la falta de acceso a educación y oportunidades; y los patrones culturales que persisten en algunos sectores rurales y en poblaciones indígenas.

María Espinoza lleva más de 20 años trabajando y acompañando a poblaciones de la frontera norte. Desde allí ha visto cómo, después de la pandemia, las condiciones económicas agravaron estas situaciones. En familias con pocos ingresos, explica, la unión forzada puede llegar a ser entendida como una forma de protección. “La niña pasa a estar bajo el cuidado de un hombre que es visto como proveedor y que, en ocasiones, extiende esa provisión al resto de la familia”, explica.

Pero en realidad, describe Espinoza, se convierte en una condición de esclavitud para las niñas: no media su consentimiento, ni existe un interés real de cuidado. La niña pasa a ser, forzosamente, una “mujer”, no solo en el sentido sexual, sino también en el del trabajo doméstico, añade.

La mayoría de los casos termina en embarazos tempranos, con un impacto en la vida de las niñas que es incalculable e irreversible. Según el informe de las organizaciones, uno de cada cinco nacimientos de madres adolescentes en Ecuador ocurre cuando la madre ya está casada o unida. Las provincias con más incidencia de embarazos adolescentes se concentran en la Amazonía. Otro dato de esta investigación es que una de cada cinco menores que contraen matrimonio lo hace con un hombre diez años mayor.

La pobreza, sin embargo, no explica todos los casos.

En la frontera norte aparece otro factor: la violencia de los grupos armados que operan en territorios donde la presencia del Estado es débil, y esas personas imponen a las familias la obligación de entregar a las niñas. “Ahí no está mediando el tema económico, media la fuerza, media la violencia, media el uso de las niñas como una forma de controlar también el territorio, de imponer una serie de dinámicas de control sobre la vida comunitaria, por supuesto, media el miedo”, dice Espinoza.

Uno de esos casos se conoció hace ocho meses. Una niña mestiza de 12 años fue entregada a un hombre de 50 años. “Las familias no se van a oponer a entregar a las niñas a esos actores”, señala la defensora. “Muchas veces la justificación es que la niña está ‘enamorada’, entonces ya no es solo la pobreza”.

Nadie en la comunidad denunciará por miedo al poder de esa persona; ni siquiera la niña pedirá ayuda o protección.

El caso que conoció Espinoza lo ilustra. La niña seguía en la misma comunidad. No había sido escondida ni trasladada lejos. Todos sabían dónde estaba. Pero nadie quería enfrentarse al hombre que tenía poder en el territorio.

La respuesta institucional era activar la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Pero incluso llegar hasta allí es una odisea. En las comunidades de la frontera, quienes deben intervenir tienen que desplazarse primero por río y después por carretera durante horas. Las juntas cantonales, además, suelen carecer de personal y recursos suficientes. Dependen de los municipios y no tienen capacidad para sancionar: deben activar a otras instituciones, como la Policía especializada o la Fiscalía, y su presencia debe ser permanente. Lo que nunca ha ocurrido.

“¿Quién responde por las niñas?”, pregunta Espinoza. Su respuesta es directa: “Nadie”.

La Amazonía ecuatoriana es la región más vulnerable para las niñas y adolescentes en Ecuador. Tiene los índices más altos de pobreza, desnutrición, ausencia escolar y dificultades de acceso a la salud. El Estado está ausente y ha dejado solas a las niñas.

Ecuador no es una excepción. América Latina y el Caribe es la única región del mundo que no ha conseguido reducir de manera significativa la prevalencia del matrimonio infantil en los últimos 25 años. Según Unicef, una de cada cuatro mujeres de la región se casó o inició una unión antes de cumplir los 18 años. Si la tendencia no cambia, América Latina podría convertirse en 2030 en la segunda región con mayor prevalencia de uniones tempranas del mundo.

Cada año, unos 12 millones de niñas se casan antes de cumplir los 18 años en el planeta. Unas 640 millones de mujeres que hoy están vivas fueron niñas casadas o unidas.