Marina del Pilar Ávila, socia hasta hace tres años en la empresa de su exesposo sancionada por Estados Unidos

Una tienda de productos orgánicos con pasillos rebosantes de alimentos keto, jugos y kéfir en Tijuana ha constituido el último capítulo de en las turbulencias que enfrenta la carrera política de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. La empresa Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V., cuyo nombre comercial es Vive Orgánico, fue fundada en 2020 por la mandataria —que entonces era alcaldesa de Mexicali, la capital del Estado—, por su ahora exmarido, Carlos Torres, y el hermano de este, Luis Alberto, así como por otros cuatro accionistas, según consta en su acta constitutiva en el Registro Público del Comercio. Este martes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos ha sancionado a los hermanos Torres por presuntamente aceptar sobornos del Cartel de Sinaloa para operar en el Estado y a la misma empresa en la que la gobernadora tiene registros como socia por lavar el dinero del crimen organizado. A una consulta de EL PAÍS a través de un portavoz del Gobierno, Ávila ha asegurado que donó el capital que aportó, 15.000 pesos, en acciones a su marido en abril de 2023.

La explosiva revelación del Departamento del Tesoro estadounidense, que vincula directamente a Carlos Torres con el cartel sinaloense, acerca al fuego a la gobernadora. Hasta ahora, su exmarido y padre del menor de sus hijos había sido una figura incómoda en su carrera política. Ya el año pasado, un reporte del canal N+ revelaba que Torres había sido denunciado ante la Fiscalía por presuntos nexos con el narco, acusación que él y Ávila minimizaron. Pero la OFAC señala ahora que Torres —y lo frasea en tiempo presente— “utiliza su influencia política para facilitar las actividades del Cartel de Sinaloa y protegerlo de la intervención del Gobierno y las fuerzas del orden en Baja California”. También revela que EE UU le revocó la visa a Torres en mayo de 2025 “debido a su vinculación y trabajo en beneficio del cartel”. Cuando ocurrió el asunto de la visa, Torres y Ávila aún estaban casados. El entonces marido de la gobernadora también tenía un cargo honorario en la Administración de Ávila. Washington también le canceló en aquel momento el visado a la mandataria, aunque en su caso las razones no han sido aclaradas.

El asunto de la empresa sancionada vuelve a poner el foco sobre la gobernadora morenista. Vida Orgánica Tijuana está a menos de siete kilómetros de la frontera. Fue fundada junto a Juan Manuel Lameiro Camacho, dueño de varios restaurantes, clubs nocturnos, inmobiliarias y operadoras turísticas en Baja California. Ávila reconoció en abril de 2023 que era una de las dueñas de la firma, a la que describió como un “mercadito”, luego de que uno de los bares de su entonces socio Lameiro fuera cateado ese año en un operativo por la desaparición de cinco jóvenes. Un mes después, mayo de 2023, se registró en el archivo comercial de la Secretaría de Economía una “cesión” de capital “por donación”, además de un cambio en la estructura de accionistas. Sin embargo, no se detallaron tales cambios. Hace apenas 19 días, se ingresó una rectificación por un “error material involuntario” en el registro, en el que aparece la lista de socios actualizada. Figuran todos los accionistas originales, salvo Marina del Pilar de Ávila.

La gobernadora ha insistido en que ella donó todas sus acciones a su entonces marido. “Es un mercadito chiquito, algunos de ustedes lo conocen, aquí en Tijuana. Y yo decidí salirme desde el 2023 de esa sociedad, cedí mis derechos al que entonces era mi esposo y hoy les recuerdo que soy divorciada de Carlos”, ha subrayado. En una nota enviada a este periódico, el Gobierno del Estado ha explicado la discordancia de las fechas entre la salida de Ávila de la empresa y su registro formal al público. “La rectificación realizada en septiembre de 2026 sobre cómo figuraban los socios en el registro es un trámite posterior; no es la fecha en que se acordó y protocolizó la cesión [de abril de 2023]”, indica la nota, y agrega: “El notario hizo una rectificación por un error, al haber omitido asentar la participación social derivada de los acuerdos tomados por los socios, sin embargo, la cesión de derechos se realizó por la gobernadora Marina del Pilar y surtió sus efectos el 27 de abril de 2023 y quedó inscrita en el registro público de comercio el 26 de mayo del mismo año”.

La historia que no coincide es la de Carlos Torres y su relación con Vida Orgánica Tijuana. El año pasado, el mismo Torres, afiliado a Morena tras dos décadas en el PAN, fue cuestionado por esta empresa, pues suponía un posible conflicto de interés por su trabajo como coordinador de proyectos estratégicos en el Gobierno de Baja California. “No tengo ninguna sociedad, de ningún negocio. Tuve un mercado pequeño de productos orgánicos en donde ya no participo. Es un mercado que está cerca de la escuela de mis hijos, cerca del Instituto México, y fue un proyecto en el que estuve participando cerca de un año pero en el que ya no participo”, dijo ante los medios. En esa misma declaración aseguró que no sabía si participaba alguno de sus hermanos, ya que tiene siete y todos tienen empresas. Sin embargo, en la última actualización pública de la empresa, la de hace dos semanas, tanto él como su hermano Luis Alberto aparecen como accionistas en activo.

La OFAC ha congelado los activos de los Torres, entre ellos Vida Orgánica Tijuana, por actuar como facilitadores políticos para Jesús Alejandro Sánchez Félix, alias El Ruso, líder de Los Rusos, organización criminal al servicio del Cartel de Sinaloa. Los investigadores apuntan a que Carlos Torres recibía pagos mensuales de Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, aliado del Ruso y cobrador de los sobornos de este para controlar a la policía municipal. Ese dinero también se usaba para pagar a Torres, para que permitiera operar al cartel con “cierta impunidad” en Baja California. Su hermano era el que recibía los sobornos y los blanqueaba a través de empresas y campañas políticas, según el boletín del Tesoro de EE UU.

El intento de Ávila de poner tierra de por medio con Torres con el divorcio no ha sido suficiente para contener todas las sombras que la rodean. La cancelación del visado de la gobernadora provocó muchos cuestionamientos entre la oposición y medios críticos del oficialismo, que no hacen sino avivarse. Otros políticos morenistas han sido objeto de la misma restricción migratoria, uno de ellos Rubén Rocha, el exgobernador de Sinaloa, acusado por Washington también de colaborar con el cartel de Joaquín El Chapo Guzmán. Otros dos mandatarios fronterizos, de Sonora y Tamaulipas —de Morena—, han sido expuestos luego de que EE UU, supuestamente, también les revocara el permiso de ingreso.

No ayudó a Ávila la manera en la que intentó recuperar su visa estadounidense. El Universal reveló varios audios en los que se la oía negociar con supuestos funcionarios de Washington la reactivación del documento. En una grabación, la gobernadora ofreció aportar a EE UU información a la que tuvo acceso en las Mesas de Seguridad, donde se abordan asuntos estratégicos en materia de combate al crimen. Aquello pareció un recurso desesperado ante la posibilidad de que hubiese alguna investigación en su contra en el país norteamericano. La sospecha se vio reforzada luego de que medios estadounidenses publicaran que varios políticos de Morena se habían acercado a agencias de ese país para actuar como informantes en contra de sus compañeros a fin de salvar el propio pellejo.

Antes estas maniobras desde Washington, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha defendido la soberanía nacional frente a la injerencia de Estados Unidos. El oficialismo sostiene que el Gobierno de Donald Trump ha instrumentalizado la justicia para socavar al de Sheinbaum y tratar de imponer un régimen servil a sus intereses, detrás del disfraz del combate al “narcoterrorismo” y la “narcopolítica”. La gobernadora de Baja California repite que no busca beneficio procesal alguno con EE UU y que no tiene temor. Ahora, ante las nuevas revelaciones, Ávila ha reiterado que está tranquila y que tiene “las manos limpias” y ha descartado apartarse del cargo. “Yo voy a seguir trabajando. Si ya resistí cinco años a las calumnias, las difamaciones, las infamias, voy a resistir los otros 11 meses trabajando”, ha asegurado.