Defensa envía al juzgado la denuncia de Amnistía Internacional sobre torturas de militares a inmigrantes en Ceuta

El Ministerio de Defensa ha remitido a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia de Ceuta las denuncias de la ONG Amnistía Internacional (AI) sobre presuntas torturas y malos tratos a inmigrantes por parte de militares en la ciudad española, según ha informado el departamento que dirige Margarita Robles. Además, ha instado al Mando de Operaciones (MOPS), del que depende el despliegue en Ceuta desde que los pasados 30 y 31 de julio se produjo la irrupción de más de 70.000 inmigrantes, a que investigue y depure responsabilidades.

“A la vista del informe hecho público por Amnistía Internacional, se acuerda remitir dicho informe a la Fiscalía y el Juzgado de Guardia de Ceuta y se insta al Mando de Operaciones a investigar y dilucidar posibles responsabilidades individuales, para preservar el buen hacer y nombre de las Fuerzas Armadas”, ha indicado un portavoz de Defensa.

Amnistía Internacional difundió este miércoles un informe en el que denuncia presuntos casos de “tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes” a inmigrantes y solicitantes de asilo en Ceuta. La ONG asegura que estas conductas son realizadas por “miembros de las Fuerzas Armadas españolas, en particular por unidades de Regulares y de la Legión”, y advierte de que “parecen responder a un patrón contra personas migrantes que permanecen en Ceuta en situación de desprotección y son objeto de abusos”.

La organización realizó una visita a Ceuta entre el 10 y el 15 de septiembre y sus investigadores hablaron con más de 65 personas migrantes y solicitantes de asilo, “y muchos de los testimonios han señalado la violencia y los tratos vejatorios que sufren por parte de militares, incluyendo también a mujeres y niños no acompañados que, en algunos casos, por su gravedad”, advierte, “pueden constituir tortura, un crimen de derecho internacional”. En concreto, la misión de AI recibió 22 testimonios directos que atribuyen a militares que patrullan la ciudad “palizas, acoso, humillaciones y robo de dinero y confiscación y rotura de teléfonos móviles de personas migrantes sin importar su edad, condición o sexo”, según el informe.

Amnistía Internacional reconoce la dificultad de la labor de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para afrontar una situación compleja, “que ha incluido también la detención de más de 30 personas migrantes por agresiones a militares”, pero recuerda que militares y agentes de seguridad “están obligados a hacer frente a estas situaciones respetando la legislación nacional e internacional y los derechos humanos de todas las personas”.

La ONG asegura haber documentado, “gráfica y visualmente, cuerpos magullados de migrantes con lesiones que parecen compatibles con golpes de defensas rígidas” o porras reglamentarias como las que llevan los militares. En concreto, “dos chicos marroquíes entrevistados por la organización presentaban lesiones en la cabeza, una zona muy sensible de alto riesgo de conmociones cerebrales y otros traumatismos craneales, afirmando uno de ellos que fue obligado a arrodillarse antes de ser golpeado”. Otro aseguró llevar 25 días sin poder caminar, después de “haber sido empujado por un militar desde una altura elevada tras ser despertado y acosado por un grupo de militares, mientras dormía a las puertas de la ermita de San Antonio”.

Otros dos chicos, uno marroquí y otro argelino, aseguraron haber sido golpeados reiteradamente con porras y puñetazos mientras estaban inmovilizados con bridas de sujeción cuyas marcas pudieron constatar los enviados de AI. “Me pusieron bridas y me metieron en el maletero. Cuando me sacaron, me amordazaron la boca y me pegaron la cara contra un árbol, y así me pegaron porrazos y puñetazos. Cuando terminaron, me tiraron por un terraplén”, relató uno de ellos.

Según testimonios confirmados por videos a los que ha tenido acceso Amnistía Internacional, “algunos militares han llegado a actuar de noche y encapuchados contra las personas migrantes, para evitar ser reconocidos, propinándoles golpes y palizas, o rociando la cara y el cuerpo con un espray irritante y procediendo a su expulsión sumaria a través de la valla del Tarajal”, fronteriza con Marruecos.

Entre las prácticas denunciadas por los inmigrantes a los que entrevistó la organización figuran “insultos y amenazas constantes para que abandonen Ceuta, impedirles dormir por la noche y transitar de día, obligar a los jóvenes a raparse el pelo, arrodillarse para besar una cruz cristiana a personas que son musulmanas, golpearlas fuertemente y con brutalidad en la cabeza y espalda con porras y botas y retirarles la comida si se niegan a cumplir la orden”. AI asegura que esta violencia también es ejercida contra mujeres marroquíes, “incluyendo insultos, humillaciones y vejaciones de carácter sexual.” Explica que una joven marroquí relató “que un militar se mofó de ella con comentarios de carácter sexual relativos a ‘cómo había podido abrir las piernas’, refiriéndose a su situación de embarazo”.

El propio equipo de Amnistía Internacional asegura haber presenciado cómo un grupo de militares se dirigía a inmigrantes que hablaban entre ellos sentados en un banco público cerca del centro de la ciudad, “preguntándoles ‘si eran de aquí’ y obligándoles a marcharse del lugar. Al preguntar por el motivo de esa pregunta, la respuesta que recibieron fue: ‘Tenemos órdenes para que no se sientan cómodos”.

Además, la ONG ha recogido testimonios de inmigrantes con heridas abiertas en la cabeza que denuncian haber pasado horas en la calle esperando a ser atendidos por el personal sanitario, así como hostigamiento por parte de los militares que patrullan en torno al Hospital de Ceuta. Uno de ellos, en silla de ruedas y con lesiones severas en los tobillos, brazos y torso, aseguró que, tras haber sido empujado por militares desde una altura de más de seis metros, no le habían hecho ni una radiografía, solo un vendaje de emergencia.

La propia delegación de AI fue identificada por miembros de la Policía Nacional avisados por militares y guardias de seguridad del hospital durante su investigación, “al cuestionar que estuvieran expulsando de la zona a personas que consideraban migrantes”. Y agrega: “También recibió hostigamiento, desprecio e insultos por parte de un grupo de militares que patrullaba junto a la puerta principal del Hospital Universitario de Ceuta el 11 de septiembre a las 17.30. ‘Perroflautas, ¡a chuparla!”, espetó uno de los militares”.

AI se ha dirigido por carta a los presidentes del Gobierno español, Pedro Sánchez, y de la ciudad de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para informarles de las conclusiones de la visita y pedirles un plan urgente que proporcione ayuda humanitaria adecuada y una acogida urgente, con atención especializada a mujeres, niñas y niños y a personas en riesgo, ya sea en Ceuta o mediante su traslado a la Península. Además, reclama una investigación “pronta, imparcial, independiente y exhaustiva de las alegaciones de abusos contra personas migrantes” y que se aparte cautelarmente a los militares implicados en agresiones, abordando “la posibilidad de motivación racista de estos ataques”.