El ICE ampliará el polémico centro de detención Batavia en Nueva York para alojar a mujeres migrantes

Primero se conocieron los planes del gobierno de comprar terrenos en Batavia, una pequeña ciudad rodeada de granjas y cultivos de maíz y soja que alberga el único centro de detención administrado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el estado de Nueva York. Ahora unos documentos públicos lo confirman: el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) destinará unos 17 millones de dólares a la ampliación de dicho centro, que alojará mujeres y será operado por Akima Infrastructure Protection, la empresa que carga sobre sus hombros con críticas por abusos en Guantánamo o la denuncia por la muerte de un migrante cubano en Texas.

Cuando se hizo público el aviso de contratación del Gobierno Federal con la empresa Akima, las autoridades solo informaron que pretendían construir “una estructura de detención temporal”. No especificaron en qué consistía, pero podría tratarse de tiendas de campaña o módulos prefabricados. La idea destapó las alarmas y molestó particularmente a la gobernadora Kathy Hochul, quien en julio envió una carta al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin: “¿su Departamento está construyendo o ampliando centros de detención de inmigrantes en Nueva York? Si es así, ¿dónde, con qué capacidad y bajo qué autoridad?”, le preguntó.

Hochul no obtuvo respuesta, pero ahora finalmente no solo se conocieron detalles del acuerdo millonario para ampliar y equipar el Centro de Procesamiento de Servicios de Buffalo, en Batavia, sino que la instalación tendrá espacio para alojar hasta 100 mujeres detenidas por el ICE. Se trata del último gran intento de la administración de Donald Trump por dar a entender que ningún gobierno estatal está por encima del plan de detener y deportar a miles de migrantes en todo el país.

Hace dos meses, el DHS aseguró que el centro de detención —señalado desde hace años por las condiciones de hacinamiento o falta de atención médica— sería ampliado tras una ley estatal promulgada por Hochul que prohíbe que las cárceles de los condados neoyorquinos se utilicen para mantener a migrantes bajo custodia del ICE. Hasta ahora, las autoridades migratorias firmaban contratos con las cárceles o trasladaban a los detenidos a centros fuera del estado, pero desde inicios de este año la gobernadora empujó la ley Policías Locales y Delitos Locales, para impedir que la policía y las prisiones estatales participaran en la aplicación federal de las leyes migratorias. Es la misma ley que prohíbe los acuerdos 287(g), que dan luz verde para que las fuerzas locales actúen como agentes del ICE.

Entre los casi 6.300 personas que las autoridades migratorias han detenido al norte del estado de Nueva York en los últimos casi dos años, hay muchas mujeres que terminaron recluidas en cárceles de los condados de Niágara y Allegany, pues el centro de Batavia solo aceptaba hombres. El DHS no había revelado sus intenciones de ampliarlo también a mujeres, en un primer comunicado sobre el centro, se limitaron a decir que se trataba de una construcción de “paredes rígidas en terrenos federales”, sin ofrecer muchos más detalles.

No obstante, el congresista demócrata Timothy M. Kennedy envió una carta en julio al DHS en el que solicitaba respuesta a varias preguntas: “¿cuántas personas se encuentran actualmente recluidas en Batavia? ¿Qué porcentaje de dichas personas tiene antecedentes penales? ¿Cuál es el costo total estimado del diseño, la construcción y la operación de las nuevas instalaciones? ¿Tiene previsto el ICE recluir a hombres, mujeres o niños en las nuevas instalaciones?”.

El pasado viernes, Kennedy hizo pública la respuesta de Mullin a su solicitud y los documentos donde se detallan las intenciones del DHS con el centro de detención. “El pueblo estadounidense votó abrumadoramente en 2024 por deportaciones masivas, y eso es lo que este Departamento, bajo mi liderazgo, va a cumplir”, dijo Mullin en la carta, consultada por EL PAÍS.

Los fondos para echar adelante este proyecto, unos 17 millones de dólares por dos años, llegan de mano de la “One Big Beautiful Bill”, la ley presupuestaria y tributaria de Estados Unidos que impulsó Donald Trump el año pasado. Los documentos del DHS explicitan que el centro no alojará niños, sino mujeres, y que, “si las necesidades del servicio lo exigen, también podrían alojarse allí hombres”.

A Aaron Krupp, quien coordina los programas y el apoyo a personas detenidas con la organización Justice for Migrant Families, en el oeste de Nueva York, le preocupa que el alojamiento de mujeres en Batavia traiga las mismas consecuencias que se ven en el resto del país. “Históricamente, los centros de reclusión para mujeres han provocado que más niños sean separados de ambos progenitores, quedando a menudo durante años bajo la tutela del sistema de acogida temporal”, dice.

La posibilidad de ampliar el centro de detención de Batavia ha comenzado a preocupar a una comunidad que enfrenta problemas con la asistencia legal, traslados precipitados del centro, y el mismo miedo a la detención o la separación familiar que afrontan los migrantes de todo el país.

Jennifer Connor, la Directora Ejecutiva de Justice for Migrant Families, asegura que la ampliación del centro “supondrá, sin lugar a dudas, una expansión de estos problemas. Si no los pueden gestionar las instalaciones actuales —y sabemos que no pueden—, ¿qué harán cuando haya más personas?“, se pregunta. ”Batavia está diseñado para que la gente abandone sus procesos migratorios, no para defender sus derechos legales en materia de inmigración. Es un lugar con una agenda política clara: ejercer crueldad contra los inmigrantes“.

Una empresa muy criticada

Akima Infrastructure Protection, la empresa que firmó el contrato para la ampliación del centro de Batavia, es la misma que ha estado en la mira de varias denuncias contra abusos en la Bahía de Guantánamo, o está involucrada en la demanda que hizo la familia del cubano Geraldo Lunas Campos, tras su muerte a inicios de año en Camp East Montana.

Ahora Akima estará al frente de un sitio que ya carga con gran peso de denuncias por hacinamiento, insuficiente atención médica y escasez de personal. Aunque en la respuesta del DHS al congresista Kennedy la agencia federal asegura que hasta julio de 2026 había 653 detenidos en el centro —de los cuales el 28% tienen antecedentes penales—, lo cierto es que se han registrado denuncias por albergar hasta unos 730 migrantes. Varias investigaciones revelaron el pasado año que en dicho centro al menos una docena de enfermos con lesiones graves quedaron sin tratamiento, se les fue negada la atención médica o se retrasaron sus citas con los doctores.

“El centro de detención es conocido como un lugar que enferma a las personas sanas y agrava la enfermedad de quienes ya están enfermas”, asegura Connor. “Se le conoce como un sitio donde se maltrata a los inmigrantes, no solo mediante condiciones físicas específicas, sino también restringiendo o negando el acceso a las herramientas necesarias para preparar los casos legales más básicos”.

Ahora, el nuevo contrato del ICE contempla que el centro —que estará listo en menos de seis meses— debe contar con personal esencial: un dentista, dos asistentes dentales, un enfermero especializado, un asistente médico, doce enfermeras tituladas, cinco trabajadores sociales y dos coordinadores de actividades recreativas. además de otro personal requerido. También tendrá tres salas de consulta de salud conductual, una sala de urgencias, espacio para reuniones de personal y aseos, o espacio para residuos biológicos peligrosos y ropa de cama sucia, según se lee en el documento.

El objetivo final, según Connor, es presionar de manera “poco ética” a las personas para que renuncien a procesos migratorios legítimos. “Si realmente se preocuparan por las comunidades inmigrantes, dejarían de detener a personas, de separar familias y de arrebatar padres a sus hijos; en su lugar, permitirían que la gente resolviera sus casos de inmigración desde sus hogares y comunidades”, sostiene.