La ola de indignación por el ‘caso Maricarmen’ presiona a Junts antes de una votación clave por los desahucios

El desahucio de Maricarmen Abascal, jubilada de 87 años que ha sido expulsada de un piso del barrio madrileño del Retiro donde llevaba viviendo los últimos 70 años, ha disparado la indignación ciudadana y ha puesto la lupa en como evoluciona la gestión política del caso. Si la vivienda es un motivo de inquietud principal para las personas que residen en España —una encuesta del CIS cifra en un 41% el porcentaje de ciudadanos que dicen estar preocupados por las complicaciones que conlleva encontrar un lugar donde vivir y poder pagarlo—, el caso de la anciana madrileña no hace más que multiplicar la crispación. En medio del fuego, Junts per Catalunya es el destinatario de un flujo de presión de alta densidad que busca respuestas antes de que, el próximo martes, el Gobierno trate de desbloquer el real decreto ley de vivienda.

Se trata de una norma que ya pretendía haber aprobado a finales de julio. De hecho, el Ejecutivo lo quería tener validado incluso antes de los calores, porque el decreto cayó al vacío en abril por el veto de PP, Vox, UPN, precisamente, Junts. Las relaciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez con Junts pasan por un momento regular, si es que alguna vez hubo alguno bueno, pero en La Moncloa ahora se habla de “ventana de oportunidad”.

El real decreto de vivienda incluiría medidas antidesahucios para evitar casos tan desgraciados como el que le ha tocado sufrir a la jubilada madrileña. La suya es una situación sangrante, “una tragedia social que no se puede aceptar”, dijo el propio Pedro Sánchez, pero para nada es una excepción. El presidente se comprometió a que el Gobierno envíe al Congreso “de manera urgente” un nuevo real decreto de vivienda tras pedir “responsabilidad” y “altura de miras” a los grupos parlamentarios para su convalidación. También el Sindicato de Inquilinas ha pedido “sensatez” a todos los partidos del bloque de investidura para sacar adelante un texto ambicioso y sin agujeros que dejen la puerta abierta a nuevos casos como el de Maricarmen Abascal.

El problema ha estallado en pleno Madrid, pero las miradas se desvían hacia Junts per Catalunya, que toma las decisiones en Barcelona y en Waterloo (Bélgica), donde tiene fijada la residencia Carles Puigdemont. Junts lleva meses instalado en la idea de que su misión no es “salvar al Gobierno”, repiten desde la dirección. Al contrario, la directriz es no facilitarle ni un paso al Ejecutivo socialista, al que definen como un incumplidor sistemático de los acuerdos alcanzados con Junts. En este sentido, al tridente que conforman Puigdemont, presidente del partido, Jordi Turull, secretario general, y Míriam Nogueras, portavoz en el Congreso, no le ha temblado las piernas cuando han tenido que bloquear iniciativas o propuestas del Gobierno. En alguna ocasión, incluso, pese a ser tener que cargar con consecuencias impopulares. Fue el caso, por ejemplo, cuando votó en el mismo sentido que PP y Vox para abortar un decreto ómnibus del Ejecutivo, lo que frustró el incremento monetario para 12 millones de pensionistas y dejó sin efecto las bonificaciones al transporte público.

Junts defiende que sus reclamaciones en materia de vivienda siempre fueron claras, y que solo si el Gobierno las toma en consideración puede reconsiderar un aval al decreto de vivienda. La formación independentista confirma que se abre a negociar pero pone una línea roja en cualquier medida que pueda suponer un perjuicio para el pequeño propietario. Defiende que en Cataluña los ingresos por el alquiler de un piso son un complemento del que se fía una parte de la sociedad y que, a estos propietarios, no se les puede presentar como responsables de los males del mercado inmobiliario.

En Barcelona, el jefe de filas de Junts en el Ayuntamiento, Jordi Martí Galbis, dejó claro su punto de vista: “Estamos a favor de regular en general los mercados, pero con el máximo consenso, de manera que en paralelo incentiven la actividad económica y que no culpabilice a los propietarios”, informa Clara Blanchar.

Esquerra Republicana presume de “tener los deberes hechos”, en materia de vivienda. Así lo dijo este jueves su jefa de filas en Barcelona, Elisenda Alamany. Gabriel Rufián considera un “error” que el Gobierno quiera negociar con Junts los “límites” a la política de vivienda. Desde los Comunes reclaman que el caso Maricarmen sea “un punto de inflexión” y ayude a sellar “grandes mayorías”.

Junts reclama facilitar medidas e incentivos fiscales para favorecer que los propietarios saquen viviendas al mercado. También pide desgravaciones fiscales a las hipotecas, tanto da si ese propietario usa el piso para vivir o si lo tiene alquilado a alguien que lo usa como residencia habitual. Junts también ha manifestado tener interés en un paquete de ayudas fiscales a quien tenga una cuenta de ahorros vinculada a la vivienda, un supuesto que considera especialmente interesante para la gente joven. Además, reclama actuaciones contundentes contra la ocupación, pero que no supusiesen más costes para los dueños de los pisos y que no se mermasen las competencias de la Generalitat.

El presidente catalán, Salvador Illa, criticó severamente este jueves el desenlace del caso de Maricarmen: “Es la ceguera, la codicia del dinero que pisa. Este no es el modelo de la sociedad que queremos”, afirmó el president, que ha querido hacer de la problemática de la vivienda uno de los ejes de su mandato. “Las instituciones estamos para combatir esto, al menos las catalanas, lo estamos haciendo”, dijo, informa Àngels Piñol.