La gerente del PSOE descarga en Cerdán la responsabilidad de los encargos a los imputados en el ‘caso Leire Díez’

Ana María Fuentes, gerente del PSOE, ha descargado en la Secretaría de Organización dirigida por Santos Cerdán toda responsabilidad sobre los pagos del partido a los implicados en el llamado caso Leire Díez, según detallan varias fuentes jurídicas presentes en su declaración como imputada en la Audiencia Nacional. La alto cargo socialista ha explicado al juez Santiago Pedraz que ella solo se encargaba de aprobar la ejecución de los abonos y que no decidía sobre el contenido de los supuestos trabajos contratados, ni supervisaba que se llevaran a cabo. Fuentes ha defendido así su actuación como responsable de las cuentas de la formación en las pesquisas abiertas sobre la presunta trama liderada por la exmilitante Leire Díez y Santos Cerdán, ex secretario de Organización, que buscaban “desestabilizar” supuestamente los procesos judiciales que salpicaban al partido y al Gobierno presidido por Pedro Sánchez.

El sumario concede a Fuentes un papel crucial en la ejecución de los planes de la supuesta “organización criminal” encabezada por Díez y Cerdán. Según el juez, la gerente emitió “sendas notas de encargo” para “justificar el pago” de decenas de miles de euros a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, señalados como vía para hacer llegar dinero a la trama. Pedraz, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospechan que los implicados fingían que los letrados prestaban “asesoramiento jurídico” al partido, cuando en realidad se erigían como el instrumento para “retribuir” a la militante socialista “por la labor que se había comprometido a desarrollar para proteger al PSOE, al presidente del Gobierno y a su entorno de las actuaciones judiciales que les amenazaban”.

Según detallan estas fuentes jurídicas, la gerente ha asegurado este miércoles que nunca tuvo relación con Leire Díez y que fue Santos Cerdán quien ordenó la contratación de esos abogados bajo la premisa de que iban a prestar servicios de asesoramiento jurídico. El sistema era el siguiente. Fuentes ha expuesto ante el juez que el secretario de Organización le preguntaba si había dinero disponible para hacerse con sus servicios; comentaba el concepto sin entrar en detalles;, después, el propio Cerdán le confirmaba que se habían prestado esos trabajos, entonces, se ejecutaban los pagos. Según su versión, los contratos fueron verbales.

La gerente ha incidido en que el PSOE contrata habitualmente despachos especializados en distintas materias. Pero que ella desconoce el contenido de esos trabajos y su función se limitaba a revisar contratos previamente examinados por la asesoría jurídica.

En este punto, las pesquisas se centran especialmente en el pago por parte del partido de tres facturas a Teijelo por valor de 125.000 euros; y en el abono de 27.225 euros a Leire Díez a través de dos “sociedades interpuestas” de Oliver. Pero ambos letrados niegan que fuesen una vía para hacer llegar dinero a la exmilitante socialista. En junio, al declarar como imputado, Teijelo dijo que nunca ha pagado nada a la exmilitante socialista y que el PSOE lo contrató para estudiar la viabilidad de diferentes procedimientos judiciales.

Este miércoles, citado también como imputado, Ismael Oliver ha admitido que cobró 27.225 euros del partido y que transfirió esa misma cantidad a Leire Díez. Pero, según ha añadido, fue por dos asuntos distintos, aunque las cifras sean la misma. El abogado ha mantenido que el PSOE le pagó por unos servicios de asesoramiento jurídico externo para las comisiones de investigación sobre la Operación Cataluña. Y que, paralelamente, llegaron a un acuerdo para que Díez percibiera ese mismo importe por labores de borrado del rastro digital de uno de sus clientes: Nervis Villalobos, un exviceministro venezolano salpicado por casos de corrupción. Oliver ha justificado esa coincidencia en que la exmilitante pedía mucho más dinero, que le dijeron que no iban a pagarle más de lo que él había cobrado por su trabajo y que, a continuación, pactaron que fuera lo mismo.

Oliver ha relatado que Leire Díez le contrató en nombre del PSOE y que conoció a Cerdán más tarde, según fuentes jurídicas. El abogado ha destacado que la militante socialista también le insinuó que el partido le iba a costear la defensa de Koldo García, exasesor del antiguo ministro José Luis Ábalos, cuya defensa asumió durante algún tiempo. Pero, según estas fuentes, ha afirmado que nunca le pagaron.

Falsedad documental

En un escrito del 10 de julio, el juez resumió así las imputaciones a Fuentes: “Su actuación concreta se centra en la emisión de esas posibles mendaces notas de encargo, que supone una concreta y auxiliar intervención, constitutiva de un delito de falsedad en documento mercantil cometida por particular, en relación con las actuaciones que se investigan y que la sitúa más en la figura de la coautoría o complicidad que como responsable principal del delito de organización criminal o los demás cometidos. Todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la posterior instrucción de la causa”.

Según detallan fuentes jurídicas, a preguntas de la Fiscalía, la gerente ha apostillado que la secretaría general del partido y la ejecutiva no intervinieron en los pagos a los implicados en el caso Leire Díez. El interrogatorio a Ana María Fuentes se ha prolongado durante cerca de una hora y media. Y ella ha respondido a las cuestiones de todas las partes que han querido preguntar, incluido el PP, que lidera la acusación popular.

Con las comparecencias de este lunes, la Audiencia Nacional reactiva la ronda de declaraciones del caso Leire Díez tras el parón de agosto. Los interrogatorios continuarán este jueves con el turno de Leonardo Marcos, quien fuera director general de la Guardia Civil con el Gobierno de Pedro Sánchez (ocupó ese cargo de junio de 2023 a septiembre de 2024). Pedraz lo imputó el pasado julio, tras solicitarlo el PP, después de que un jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Rafael Yuste, denunciase “presiones” de sus superiores y asegurase que el entonces mando del instituto armado apuntó a que “se pusiera de perfil” en la investigación judicial sobre el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, recientemente condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz.