El mundo que prometimos en 2015

El 25 de septiembre de 2015, 193 Estados aprobaron en Nueva York la resolución 70/1, con ella, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 17 objetivos, 169 metas y el compromiso de no dejar a nadie atrás. Aquel día hubo aplausos, discursos elocuentes y una fotografía de familia. Hoy conviene mirar aquella imagen sin nostalgia y preguntarse qué hemos hecho realmente con ella.

Empecemos por lo que sí ha ocurrido, porque el cinismo también falsea el balance. Según el último informe de seguimiento de Naciones Unidas de 2026, desde 2015 casi 1.000 millones de personas han obtenido acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura y otros 1.200 millones a saneamiento seguro. El acceso a la electricidad alcanza ya al 92% de la población mundial y el uso de internet ha pasado del 40% en 2015 al 74% en 2025, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones. La Organización Internacional del Trabajo añade un dato en el que merece la pena detenerse: en 2023, por primera vez en la historia, más de la mitad de la humanidad —el 52,4%, frente al 42,8% de 2015— estaba cubierta por al menos una prestación de protección social. Son avances que no deberían minimizarse. Revelan que, allí donde ha habido voluntad política, inversión y políticas públicas sostenidas, la Agenda 2030 ha sido capaz de traducirse en cambios concretos en la vida de millones de personas.

Y ahora, la otra columna. El mismo informe ofrece un balance difícil de ignorar. De las 139 metas para las que existen datos suficientes sobre tendencias, solo el 36% está en camino de cumplirse o presenta un progreso moderado. El 49% avanza demasiado despacio y un 15% ha retrocedido por debajo de su nivel de 2015. No es un balance de fracaso, pero tampoco permite hablar de una transformación al ritmo que exigía la propia Agenda.

Allí donde ha habido voluntad política, inversión y políticas públicas sostenidas, la Agenda 2030 ha sido capaz de traducirse en cambios concretos en la vida de millones de persona

La pobreza extrema tampoco permite demasiado triunfalismo. Con la nueva línea internacional de tres dólares diarios en paridad de poder adquisitivo de 2021, Naciones Unidas estima que en 2026 alrededor de 826 millones de personas —una de cada 10— siguen viviendo en pobreza extrema. Desde 2015, esa proporción se ha reducido en apenas tres puntos porcentuales, al ritmo actual, cerca del 9% de la población mundial continuará en esa situación en 2030. Cuatro de cada cinco de ellas vivirán en África subsahariana o en países frágiles y afectados por conflictos. La pobreza no se distribuye de manera uniforme y tampoco se reduce de manera uniforme.

El problema, por tanto, no es que la Agenda 2030 no haya producido resultados. El problema es que el ritmo de transformación no se corresponde con la magnitud de la promesa. El momento de la verdad llegó en Sevilla. Entre el 30 de junio y el 3 de julio de 2025, la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo puso cifra a una de las grandes contradicciones de la Agenda: más de cuatro billones de dólares anuales de brecha de financiación. El Compromiso de Sevilla planteó reformas en deuda, fiscalidad, inversión y arquitectura financiera internacional para intentar cerrarla. España, por su parte, se comprometió a alcanzar el 0,7% de su renta nacional bruta en ayuda oficial al desarrollo en 2030.

Pero mientras se firmaba el compromiso, la realidad empezaba a escribir otra historia. En 2025, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de los países del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE cayó un 23,1% en términos reales, hasta 174.300 millones de dólares. El mayor descenso anual registrado. El esfuerzo conjunto quedó en el 0,26% de la renta nacional bruta, frente al 0,34% de 2024, y la ayuda bilateral a los países menos adelantados y a África subsahariana se contrajo en torno a un 26%. La propia OCDE lo resume sin eufemismos; los niveles de ayuda han retrocedido hasta donde estaban en 2015, el año en que nació la Agenda 2030. España, que elevó su aportación un 13% hasta superar los 4.550 millones de euros, es una de las pocas excepciones de un club en el que solo cuatro países cumplen hoy el 0,7%.

Aquí empieza, quizá, la verdadera cuenta atrás. Porque una agenda no se cumple con declaraciones, sino con prioridades. ¿Cuánto vale una firma estampada en junio y desmentida por los presupuestos de diciembre? Los próximos cuatro años obligarán a comprobar si los compromisos asumidos en los grandes foros internacionales sobreviven cuando llegan al terreno mucho menos solemne de las decisiones presupuestarias.

El problema, por tanto, no es que la Agenda 2030 no haya producido resultados. El problema es que el ritmo de transformación no se corresponde con la magnitud de la promesa

La Agenda 2030, además, nunca fue un asunto exclusivo de los Estados. Bancos multilaterales de desarrollo, empresas, gobiernos locales y universidades han ganado un enorme protagonismo en el discurso del desarrollo sostenible, y con razón. Sin ellos no hay escala posible. Pero ese protagonismo no ha venido acompañado de obligaciones equivalentes de transparencia. A una organización que gestiona una subvención de cooperación se le exige justificar cada partida; a quien anuncia que movilizará capital privado rara vez se le pide que demuestre cuánto movilizó realmente y a quién benefició.

También las ONGD (Organización No Gubernamental para el Desarrollo) afrontan una encrucijada. Durante décadas han conectado políticas globales con necesidades concretas, han acompañado a comunidades y han llevado a la agenda pública problemas que de otro modo permanecerían invisibles. La contracción de los fondos las coloca ahora ante una elección incómoda, o destinar su energía a sobrevivir como organizaciones o a seguir ejerciendo una función crítica y de incidencia que nadie más va a ejercer por ellas. Y queda una pregunta que lleva demasiado tiempo aplazándose; ¿cuándo dejará la localización de ser una palabra recurrente en los documentos, para convertirse en una transferencia real de poder y de recursos hacia las organizaciones y comunidades del Sur?

Hay, además, un actor del que hablamos mucho menos: la ciudadanía. Y aquí los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas resultan reveladores. En 2025, el 59,7% de la población española había oído hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero solo el 23,6% del conjunto de las personas entrevistadas decía conocer mucho o bastante su contenido; entre quienes habían oído hablar de ellos, seis de cada 10 reconocían conocerlo poco o nada.

El dato obliga a formular una pregunta incómoda; ¿cómo puede convertirse en una agenda ciudadana algo que buena parte de la sociedad apenas sabe qué pretende transformar? La Agenda 2030 no es solo una arquitectura de gobiernos y organismos internacionales. Necesita ser comprendida, discutida y apropiada. Una transformación que no forma parte del conocimiento cotidiano difícilmente puede convertirse en una demanda social sostenida, y sin demanda social sostenida no hay presupuesto que resista el primer ajuste.

Quedan cuatro años. No son suficientes para corregir todos los retrasos, pero sí para decidir qué hacemos con ellos. ¿Seguiremos midiendo el éxito por el número de compromisos adoptados o por los cambios que esos compromisos producen? ¿Estamos midiendo lo que importa o simplemente aquello que resulta más fácil de medir?

En 2030 habrá que presentar un balance. Podrá ser una nueva fotografía de familia, con nuevos compromisos y nuevas fechas. O podrá ser algo más incómodo y útil, quizá una rendición de cuentas sobre lo que funcionó, lo que no y quién asumió la responsabilidad de cada resultado. En 2015 prometimos no dejar a nadie atrás. Cuatro años antes de llegar a 2030, la pregunta ya no es qué queremos prometer. Es qué estamos dispuestos a hacer para cumplirlo.