Bolaños acusa al Poder Judicial de buscar la “impunidad total” del juez Peinado

Las tensas relaciones que mantienen desde hace meses el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se han recrudecido en las últimas semanas a cuenta del archivo por parte del Consejo de las quejas de Bolaños por la actuación del juez Juan Carlos Peinado cuando le interrogó como testigo por el contrato de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez. Después de que el CGPJ rechazara el pasado martes el recurso del ministro contra esa decisión y diera carpetazo de forma definitiva a sus quejas, Bolaños ha recurrido ahora la negativa de la autoridad disciplinaria del Consejo a entregarle una copia íntegra del expediente de su caso. En el escrito, dirigido a la comisión permanente del CGPJ y al que ha tenido acceso EL PAÍS, Bolaños acusa al Consejo de alargar la tramitación de su denuncia y resolver con “repentina urgencia” su archivo definitivo con el objetivo de favorecer la “impunidad” de Peinado, que se jubila esta semana.

El titular de Justicia ha declarado la guerra al órgano dirigido por Isabel Perelló, al que reprocha que, mientras su denuncia contra el juez “permaneció 14 meses sin una respuesta, pese a versar sobre unos hechos esencialmente documentados, de escasa complejidad y que apenas requerían la práctica de diligencias de investigación”, el recurso de alzada que presentó contra el archivo “ha sido impulsado y resuelto en un plazo extraordinariamente breve, de 18 días”. “Resulta, cuando menos, llamativo el contraste en los tiempos de tramitación manejados por el CGPJ en la denuncia del Sr. Peinado y la celeridad desplegada para resolver mi recurso de alzada”, señala el ministro.

Según Bolaños, “la radical disparidad entre los tiempos de tramitación solo admite, en apariencia, dos posibles explicaciones: o la tramitación de la denuncia del Sr. Peinado fue demorada innecesariamente durante más de 14 meses, o mi recurso ha sido objeto de una aceleración extraordinaria para ser resuelto en unos días”. Y añade: “Durante 427 días, un expediente referido a hechos de escasa complejidad permaneció sumido en un injustificable retraso, sin que los vocales que integran el grupo conservador de la Comisión Permanente, abandonados a la molicie, considerasen necesario imprimirle la menor urgencia. Sin embargo, cuando la jubilación del denunciado es ya una realidad próxima e inmediata, el mismo asunto pasa a ser objeto de una repentina urgencia”.

“Corporativismo nocivo”

Bolaños ya le reprochó al CGPJ en su anterior recurso que la tramitación de sus quejas contra Peinado se haya alargado durante más de un año, un argumento que el CGPJ desestimó, por cinco votos a dos, culpando al propio ministro por ir ampliando sucesivamente sus escritos de queja, lo que obligó a pedir un nuevo informe a Peinado en cada ocasión y postergó su decisión definitiva. La tesis del titular de Justicia es otra: “La conclusión que desgraciadamente se desprende es que durante meses se toleró una situación de parálisis que favorecía objetivamente que la jubilación del denunciado terminase convirtiéndose en un factor de impunidad para él. Si esa no era la finalidad perseguida, lo cierto es que la cronología de los hechos proyecta justamente esa apariencia”, apunta el ministro, que recalca que esta forma de actuar del CGPJ “alimenta una percepción de un corporativismo nocivo” que “perjudica la imagen de la Justicia” y es “difícilmente compatible con la confianza que los ciudadanos deben poder depositar en los mecanismos de control disciplinario del Poder Judicial”.

Una vez perdida la batalla por sus quejas, el ministro persigue ahora poder tener el expediente completo de su caso, al que considera necesario acceder para poder “ejercitar las acciones legales” que le correspondan, lo que abre la puerta a que Bolaños siga peleando en los tribunales lo que el Consejo le ha negado. “La eventual negativa a este derecho de acceso a la documentación, legalmente reconocido, solo se podría entender como un nuevo intento de lograr la impunidad total del denunciado”, advierte.

Bolaños reclamó el expediente de su caso el pasado 28 de agosto al Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo, el encargado de instruir los expedientes disciplinarios abiertos a los jueces y proponer sanciones. Pero este rechazó entregárselo aduciendo que la ley no regula el derecho a acceder a esa documentación y que las investigaciones disciplinarias son “secretas”. Según el ministro, esa decisión crea un ámbito de actuación administrativa “inmune” al control de los interesados. “El resultado práctico es la construcción de un régimen híbrido en el que el Consejo parece seleccionar de cada norma únicamente aquellos elementos que conducen a la limitación de los derechos del administrado, omitiendo las garantías que esas mismas normas reconocen”, expone el recurso para quejarse de las normas invocadas por la autoridad disciplinaria del CGPJ en su rechazo a entregarle el expediente.

Bolaños considera que la imposibilidad de acceder al expediente también le genera “indefensión” porque le impide conocer datos que omitía el acuerdo de archivo del Consejo, como la fecha en que el CGPJ informó al juez Peinado de que el ministro había presentado una queja contra él. El titular de Justicia sospecha que el magistrado reclamó al Supremo que le imputara en represalia por la queja que Bolaños había presentado contra el juez ante el CGPJ, por lo considera que conocer la fecha exacta en que el instructor tuvo conocimiento de la existencia de su denuncia reviste “una indudable importancia” para reconstruir la secuencia temporal de los hechos.

A falta de saber el día exacto en el que el juez fue informado de la queja, el ministro subraya la “proximidad temporal” entre el día (20 de junio) en que la autoridad disciplinaria del Consejo acordó pedirle al magistrado un informe en respuesta a la queja del ministro y la decisión del juez de reclamar al Supremo su imputación(24 de junio ), una posibilidad que el alto tribunal desechó al considerar que no había “el más mínimo respaldo indiciario”.

Bolaños también argumenta la necesidad de acceder al expediente para poder comprobar si la autoridad disciplinaria del CGPJ ha investigado la posible filtración a los medios de decisiones de Peinado que, según el ministro, se publicaron antes de que el juez las notificara a las acusaciones y las defensas del caso, una circunstancia que el CGPJ niega. “No consta que se practicaran diligencias dirigidas a identificar quién accedió efectivamente a la resolución antes de su publicación o a reconstruir la trazabilidad real de tales accesos”, apunta el dirigente socialista.