Zapatero se enfrenta al mismo silencio de los saudíes que Juan Carlos I con los regalos del rey Abdalá
Lograr la colaboración judicial del Gobierno de Arabia Saudí no es una tarea fácil. El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha fracasado en su intento de que la Casa Real de Riad certifique que las joyas más valiosas encontradas por la Policía en una caja fuerte de su despacho, un piso en la madrileña calle Ferraz, fueron un regalo recibido en 2007 del rey Abdalá Bin Abdulaziz durante su visita a España.
El escrito de su abogado Víctor Moreno Catena al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama describe los dos intentos ante la Embajada saudí para que testigos del protocolo real den fe de la entrega de las joyas valoradas en 1,2 millones, pero hasta ahora —han pasado más de tres meses— el silencio de los saudíes ha sido la respuesta. En su primera comparecencia judicial, el expresidente afirmó que en una semana o diez días podría acreditar su origen.
No es la primera vez que la monarquía saudí responde con el silencio cuando el receptor de uno de sus recurrentes “gifts” (regalos) millonarios solicita una carta, documento o testimonio de alguna autoridad de palacio que aclare su procedencia. El mutismo, secretismo y la nula colaboración con la justicia europea es la respuesta habitual de las casas reales árabes.
Aunque en circunstancias diferentes, porque no estuvo investigado como lo está José Luis Rodríguez Zapatero, Juan Carlos I intentó en vano que Abdel Al Jubeir, el poderoso exministro de Asuntos Exteriores saudí, certificara por escrito o declarara a algún medio de comunicación que los 100 millones de dólares (65 millones de euros) que recibió en una cuenta a nombre de la fundación panameña Lucum en el banco Mirabaud & Cie en Ginebra eran un regalo de su “hermano” el rey Abdalá Bin Abdulaziz, el mismo monarca que un año antes entregó los collares de rubíes, esmeraldas y zafiros al expresidente Rodríguez Zapatero. Influyentes personas próximas al rey emérito hicieron durante meses gestiones con los principales protagonistas de la entrega de aquel regalo sin que finalmente nadie diera la cara y explicara los motivos del pago. La carta o la declaración del influyente Al Jubeir nunca llegó.
En el caso de Juan Carlos I, no existía un solo documento que explicara la causa de la millonaria transferencia, salvo una hoja del know your client (KYC) (“conoce a tu cliente”) que Arturo Fasana, gestor externo de la cuenta, tuvo que rellenar en el banco ginebrino cuando llegó el dinero. En el mismo, se explicaba en un breve párrafo que se trataba de un regalo del rey Abdalá, sin más explicaciones ni documentos.
Fasana declaró durante la instrucción del caso que fue el entonces embajador en Washington, Abdel Al Jubeir, quien gestionó la transferencia y que el ingreso no tenía que ver con contraprestación alguna. Pero los reiterados intentos para que este lo corroborara públicamente y borrara la sospecha de un pago por supuestas gestiones de Juan Carlos I para que un grupo de empresas españolas obtuvieran el contrato del AVE a la Meca fueron un fiasco.
El letrado del exdirigente socialista ha solicitado al juez instructor que dicte una comisión rogatoria (petición de ayuda judicial) a Arabia Saudí para que este país certifique que fue el rey Abdalá Bin Abdulaziz, fallecido en 2015, quien regaló las joyas al expresidente durante su visita a España en 2007 para recibir el Toisón de Oro. Pero, de nuevo, la experiencia de los 100 millones de dólares recibidos por Juan Carlos I apunta a las dificultades con las que se van a encontrar el expresidente y el juez instructor para lograr que desde el palacio de Riad respondan a esa pregunta. La vía judicial a la casa de los Al-Saud, tampoco garantiza una respuesta.
Yves Bertossa, el fiscal suizo que durante tres años investigó el “regalo” millonario recibido en 2008 por el entonces jefe del Estado, lo dejó muy claro en el auto de diciembre de 2021 en el que archivó el caso por falta de pruebas. Reconoció que la investigación “no ha permitido establecer un vínculo suficiente entre la cantidad recibida [por el rey emérito] de Arabia Saudí y la celebración de los contratos para la construcción del tren de alta velocidad”. Y añadió este párrafo: “El envío de una comisión rogatoria a Arabia Saudí en este punto con toda probabilidad estaría condenada al fracaso. La obtención de pruebas en este Estado se considera muy difícil”.
La frase de Bertossa no era baladí. Él y otros de sus colegas suizos llevan años recibiendo el silencio permanente de las autoridades de Riad cuando remiten comisiones rogatorias. La ayuda es casi nula.
“Pedir que te respondan de Arabia Saudí por un caso de corrupción o blanqueo de capitales es una quimera”, confiesa un fiscal suizo. Jueces, fiscales y letrados europeos coinciden en la tradicional dificultad para obtener pruebas en los países árabes. Las dos cartas enviadas por el expresidente a la atención del jefe de Protocolo de la Corte Real llegaron seguro a su destino en el palacio de Al-Yamamah, en Riad. La duda es si este recibirá algún día una respuesta.
