Todas las dudas sobre el mayor golpe al contrabando de combustible de la historia de México

El pasado jueves, un día antes de que la presidenta Claudia Sheinbaum llegará de visita a Guanajuato, el secretario de Seguridad estatal anunció el mayor golpe contra el contrabando de combustible de la historia reciente de México: 59 millones de litros, en unas instalaciones en la comunidad de La Fragua, en el municipio de San José Iturbide, sin un solo detenido. El operativo, se supo después, se centró en una enorme planta de distribución operada por Grupo Simsa, donde se aseguraron sus diez tanques de almacenamiento, una empresa que no es la propietaria de los hidrocarburos, sino que los guarda para terceros. Fuentes del sector apuntan a que la cantidad real de combustible asegurado, a medida que las compañías dueñas demuestren o no su legalidad, puede ser mucho menor.

El comunicado en redes sociales que anunció el decomiso vino de Juan Mauro González Martínez, secretario de Seguridad de la entidad, y presumía el volumen del hallazgo: “59 millones de litros de presunto hidrocarburo asegurados en una sola intervención. Esa es la dimensión de la operación realizada en San José Iturbide como resultado de trabajos de investigación y coordinación entre autoridades federales y estatales”. Una barbaridad si se comparaba con los anteriores récords: los 15 millones de litros de julio de 2025 en Coahuila que llevaron a la investigación de la red donde está involucrado el exgobernador Ernesto Rufo, y los 10 millones de marzo de 2015 en Tamaulipas, relacionados con el petrolero Challenge Procyon y que fue una pieza clave para desmantelar la mayor conspiración criminal de los últimos años: la red criminal que unió a marinos de alto rango, funcionarios y empresarios para contrabandear decenas de barcos cargados de combustibles desde Estados Unidos.

Al día siguiente, Sheinbaum y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, prometían detenciones, y luego la Fiscalía General de la República ahondaba en cómo se había llegado a este hallazgo, básicamente, cuando un camión cisterna no pudo acreditar la procedencia de 33.000 litros en otro municipio de la entidad. En el medio, se filtró a la prensa el nombre de la empresa involucrada, Grupo Simsa, de la familia Issa Tafich, y la cosa se acabó de enredar cuando esta sacó un comunicado en el que, además de asegurar tener todos sus permisos en regla, explicaban que ellos se limitan “a recibir y almacenar petrolíferos que son propiedad de las empresas usuarias, que son permisionarias de la Comisión Nacional de Energía, y acreditan la propiedad, la procedencia legítima y la calidad de sus productos”. Entre sus clientes está Petróleos Mexicanos, la paraestatal, y otras grandes petroleras como ExxonMobil o Kansas City Southern.

De acuerdo a fuentes del sector, los 10 tanques de este complejo pueden almacenar un total de 100 millones de litros de hidrocarburos. Tanto las autoridades estatales como las federales explicaron que, durante la inspección, se aseguraron 10 contenedores cilíndricos o diques de gran capacidad de almacenamiento, es decir, todos los que hay en las instalaciones. Esta planta de distribución y almacenamiento tiene 15 hectáreas de superficie e incluye una conexión ferroviaria para recibir el combustible directamente desde la frontera. Asimismo, apuntan a que la terminal se encarga del almacenaje para terceros y que, cuando la Fiscalía General de la República llegó a pedir la información, Grupo Simsa les contestó, como dice en su comunicado, que las facturas y pedimentos están en poder de esas empresas para las que guardan los petrolíferos.

Este sábado, la Fiscalía General lanzó un nuevo mensaje, en el que asegura están haciendo acopio “de la información relativa a diversas empresas vinculadas, el análisis de documentos y entrevistas a directivos de la empresa directamente relacionada con los hechos que se investigan con la finalidad de verificar la propiedad, operación y trazabilidad financiera y fiscal de la totalidad del hidrocarburo localizado”. El error, apuntan, fue la comunicación por parte de González Martínez, el secretario de Seguridad, presumiendo esos 59 millones de litros.

Según lo publicado por Reforma, el operativo no habría ocurrido el 17 de septiembre, cuando se anunció, sino el 4, y la planta no fue clausurada y desde el 10 de septiembre opera de forma normal. La Fiscalía dijo en un comunicado que el inicio de esta operación fue a principios de julio, cuando en Guanajuato fue detenido un conductor que “el momento en que posiblemente descargaba combustible de una pipa con capacidad de 33.000 litros de diésel en una gasolinera en San Luis de la Paz” no pudo acreditar su origen. De ahí comenzó una investigación que llevó a cateos en una gasolinera en el municipio de San Luis de la Paz, en un inmueble de despacho de gas LP en el municipio de Dolores Hidalgo, finalmente, a la planta de Grupo Simsa San José Iturbide, todo en Guanajuato.