Los cultivos ilegales de coca avanzan sobre el Tipnis, el cuarto parque nacional más grande de Bolivia

En Bolivia, en la zona de transición entre la cordillera de los Andes y las tierras amazónicas se extiende el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), el cuarto parque nacional más grande del país. Su conservación enfrenta una amenaza cada vez mayor: el avance de cultivos ilegales de coca en sus márgenes, que crecieron de 30 hectáreas a 45, un 50% en 2025, según el último informe de la Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC).

La producción de coca en la zona comenzó hace décadas, cuando campesinos andinos fueron relocalizados en la segunda mitad del siglo XX en una zona fronteriza con la parte sur del parque. Para delimitar la penetración de los relocalizados —que las 76 comunidades indígenas del parque llaman colonos— en esta área protegida de 1,2 millones de hectáreas, se creó en 1990 el Polígono 7, que acoge el 12% de la superficie de la reserva y donde los sindicatos cocaleros tienen permitida una limitada producción.

El desafío es ambiental y social en esta área protegida que tiene un doble reconocimiento como parque nacional y territorio indígena. Los escasos controles facilitan que año tras año aumente la deforestación ilegal en sus márgenes. La presión llega también desde la región colindante, el Chapare, en el departamento de Cochambamba, por el desborde de la actividad cocalera ilegal en sus campos y el desplazamiento hacia áreas cercanas.

Los indígenas yuracares, mojeños y chimanes denuncian constantes violaciones de la línea roja que demarca el polígono. Los cultivos en esa zona se incrementaron un 22% en 2025; un 93% si se toma un registro desde 2020. “En el trabajo que hacemos actualmente de la delimitación de la línea roja [del Polígono 7], vimos avasallamientos de los colonizadores. La penetración no es solo por parte de cocaleros, sino también de mineros”, denuncia el cacique mayor del Consejo Indígena del Sur (Conisur) del Tipnis, Víctor Moy.

El líder indígena confiesa que todavía no se tiene la cifra de cuántas hectáreas han sido ocupadas por los colonos más allá del Polígono 7 porque el trabajo de demarcación es lento. Se realiza con los recursos de las propias comunidades y asistidos tecnológicamente por la ONG Centro de Documentación y Desarrollo Andino (CENDA). A través de aplicaciones de imágenes satelitales de libre acceso han desarrollado un centro de monitoreo y registran como puntos rojos las estacas que instalan en la frontera entre el Polígono y el resto del Tipnis, en un esfuerzo conjunto de los guardaparques y los comunarios.

El trabajo de supervisión, sin embargo, se ha visto interrumpido por la orden del 28 de agosto del Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, en la que pide a 143 guardaparques del país que pongan a disposición sus cargos. El documento alega una reestructuración organizacional después de que la cartera de Desarrollo Productivo absorbiera a la de Medio Ambiente.

La nota sostiene que la orden no implica que los empleados no sean recontratados, pero los guardianes aseguran que su último salario solo contempló 25 días de agosto, por lo que se preguntan si su trabajo hasta la fecha está siendo “ad honorem”. En el Tipnis hay 16 guardaparques, todos pertenecientes a los pueblos indígenas que habitan allí.

Los nativos del parque, mediante sus organizaciones, se declararon en emergencia el sábado en una asamblea. Advirtieron que la ausencia de guardaparques puede agravar la expansión de actividades ilegales que ponen en peligro la conservación del Tipnis, “como minería ilegal, avasallamiento, cultivos ilícitos, apertura ilegal de caminos, incendios, tala de árboles o cacería y tráfico de fauna silvestre”. La Asamblea exigió que “antes de implementar cualquier reestructuración que afecte la protección territorial se debe informar y dialogar con las organizaciones indígenas”.

Frente a esta postura, el ministro de Producción Sostenible, Óscar Justiniano, aseguró el lunes que “ningún guardaparque va a ser despedido, removido ni cambiado”. “Lo que ha sucedido es un procedimiento administrativo propio de la instancia pública para regularizar la estructura ante el Ministerio de Economía y otras instancias”, justificó. Las demandas, no obstante, también incluyen mejores condiciones laborales porque, se denuncia, no cuentan con suficientes equipos para acampar y hacer patrullajes largos, menos con cámaras fotográficas. “No están presentes en el trabajo de delimitación del Polígono, pero son buenos para mandar instructivas”, fue una de las quejas durante la asamblea del sábado.

Las relaciones entre nativos siempre han sido complejas en el Tipnis. Un proyecto de carretera en 2011 para unir los departamentos productivos de Cochabamba y Beni implicaba atravesar el corazón del parque, lo que llevó a la primera confrontación entre el expresidente de Bolivia, Evo Morales, y los indígenas del Tipnis. Los colonos la apoyaban porque facilitaría la comercialización de los productos, mientras que los indígenas en el interior del parque se opusieron con una marcha que fue violentamente intervenida por la Policía. Los fantasmas de la iniciativa vial volvieron a surgir con un proyecto de ley desde la Asamblea, que fue categóricamente rechazado por los indígenas en la reunión del fin de semana.