Sánchez adelanta las elecciones al 29 de noviembre: “Necesitamos una mayoría progresista mucho más amplia”

Los españoles volverán a las urnas el 29 de noviembre. Pedro Sánchez ha decidido convocar las elecciones unos meses antes de lo previsto tras la derrota de los dos decretos sobre vivienda el pasado viernes. Sánchez ha resumido una legislatura muy difícil y ha pedido un apoyo mayor al proyecto progresista que quedó truncado el viernes al comprobar que no tiene una mayoría en el Congreso ni siquiera para aprobar medidas de emergencia sobre vivienda.

“Hace más de tres años las urnas decidieron volver a apostar por un Gobierno de coalición progresista. Nos ha tocado gestionar emergencias inéditas, navegar una coyuntura internacional muy difícil; hemos tenido que trabajar con un Congreso muy bronco. Hemos tenido que batirnos contra élites muy poderosas que no se presentan a las elecciones, pero quieren controlar nuestro país. Y con la peor oposición de la historia, que bloquea políticas que eran buenas para el país y las boicotea desde las autonomías”, ha explicado Sánchez.

“Hemos transferido a esos gobiernos autonómicos más recursos que nunca y ellos han comprado áticos y privatizado hospitales”, ha lanzado directo contra Isabel Díaz Ayuso. “A pesar de eso, España no ha dejado de avanzar; es la economía que más crece de la UE, el poder adquisitivo ha aumentado el triple que Francia o Alemania. Hemos ampliado becas, permisos de maternidad, dependencia, cartera del servicio de salud. Y hemos puesto en marcha una modernización profunda del país con el fondo Next Generation. Más de la mitad de nuestra energía procede de fuentes renovables. Y nos hemos negado a sacrificar el estado del bienestar en el altar del 5%”, ha insistido.

“Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos, nos hemos esforzado por construir un mundo mejor. Apoyamos a Ucrania, a la UE, a la ONU, combatiendo a los tiranos, a los tecnooligarcas. Hemos duplicado nuestra ayuda a la cooperación internacional. Todo eso ha convertido a España en un referente mundial de paz, feminismo y prosperidad. Hemos cosechado los mejores datos económicos y sociales de cualquier gobierno. Es un hecho”, ha planteado Sánchez reivindicando esa buena imagen internacional.

“Quiero dar las gracias a la generosidad de otras fuerzas parlamentarias. Y gracias a la mayoría social que ha sacado lo mejor de sí misma. Sé que a esa mayoría le indigna lo que ha pasado en el Congreso. Sé que hemos cometido errores. Quedan muchas injusticias sociales que corregir, muchas metas en servicio público y vivienda. Lo cierto es que, para hacer más, necesitamos el apoyo de la gente; debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría progresista mucho más amplia. Por eso, tras informar al Rey, he decidido convocar Consejo Extraordinario para convocar elecciones el 29 de noviembre. Ahora depende de vosotros. El mundo se acerca a una época muy compleja”, ha rematado el presidente, en una escueta comparecencia en la que no ha explicado qué hará con los decretos decaídos. Ahora habrá un Consejo de Ministros extraordinario para rematar la convocatoria electoral. Y mañana se celebrará la reunión habitual de los martes, en la que se aprobarán los decretos de vivienda que tumbó el Congreso este viernes, aunque de momento se trabaja en La Moncloa para fijar si se presentará la misma redacción u otra similar.

Tras un fin de semana de meditación y numerosas consultas con miembros de su Gobierno, dirigentes de su partido y socios de otras formaciones, Sánchez ha decidido dar el paso y disolver las Cortes nueve meses antes de la conclusión de la legislatura. Esta vez no ha sido como en 2023, cuando el presidente del Gobierno anunció por sorpresa la llamada a las urnas apenas unas horas después del batacazo sufrido por el PSOE en las elecciones municipales y autonómicas de aquel año. En esta ocasión, Sánchez lo ha meditado varios días y ha escuchado el clamor entre los dirigentes socialistas y destacados miembros de su Gobierno, que ven en el momento actual una oportunidad para afrontar la batalla electoral en condiciones algo mejores que semanas atrás.

Aunque la campaña oficial no comenzará hasta 15 días antes de la votación, la política española entra de lleno en modo electoral. De alguna manera ya lo estaba desde hace muchos meses, sobre todo por parte de una oposición que no ha cesado de pedir la convocatoria de los comicios casi desde el comienzo de la legislatura. Sánchez salió muy bien parado de su atrevido movimiento de 2023, cuando contradijo todas las encuestas y logró revalidar el cargo mediante pactos pese a no ser el más votado en las urnas. Ahora el desafío se presenta mucho más complicado. Prácticamente todas las encuestas de institutos demoscópicos privados apuntan a un amplio triunfo de la derecha, incluso con más del 50% de los votos entre la suma de PP y Vox, la fórmula que asumiría el relevo en el Ejecutivo después de ocho años de ciclo izquierdista.

La baza que intentará jugar Sánchez es la movilización de esos votantes progresistas desencantados tras una legislatura borrascosa, marcada por la agitación en las calles por la ley de amnistía, las crisis de toda índole —de la dana a Ceuta pasando por la tragedia ferroviaria de Adamuz― y los graves casos de corrupción en el entorno del líder socialista, que han llevado a la cárcel a sus más directos colaboradores en el partido, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. El PSOE echará ahora el resto para intentar recuperar a esos sectores del electorado que se muestran más sensibles a la crisis de la vivienda, la cuestión que de repente se ha apoderado de la agenda política nacional.

El desencadenante de la convocatoria electoral ha sido la derrota en el Congreso, el pasado viernes, de los dos decretos elaborados por el Gobierno como respuesta a la movilización social que ha seguido al desahucio en Madrid de una mujer de 87 años, Maricarmen Abascal. Esa derrota se produjo al unir Junts sus votos a la derecha nacional, a pesar de que el Ejecutivo había negociado con los independentistas catalanes parte del contenido de los decretos. El traspiés parlamentario puso de relieve lo que ya venía manifestándose desde hace meses: que Sánchez carece de mayoría parlamentaria para aprobar medidas de cierto alcance. Y de ese modo echó por tierra el plan presidencial de presentar los primeros presupuestos de toda la legislatura para al menos escenificar un intento negociador con los grupos parlamentarios, ofrecer una declaración de intenciones sobre futuras medidas de carácter social y estirar su mandato unos meses más.

El cambio de tercio tras el desahucio de Maricarmen y las acampadas por la vivienda es visto en el PSOE como una oportunidad para afrontar las elecciones en un clima algo más favorable que en las últimas semanas. La crisis de Ceuta y la muy cuestionada respuesta gubernamental habían minado la moral de los socialistas. La oleada migratoria colocó en un primerísimo plano de la actualidad un tema que todos los analistas consideran más favorable a la derecha. Con la vivienda ocurre justo al revés. Las encuestas revelan que una mayoría de ciudadanos, incluso con porcentajes altos entre los votantes de la derecha, están a favor de medidas que propugna la izquierda, como la limitación de los precios del alquiler.

Otro de los grandes obstáculos a los que tendrá que hacer frente Sánchez es la debilidad del espacio a la izquierda del PSOE, que en 2023 resultó decisivo para evitar el triunfo del bloque de la derecha. Lo que antes se llamaba Sumar, y ahora pasará a denominarse Frente Amplio, ni siquiera tiene candidato definido. Y a diferencia de lo ocurrido en las anteriores elecciones, es posible que ese espacio concurra desgajado en dos si finalmente no se reconduce la ruptura con Podemos.

En el bloque de la derecha, lo que reina es la euforia. Sobre todo a raíz del fuerte desgaste gubernamental por la crisis de Ceuta, en el PP y Vox se ha instalado la sensación de que esta vez no se les escapará la victoria. Lo que no evitará la pugna entre ellos para dirimir el reparto de fuerzas en caso de que sumen mayoría tras las elecciones. En los últimos tres años, el PP prácticamente ha permanecido estancado en torno al 30% de los votos, con unos resultados muy parecidos a los de 2023, mientras ha sido Vox el que ha experimentado un notable crecimiento.

La llamada a las urnas pone fin a una de las más tormentosas y atípicas legislaturas en casi medio siglo de democracia. Por primera vez en la historia reciente, no fue investido presidente el líder de la fuerza más votada, en este caso el PP. Sánchez revalidó el cargo mediante una compleja y frágil aritmética de pactos, en buena medida por la dependencia de Junts, la formación independentista del huido expresident catalán Carles Puigdemont. Junts accedió a investir a Sánchez a cambio de una ley que amnistiase a los condenados por el procés, la insurgencia secesionista de 2017. Eso provocó la primera gran tormenta de la legislatura, con una derecha que se echó masivamente a las calles y una consigna del expresidente José María Aznar para convocar a todos los interesados en derribar al Gobierno: “El que pueda, que haga”.

La amnistía no se pudo aplicar a todos, Puigdemont entre ellos, por las resistencias del Tribunal Supremo. Y poco a poco Junts fue alejándose de la mayoría de la investidura. Según el foco se fue retirando de las cuestiones territoriales a otras de tipo económico y social, quedó en evidencia que la mayoría de izquierda de la anterior legislatura se había evaporado. Y acabó uniendo a Junts en numerosas votaciones con sus teóricos adversarios acérrimos, PP y Vox. La pérdida de la mayoría condujo a otra situación anómala y sin precedentes: el mandato de Sánchez se acaba sin que haya presentado un solo presupuesto en tres años.

El cierre de la legislatura ha incluido una ironía final: que Junts, el mismo grupo que propició su comienzo, ha provocado también su conclusión a pocos días de que se despeje el camino para el regreso a España de Puigdemont, cuya amnistía ha contribuido en gran parte al desgaste de imagen de Sánchez.

El otro gran frente que ha ido minando al líder socialista ha sido el judicial. Con algunas decisiones apenas discutidas ―la condena a Ábalos o la investigación a la trama de Leire Díez― y otras muy polémicas, como los procesos contra su esposa y su hermano o el que terminó con la condena al anterior fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Mejor parado logró salir de otras crisis como la de la trágica dana de Valencia, en octubre de 2024. Hasta que la de Ceuta ha acabado abriendo otro boquete en la credibilidad del Gobierno.

Sánchez ha construido casi una leyenda de su capacidad para sortear las mayores dificultades, desde que en 2016 le destronó la vieja guardia del PSOE por negarse a investir a Mariano Rajoy. Pero nunca había tenido que escalar una montaña tan alta y tan abrupta como la de estas elecciones, que intentó esquivar durante meses y meses. Hasta que se ha acabado imponiendo la realidad de un Parlamento sin mayoría.