Proteger a sus estudiantes del ICE, la otra tarea de algunos maestros en Estados Unidos: “No pueden quitarnos a ningún niño”

Una hora antes de que comiencen las clases en cientos de escuelas de Los Ángeles, las maestras de primaria Ingrid Villeda y Olga recorren en su automóvil las calles del sur de la ciudad, donde los hispanos son mayoría. Son las 6.58 de la mañana y muchos en este vecindario todavía duermen. Al aproximarse a dos camionetas negras, ambas de modelo reciente, reducen la velocidad y las observan con atención. Sospechan que podrían pertenecer a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quizá apostados allí a la espera de iniciar una redada. Ingrid saca el celular y fotografía las placas de uno de los vehículos. Unas cuadras más adelante, Ingrid resume en una frase el propósito de la labor voluntaria que realizan: “No pueden quitarnos a ningún niño”.

Ambas educadoras aseguran que no faltaron un solo día del ciclo escolar anterior a los llamados “patrullajes comunitarios”, en los que vigilan los alrededores de distintos institutos para detectar la posible presencia de agentes del ICE. Forman parte de una red integrada por maestros, personal escolar, activistas y miembros de la comunidad que realizan labores similares en distintos sectores de Los Ángeles. Su objetivo es evitar que estudiantes y padres de familia sean detenidos por oficiales migratorios, una amenaza que se ha vuelto constante desde que la Administración de Donald Trump intensificó su cuestionado plan de detenciones y deportaciones masivas el verano pasado.

“Lo hacemos porque eso afecta a nuestras familias, a nuestros niños. Sus padres tienen miedo de salir a la calle. Pero si sabemos que algo está ocurriendo en la comunidad, podemos alertarlos”, dice la maestra Olga, quien prefiere mantener en el anonimato su nombre y el de la escuela donde trabaja. A ella le ha tocado manejar esta madrugada por el sur de Los Ángeles. Su colega Indrig la guía, como pasajera. Para identificarse como parte de los vigilantes voluntarios, han colocado en los costados del vehículo dos imanes con un mensaje: “Protegiendo a la comunidad del terror de la migra y los secuestros”. “La migra” es el término con el que muchas personas se refieren al ICE y a la Patrulla Fronteriza. La mañana parece tranquila, pero ellas no bajan la guardia. “Dos veces han estado a unas cuadras de aquí y agarraron a alguien”, cuenta Olga.

El ICE y su tensión con el LAUSD

El ICE ya carga con un historial conflictivo con el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), que atiende a más de 370.000 alumnos, alrededor del 70% de ellos hispanos. Desde el año pasado, sus agentes han detenido al menos a dos estudiantes, de acuerdo con activistas, a varios padres de familia que iban o volvían de dejar a sus hijos a escuelas públicas.

Uno de los alumnos afectados, un adolescente hispano de 15 años y con necesidades especiales, fue detenido a punta de pistola por agentes federales en agosto de 2025, a las afueras de la preparatoria Arleta. El joven fue esposado después de que, según las autoridades, lo confundieran con una persona a la que buscaban. Permaneció detenido hasta que los agentes hablaron con sus familiares, autoridades escolares y la policía local, tras lo cual fue liberado.

Pocos días después, Benjamin Marcelo Guerrero Cruz, de 18 años y estudiante de la preparatoria Reseda Charter, fue interceptado por agentes enmascarados mientras paseaba a su perro. El ICE lo había puesto en la mira porque su visa de turista había vencido en 2023. El joven fue llevado inicialmente al centro de detención en Adelanto, en el alto desierto de California, y posteriormente trasladado, sin conocimiento de sus padres, a otra instalación migratoria en Arizona, a más de 400 millas (casi 670 km) de su hogar. En algún momento, las autoridades contemplaron enviarlo a un centro de detención en Luisiana, como paso previo a su deportación a Chile. Tres meses después de su arresto, fue liberado y pudo reunirse con su familia.

Estos episodios llevaron al LAUSD, el segundo distrito escolar más grande del país, a reforzar las medidas de seguridad en sus más de 1.500 centros educativos. Entre ellas está tener “una presencia visible en las comunidades afectadas y protocolos de respuesta rápida ante cualquier posible actuación de las autoridades”, según explicó el distrito en un comunicado enviado a EL PAÍS. “Todos los niños deben estar en la escuela y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para mantener nuestras escuelas seguras, acogedoras y propicias para todos”, subrayó.

Al inicio del actual ciclo escolar, decenas de voluntarios convocados por el grupo Unión del Barrio se desplegaron para vigilar los alrededores de escuelas en Koreatown, Downtown, South Central, Filipino Town, Boyle Heights y otros vecindarios. Unas 60 personas, entre ellas educadores, recibieron capacitación para esta específica labor el sábado en las instalaciones del Sindicato de Maestros de Los Ángeles (UTLA). Allí les explicaron que tienen derecho a documentar con sus celulares las actividades del ICE, pero también les advirtieron sobre los riesgos de hacerlo: incluso podrían terminar entre los detenidos. “Todavía puede haber violencia, puede haber arrestos de parte de los agentes del ICE, aunque nosotros no hagamos nada ilegal”, dice Ron Gochez, maestro de la preparatoria Maya Angelou y dirigente de Unión del Barrio.

El regreso a clases estuvo marcado por una triste imagen que el director de Maya Angelou colocó en un espacio público como símbolo de esta nueva realidad: la foto de una alumna que se graduó hace unos días mientras su madre seguía la ceremonia desde la pantalla de un celular. “La mamá fue deportada y estaba viendo la graduación de su hija desde Tijuana (México). Es una realidad para muchos estudiantes que ya fueron directamente afectados por estas redadas o que viven con el temor de serlo”, cuenta Gochez.

El maestro asegura que varios de sus alumnos han sido separados de sus padres desde que Trump regresó a la Casa Blanca. Este miércoles, él mismo recorrió algunas calles de la ciudad, como lo ha hecho desde hace varios años, en busca de agentes migratorios. “Hemos visto un aumento en los operativos en los últimos meses. Sabemos que durante un tiempo bajó un poco la actividad, pero ahora ha vuelto a aumentar”, afirma.

Un código secreto por si llegan los agentes

En la primaria 93rd Street del sur de Los Ángeles, donde trabaja la maestra Ingrid Villeda, los “patrullajes comunitarios” son apenas la primera línea de vigilancia. Una segunda fase se activa con el apoyo de cuatro voluntarios que se apostan en las esquinas más cercanas a la escuela. Visten chalecos reflectantes y se mantienen comunicados por radios de banda civil.

Durante los dos primeros días del regreso a clases de casi 700 alumnos, de kínder a sexto grado, la mayoría hispanos, los directivos adoptaron además otra medida: permitir que los padres acompañen a sus hijos hasta el patio del instituto. “Es más seguro, porque podemos cerrar las puertas y mantener a los padres adentro si viene ICE”, explica Ingrid, quien recibe a los alumnos en la entrada. A un niño y a su madre los saluda con especial afecto, en español. “Los cuidamos mucho, son una familia vulnerable”, dice.

Para esta educadora se trata de algo personal. Llegó a Los Ángeles desde Guatemala cuando tenía 10 años y durante mucho tiempo fue indocumentada. En 1986, cuando cursaba los primeros semestres de la universidad, pudo regularizar su situación gracias a la amnistía promulgada por el presidente Ronald Reagan. “Me da mucha tristeza. Nunca pensé que fuéramos a vivir lo que estamos viviendo ahora”, lamenta.

Ingrid, quien ha enseñado sexto grado, se incorporó a los “patrullajes comunitarios” en 2020, cuando terminaba el primer mandato de Trump, y con los años se ha convertido en una observadora de las operaciones del ICE. Conoce las calles principales por donde, según ella, suelen circular los agentes; sabe identificar movimientos que interpreta como labores de vigilancia previas a una redada y asegura haber detectado vehículos con placas cambiadas. Incluso conoce, dice, una gasolinera del sur de la ciudad donde los agentes suelen reunirse antes de entrar en acción.

En la primaria 93rd Street también tienen un código secreto para alertar sobre una posible presencia del ICE y activar de inmediato el cierre de las puertas y el resguardo de los estudiantes. El personal está preparado además para notificar a las familias mediante correos electrónicos y mensajes de texto. “Los alertamos para que no vengan o tengan cuidado”, dice Ingrid.

La maestra también imparte cursos a las familias sobre cómo actuar durante una redada y qué hacer en caso de ser detenidos. “Terminamos cansadas”, asegura Ingrid mientras concluye su vigilancia matutina y se prepara para comenzar su jornada laboral. “Pero también quedamos satisfechas, porque los papás nos dicen que se sienten protegidos”.