Por qué aumentaron las ejecuciones en Florida, el estado que más impone la pena de muerte en EE.UU.

A las 6:18 pm está oficialmente muerto: “La sentencia del estado de Florida se ha cumplido”, proclama una mujer vestida con bata de laboratorio.

Afuera de la cárcel, Lester Piper, uno de los hermanos de Jill, les dice a los reporteros que su familia siente “una gran sensación de alivio”.

Tal vez también lo haya sido para el condenado.

Después de medio siglo de apelaciones y prisión en el corredor de la muerte,declinó presentar más recursos para eludir o aplazar el final.

Con la de Lucas se acaba una vida marcada por la violencia, la que infligió a su víctima y la que recibió de su padre, que lo maltrató desde niño, según el relato de Floridanos por una Alternativa a la Pena de Muerte (FADP, por sus siglas en inglés), una asociación local contraria a la pena capital.

Pero no se acaba la historia de la pena de muerte en Florida, un castigo máximo que el gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis, ha recuperado después de años de notable reducción en el número de ejecuciones.

Con Lucas, Florida ha matado legalmente a 14 condenados en lo que va de año, más que todo el resto del país.

Se suman a los 19 de 2025, el año con más ejecuciones en el estado desde que se restableció la pena capital en 1976, según los datos del Centro de Información de la Pena de Muerte, una organización que estudia su aplicación en Estados Unidos.

Estados Unidos es el único país democrático occidental donde se mantiene la pena de muerte.

Y, como otros estados del sur, Florida ha sido uno de los tradicionalmente más apegados a esta forma de castigo.

Cuando en 1972 una histórica sentencia de la Corte Suprema concluyó que la pena de muerte se aplicaba arbitrariamente en perjuicio de la población negra y llevó a la suspensión de las ejecuciones en todo el país, Florida fue el primer estado que cambió sus leyes para poder reanudarlas.

Mientras que en las últimas décadas se ha ampliado la lista de los estados que dejaron de utilizarla como forma de impartir justicia, directamente aboliéndola o mediante moratorias en las ejecuciones, Florida ha pisado en los últimos dos años el acelerador.

“En esto Florida va contracorriente”, le dice a BBC Mundo Maria DeLiberato, abogada especializada en defender a condenados a muerte en Florida y responsable del programa sobre la pena capital de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Según la encuesta más reciente de Gallup sobre el tema (octubre de 2024), el 53% de los estadounidenses apoya la pena de muerte para personas condenadas por asesinato, el menor porcentaje en 50 años. En 1994, el apoyo alcanzó un máximo del 80%.

27 estados mantienen la pena de muerte en sus leyes, pero solo 10 han realizado ejecuciones en los últimos diez años. La lista en 2026 se reduce a 6.

Y ninguno muestra el celo ejecutor de Florida.

Según el Centro para la Información de la Pena de Muerte, el segundo estado que más ejecuciones ha consumado este año ha sido Texas, con cuatro, muy lejos de las 14 que lleva Florida.

“El gobernador tiene la total discreción de disponer si hay ejecuciones y cuándo”, explica DeLiberato.

La mayoría de los condenados suelen pasar años a la espera de que se resuelvan sus apelaciones y sin una fecha de ejecución.

De los alrededor de 250 presos en el corredor de la muerte en el estado, la vida de aquellos que han agotado las apelaciones y revisiones requeridas depende de que el gobernador decida firmar su orden de ejecución y fijar el día en que morirán, algo que DeSantis viene haciendo cada vez con más frecuencia.

El gobernador no ha hecho público cuáles son los criterios que aplica para decidir quién muere primero.

“Podría estar eligiendo lanzando dardos contra una pared”, dice DeLiberato.

DeSantis es desde hace años partidario de la pena de muerte, que ve como “un castigo apropiado para los peores infractores”, y de acortar los plazos y posibilidades de apelación para acelerar las ejecuciones.

“Algunas de las familias de las víctimas han estado esperando demasiado tiempo”, dijo pocos días antes de la ejecución de Harold Gene Lucas.

Sin embargo, DeSantis solo ordenó nueve ejecuciones en los primeros cinco años de su mandato y entre 2020 y 2022 no mandó ejecutar a nadie.

Justificó el parón de las ejecuciones por el impacto de la pandemia de covid, pero sus críticos sospechan que las ha retomado por conveniencia política.

El republicano agotará en pocos meses su mandato de gobernador y no ha descartado un nuevo intento de ser el candidato de su partido a suceder en la presidencia a Donald Trump, como él un convencido de la pena de muerte que ha impulsado medidas para que se use con más frecuencia.

“No hay duda de que se trata de una cuestión absolutamente política y DeSantis cree que favorece su popularidad en círculos conservadores”, opina DeLiberato sobre el aumento de las ejecuciones en Florida.

BBC Mundo no obtuvo respuesta cuando solicitó comentarios a la oficina del gobernador.

DeSantis ha impulsado otras medidas en pro de la pena capital.

Frustrado porque Nikolas Cruz, el joven de 19 años que en 2018 mató a 17 personas con un fusil de asalto en un instituto de la ciudad de Parkland, fuera condenado a cadena perpetua y no a muerte porque el jurado no alcanzó la unanimidad requerida entonces por la ley para imponer la máxima pena, DeSantis promovió un cambio legal para que basten 8 votos entre los 12 miembros que componen un jurado.

Con su aprobación, Florida se convirtió en el estado en el que se requieren menos votos para que un jurado condene a alguien a morir.

Pero tal vez uno de los cambios más polémicos impulsados por DeSantis sea el que establece que todos los extranjeros en situación irregular deban ser condenados a muerte automáticamente si se les halla culpables de alguno de los delitos capitales.

Numerosos expertos han señalado que la expansión de las vías legales para la pena de muerte en Florida son inconstitucionales y chocan con décadas de doctrina de la Corte Suprema.

La abogada DeLiberato explica que la Corte estableció que “la pena capital no puede aplicarse en delitos en los que la víctima no pierda la vida ni tampoco sin que un jurado delibere específicamente sobre cada caso y los agravantes y atenuantes de cada acusado”.

Para ella, “la condena a muerte automática a personas indocumentadas está absolutamente fuera de la norma”, por lo que que la Corte Suprema acabará anulándola, aunque puede tardar años en hacerlo.

Los críticos de la pena de muerte alertan de que, mientras el estado incrementa el ritmo de las ejecuciones y rebaja los requisitos para la pena capital, es también el que condena a más inocentes.

Según el Centro de Información de la Pena de Muerte, 30 personas que fueron condenadas a muerte en Florida fueron finalmente exoneradas, más que en ningún otro estado.

La mayoría de estas personas pasaron años en la cárcel hasta que sus condenas fueron revocadas y los activistas contra la pena de muerte temen que la rebaja en los votos necesarios para que los jurados impongan la pena capital lleve a que se emitan más condenas erróneas.

Demetrius Minor, de Conservadores Preocupados, una asociación conservadora contraria a la pena de muerte, le dice a BBC Mundo que “si sabemos que tantos inocentes han sido condenados, deberíamos estar centrados en resolver los fallos del sistema antes que en insistir en seguir matando gente”.

Como conservador que es, se declara de acuerdo con muchas de las políticas de DeSantis, pero con la pena de muerte lo tiene claro.

“El Estado comete errores, con nuestros impuestos, con multas, con documentos. Cuando se equivoca y acaba con la vida de una persona, ¿cómo se repara eso?”, se pregunta.

Los obispos de Florida han sido de los más activos en su oposición a la pena capital.

Su portavoz, Michael Sheedy, le dice a BBC Mundo que “es posible proteger a la sociedad y castigar a los criminales violentos sin recurrir a la muerte”.

“Es un error pensar que debemos responder a estas situaciones terribles matando a otra persona”, asegura Sheedy, que subraya que “no hay evidencia de que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio sobre los criminales” y “solo sirve para perpetuar el ciclo de violencia”.

Sheedy recuerda haber enviado más de 30 cartas al gobernador en nombre de los obispos pidiendo clemencia para presos que iban a ser ejecutados. Ninguna ha tenido respuesta.

Grace Hanna, de Floridanos por una Alternativa a la Pena de Muerte, le dijo a BBC Mundo que el sistema penal de Florida está contaminado por un “largo legado de racismo” que lleva a que “los afroestadounidenses tengan mucho mayor riesgo de acabar en el corredor de la muerte”.

Hanna decidió dedicar su vida a concienciar contra la pena capital y abogar por su abolición después de que un primo suyo muriera víctima de un asalto a la tienda de la gasolinera en la que trabajaba a mediados de los 2000.

“En mi familia tuvimos muchas conversaciones sobre lo que pasó y cómo debía castigarse y llegamos a la conclusión de que la pena de muerte no es el camino”, le expuso a BBC Mundo.

Sheedy recuerda que “en muchos casos en Florida se ha ejecutado a condenados incluso con la oposición de las familias de sus víctimas” y muchas “se acaban dando cuenta de que la muerte del condenado no alivia su dolor”.

Pero entre las víctimas no todos comparten las tesis abolicionistas.

Rafael Zaldivar, por ejemplo, lleva años peleando en los tribunales por que se ejecute a Bessman Okafor, el hombre condenado por asesinar en 2012 a su hijo Alex, de 19 años.

Decidido a perseverar hasta que Okafor pague con la vida, en junio de 2024 dijo: “La mía será la última cara que vea”.

Faltan solo unas horas para la próxima ejecución prevista en Florida.

El jueves 10 de septiembre a la hora habitual de las 6 pm fue el turno de Daniel Conahan, de 72 años, condenado por el asesinato de un joven de 21 años al que ofreció dinero a cambio de tomarle fotografías desnudo en el paraje apartado en que se encontró su cuerpo.

Conahan mantuvo su inocencia hasta el final, pero los investigadores lo vinculan con otros cadáveres que aparecieron en la zona y medios locales lo han presentado como “un asesino en serie”.

Su defensa solicitó pruebas adicionales de ADN y Grace Hanna y otros activistas se involucraron en una campaña para detener la ejecución.

Los obispos probablemente enviaran su petición de clemencia a DeSantis.

La última vez que un gobernador de Florida la tuvo con un condenado a muerte fue hace 43 años.