Migrantes hacinados en condiciones infrahumanas a precios abusivos en pisos patera de Ceuta

Dormir hacinados y en condiciones de insalubridad a precios abusivos. La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarrollado en los últimos días sendas operaciones en la ciudad de Ceuta que han permitido destapar el lucrativo negocio ilegal de alojar en pisos patera a migrantes llegados en el salto masivo de los pasados 30 y 31 de julio. En el primero de los casos, los agentes arrestaban a dos personas que cobraban hasta 900 euros mensuales por alojarlos en garajes y otros espacios sin condiciones adecuadas de habitabilidad. En el segundo, los detenidos son una pareja que tenía a 25 migrantes, entre ellos seis menores de edad, en un piso sótano de 15 metros cuadrados. Exigían a cada uno hasta 300 euros al mes.

Desde que se inició la crisis migratoria, hace ya 48 días, las mafias y algunos particulares han encontrado un lucrativo filón en las miles de personas en situación de especial vulnerabilidad que permanecen en la ciudad. En agosto, la Policía Nacional informó de la detención de cinco personas integrantes de dos grupos criminales distintos que cobraban hasta 9.000 euros ―un precio superior al habitual― a aquellas migrantes que, tras entrar en la ciudad española, querían alcanzar las costas andaluzas. Lo hacían en pequeñas embarcaciones, por la noche, hacinados y sin chalecos salvavidas ni medidas de seguridad en un peligroso viaje que duraba horas. Algunas mujeres migrantes denunciaron entonces a EL PAÍS que pagaban hasta 60 euros al día por el alquiler de una habitación en una casa en el barrio de El Príncipe. Por 20 euros más, le daban de comer. El dinero se lo enviaban sus familias desde Marruecos.

En las dos operaciones ahora conocidas, los implicados actuaban de un modo similar. En el caso de los dos detenidos por la Policía Nacional, la investigación se inició después de que los vecinos de un inmueble del barrio de El Príncipe alertaran de la presencia constante de personas migrantes en las zonas comunes del edificio, como el garaje comunitario, que, en algunos momentos, llegaron a ser una veintena. Algunas de ellas pernoctaban sobre el suelo, en los espacios destinados a estacionar vehículos. Otros lo hacían en trasteros y otros espacios. Según han declarado los migrantes, pagaban hasta 30 euros diarios y debían abonar otras cantidades para disponer de colchones o mantas. También les cobraban entre cinco y 10 euros por permitirles realizar una carga completa de sus teléfonos móviles.

Las pesquisas apuntan a que los dos arrestados formaban parte de una organización más amplia que también ofrecía a los migrantes la posibilidad de trasladarse a la península de manera irregular a cambio de 6.000 euros. A los que mostraban interés, recibían instrucciones “para ocultarse y evitar el contacto con los agentes mientras esperaban la posibilidad” de viajar a las costas andaluzas, según destaca la Policía en una nota. Las víctimas han denunciado haber recibido “amenazas de muerte y coacciones” para evitar que, en caso de ser interceptados por las fuerzas de seguridad, identificaran a los miembros de la organización.

En el caso de los dos detenidos por la Guardia Civil, el piso patera en el que llegaron a alojar hasta 25 migrantes “de forma muy precaria y con unas condiciones de salubridad nulas”, según ha destacado el instituto armado. En unas imágenes de vídeo difundidas, se observa que la vivienda tenía una pequeña entrada, una cocina y un cuarto de baño, con una cama de 1,80 metros de ancho y dos colchones tirados en el suelo. Los vecinos ya venían notando desde hacía al menos dos semanas un gran trasiego de personas y que dejaban la puerta entreabierta. Los arrestados, propietarios de la vivienda, están acusados de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

El martes, también se localizó una peluquería ubicada en la barriada de El Morro que tenía empleados a dos migrantes que habían entrado de forma irregular los días del salto masivo. El propietario del negocio, que no ha sido localizado, está acusado de dar empleo irregular a los extranjeros, mientras que a estos se les abrirá el correspondiente expediente administrativo para su expulsión si procede. Fuentes policiales alertan de las consecuencias de todo este tipo de prácticas ilegales, que pueden poner en peligro la integridad física de las personas que tienen alojadas, entre ellas menores de edad, y animan a los ciudadanos a poner en conocimiento de las autoridades los lugares en los que se dan estas situaciones.