Por primera vez, la justicia ordena al Gobierno de Trump devolver inmigrantes deportados a África: “Vulneran el derecho al debido proceso”

“Oye, Honduras, ¿y tú por qué vas para África?”, le dijo entre risas un oficial a Bryan Omar Sánchez aquella tarde del 29 de julio en que ni su llanto, ni sus reclamos, ni el hecho de que no hubiera dado su consentimiento impidieron que lo deportaran a la República Centroafricana.

Ahora, casi dos meses después de esta expulsión, una jueza federal ha ordenado al Gobierno de Estados Unidos que regrese a Sánchez, que lo ponga en libertad y que respete el debido proceso. Si el hondureño vuelve a su casa en Colorado, será el primer retornado entre las decenas de migrantes enviados a la fuerza al otro lado del mundo tras la firma de acuerdos con casi 14 países africanos.

“Este tribunal y muchos otros tribunales de todo el país han determinado que las políticas de expulsión del ICE a terceros países vulneran el derecho constitucional al debido proceso cuando no se proporciona a los solicitantes notificación y la oportunidad de impugnar su expulsión antes de trasladarlos a un tercer país”, aseguró la jueza Regina M. Rodríguez en una orden judicial federal del 18 de septiembre ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Colorado.

Sánchez llegó a Estados Unidos hace una década a través de la frontera, desde entonces, había trabajado como jardinero y chofer de camiones. Últimamente, operaba una pequeña compañía de lavado a presión. Luego de que fuera detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) e trasladado a un centro de detención de Colorado el pasado mayo, sus abogados presentaron una petición de habeas corpus. Aun así, Sánchez fue trasladado a una unidad con decenas de migrantes africanos en el centro de detención Prairieland, ubicado en Alvarado, al sureste de Dallas, Texas. Más tarde, lo condujeron a otro centro en Phoenix, Arizona.

“Ahí pensé que nos iban a mandar para México”, dijo Sánchez a EL PAÍS a pocos días de su llegada al Maison Confort, un alojamiento de apartamentos en Lakouanga, la capital de la República Centroafricana. “Decía: ‘México está bien, se habla el idioma de nosotros, no está mal”. Pero cuando el hondureño preguntó a dónde iban a ser trasladados, el oficial del centro respondió que para África. “¿África? No, yo no puedo ir para África”, le dijo él.

Sánchez les dijo a las autoridades del ICE que no había firmado un consentimiento para ser deportado a ese continente, que tenía una solicitud de asilo pendiente en el sistema migratorio estadounidense y que incluso contaba con protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT). A pesar de sus ruegos, se vio a sí mismo luego en un vuelo con decenas de migrantes de otras nacionalidades, y tras casi 22 horas de viaje arribó a la República Centroafricana.

En la orden judicial que contempla su caso, la jueza expone que “todas las expulsiones a terceros países, es decir, la expulsión a un país distinto del país o países designados durante el procedimiento de inmigración como país de expulsión en la orden de expulsión del no ciudadano, deben ir precedidas de una notificación por escrito tanto al extranjero como a su abogado en un idioma que el extranjero pueda entender”.

EL PAÍS ha entrevistado a casi una decena de migrantes en la República Centroafricana, Liberia y Guinea Ecuatorial, y todos confirmaron haber sido deportados sin firmar una autorización, e incluso haberse enterado de que estaban siendo trasladados a África cuando ya llevaban varias horas de vuelo.

Ahora la jueza Regina M. Rodríguez ordenó no solamente el regreso de Martínez desde la República Centroafricana hasta el Distrito de Colorado, sino que, una vez allí, sea puesto “en libertad inmediatamente”, junto con todas sus pertenencias personales, “sin condiciones onerosas para su puesta en libertad”, como la vigilancia por GPS, la obligación de presentarse periódicamente u otras restricciones a su libertad de movimiento.

La magistrada exigió además que no se volviera a detener a Martínez, “a menos que demuestren, mediante pruebas claras y convincentes en una vista previa a la privación de libertad ante un juez imparcial, que existe riesgo de fuga o peligro para la comunidad”.

Un llamado a acabar con las deportaciones a terceros países

Desde que el 15 de marzo de 2025 decenas de venezolanos llegaran a la megacárcel salvadoreña CECOT, el Gobierno estadounidense abrió una nueva página en su política migratoria: las deportaciones a terceros países, que ha llevado a la firma de acuerdos diplomáticos con al menos 35 naciones de todo el mundo. De acuerdo con el grupo Third Country Deportation Watch, más de 23.000 personas han sido deportadas en operaciones en las que el Gobierno estadounidense ha invertido más de 49 millones de dólares en financiación.

“Estas deportaciones ilegales a terceros países forman parte de los esfuerzos más amplios de la administración Trump por socavar el sistema mundial de protección y hacer cómplices a países de todo el mundo de su campaña de deportaciones masivas, la cual ignora abiertamente el debido proceso y separa a las familias”, asegura Savi Arvey, directora de políticas para los derechos de los refugiados y los inmigrantes de Human Rights First, una organización que rastrea estas deportaciones.

Una vez en estos países, muchas personas han reportado haber sido víctimas de secuestro y violencia. Dicen que están expuestos a la falta de atención y que permanecen en un limbo legal, sin identificaciones o la posibilidad de aplicar a un asilo o refugio.

La situación ha escalado hasta el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, en Boston, donde el pasado 18 de septiembre tres jueces apoyaron el fallo del juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Brian Murphy, quien en ocasiones anteriores se ha opuesto a la deportación de migrantes a terceros países sin que se respete el debido proceso. El fallo actual dictamina que el Gobierno de Donald Trump no puede enviar a una persona a un tercer país sin previo aviso, anulando así una política del Departamento de Seguridad Nacional que permitía este tipo de deportación rápida.

“El derecho de una persona a impugnar su expulsión a un país basándose en el temor a la persecución en ese país significa poco si no recibe aviso previo del destino previsto para su expulsión y una oportunidad significativa para impugnar ese destino”, escribió el juez de circuito, Seth Aframe.

Aunque se espera que el Gobierno de Trump apele el caso ante la Corte Suprema, el fallo en contra de las deportaciones a terceros países trae esperanzas para muchos que han llegado a sitios completamente desconocidos en los últimos casi dos años y que permanecen en un estado de incertidumbre.

“El derecho internacional de los derechos humanos no permite a los Estados crear un vacío de protección de este tipo”, aseguró a EL PAÍS Michael Gyan Nyarko, director ejecutivo adjunto del Instituto para los Derechos Humanos y el Desarrollo en África (IHRDA). “Una persona no puede ser trasladada de una jurisdicción a otra hasta que, eventualmente, ningún Estado acepte la responsabilidad de proteger los derechos que el derecho internacional garantiza a esa persona”. La gran preocupación, según Nyarko, radica en si estas deportaciones a terceros países “están siendo utilizadas en la práctica para conseguir indirectamente aquello que la ley prohibía a Estados Unidos hacer directamente”.