Pesca industrial, camaroneras y despojo en la costa sur de Guatemala

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Un esqueleto de hierro oxidado sobresale al fondo de la playa. Allí estuvo el puerto de Champerico, en la costa sur del Pacífico guatemalteco. Las dársenas, casi inundadas por el mar, lo convierten en una ruina abierta al océano. El camino arenoso deja paso a hierbajos que crecen entre los restos del metal. Hoy, buques y lanchas ya no salen desde este muelle. Con la construcción de Puerto Quetzal en la década de los ochenta y a 200 kilómetros, quedó relegado a un puerto pesquero artesanal.

En los alrededores del puerto, Venancio Morales, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Champerico, conversa con María Helena Hernández, que desde hace más de veinte años compra el pescado que llega del muelle para venderlo después. Ambos evocan los tiempos en los que la gran pasarela de hierro atraía el comercio. Hoy, dependen de la empresa portuaria para amarrar sus lanchas y guardar el pescado en los congeladores.

“Antes venían los muchachos con toneladas de pescado. Ahora dan gracias si traen un quintal”, dice Hernández. “Muchos jóvenes han terminado marchándose porque el mar ya no alcanza para mantener a sus familias”. La mayoría de quienes migran lo hacen a Estados Unidos, donde viven alrededor de 1,3 millones de personas nacidas en Guatemala, más del 90% de la población migrante de este país.

Pero el declive del antiguo puerto no es la única causa de la situación actual. A ello se suman las consecuencias de la pesca industrial. “Antes los atuneros estaban a unas 200 millas de la costa, mar afuera. Hoy se pueden ver a unas 75. Y eso significa que dejan sin producto a los que pescamos más cerca de la orilla”, explica Morales. Según el presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales, las redes de cerco de los grandes buques capturan varias especies al mismo tiempo y una parte importante muere antes de ser aprovechada. “Hasta un 60% del producto que encierran con las redes termina muriendo. Y eso afecta la reproducción de las especies”.

Cerca de Puerto Quetzal opera Industria Atunera Centroamericana, filial de la empresa española Jealsa-Rianxeira. Según el informe El impacto de las empresas pesqueras españolas en Centroamérica, la expansión de la pesca industrial ha obligado a muchos pescadores artesanales a adentrarse cada vez más en el océano para mantener sus capturas. Durante este reportaje se solicitó visitar sus instalaciones en Guatemala y España, pero la compañía no llegó a concretar la visita.

Pero la presión sobre quienes viven del agua no termina en el mar abierto. En los esteros de Laguna Grande y El Muerto, sus habitantes denuncian desde hace años el impacto de las empresas camaroneras y los monocultivos, cuyos residuos —sostienen— terminan en estas lagunas.

“Soy de un lugar donde tradicionalmente se vive de la pesca. Empresas camaroneras, palmicultoras y aceiteras han desechado sus residuos químicos que llegan a los esteros y al mar”. Doris Ramírez es defensora del territorio e integrante de la Asociación de Pescadores de Champerico. Vive con sus hijas y nietas a las afueras del municipio de más de 38.000 habitantes, en una casa cuya pared se une a la de su hermana. Estas palabras las pronunció en marzo de 2025 en Ginebra, ante las Naciones Unidas, en el marco de la Semana Mundial del Agua. Un año después, todavía recuerda aquellos nervios que le recorrían el estómago tan lejos de su hogar. Defender su derecho a subsistir fue lo que la llevó a volar, por primera vez, aquellos 10.000 kilómetros. “La industria camaronera ha destruido los manglares. Antes salía con un costal y recolectaba lo que había a mano: jaiba, camarón… Pero con el transcurso del tiempo la cantidad ha mermado”.

Doris hace años que no sale a pescar. La camaronera de la que habla es Nova Guatemala, del Grupo Nueva Pescanova, de capital español, y constituye una de las principales fuentes de trabajo. Según el informe sobre las empresas pesqueras en Centroamérica, la mayoría de las personas empleadas son mujeres, con jornadas de hasta doce horas y sometidas a fuertes presiones —incluido el trato agresivo— para aumentar el ritmo de trabajo.

“Los pueblos originarios tenían sus zonas de pesca en el Pacífico, con la colonización, perdieron ese acceso. A partir de ahí se dio una situación de exclusión, discriminación y esclavitud que obligó a las comunidades a abandonar sus cultivos de subsistencia para dedicarse a actividades más rentables”, señala Julio González, activista ecológico del Colectivo Madre Selva. Con más de veinte años de trabajo a sus espaldas, explica cómo toda la costa sur inició su devastación ambiental con la introducción de especies pecuarias. Y añade que las empresas camaroneras no son las únicas que impactan. “Este territorio está secuestrado por los monocultivos de palma africana y caña de azúcar. Cuando fumigan, el glifosato y otros agroquímicos que usan desembocan en el mar. La contaminación es tal que hay períodos en los que no se puede comer pescado ni marisco sin riesgo de intoxicación”.

A esto se suma la criminalización de las pocas personas que se han atrevido a denunciar la contaminación de los esteros. Una de ellas es Pedro Liceo Vásquez. Tiene 57 años y 30 los ha pasado pescando en los esteros en lo que él llama pesca de subsistencia. En 2016, vecinos de la aldea El Rosario, cansados de ver cómo la contaminación avanzaba sobre las lagunas de las que vivían, decidieron organizarse. Así nació la Asociación de Pescadores de Subsistencia, de la que Pedro es vicepresidente. La respuesta de Nova Guatemala fue llevarlo a los tribunales junto a otras cinco personas, acusadas de coacción. Cuatro años después, el juicio terminó con la absolución de todas las acusadas por falta de pruebas.

Pedro busca entre sus papeles las citaciones, los recortes de prensa y los documentos del caso. Los conserva también para una solicitud de salida del país por las amenazas que asegura haber recibido desde aquella protesta. Muchos de sus compañeros ya se fueron a Estados Unidos. Él estuvo cerca de hacerlo, acompañado por organizaciones internacionales como ACNUR, pero su caso quedó detenido con la llegada de Donald Trump y los recortes de USAID.

Una de las últimas amenazas llegó a finales de 2024, poco después de que unos científicos visitaran Champerico para estudiar la proliferación del llamado “piojo de mar”, un pequeño crustáceo que cubre y devora los peces, y altera el equilibrio del ecosistema. No es una especie ajena a estas aguas, pero pescadores e investigadores señalan que el aumento de la contaminación y la falta de conexión entre el estero y el océano han favorecido su expansión. Los científicos que visitaron las lagunas observaron que la plaga aparece con más fuerza en las zonas donde se descargan aguas residuales, que coinciden con los puntos de mayor contaminación. También consideran probable que la actividad camaronera haya introducido o favorecido la presencia del parásito.

Durante la visita al municipio se solicitó acceder a las instalaciones de Nova Guatemala, pero la entrada no fue autorizada. La compañía respondió posteriormente por correo electrónico, desde su sede española, que sus fincas de cultivo de camarón en la zona no están operativas: “Las piscinas están vacías y en estas fincas solo hay vegetación, por lo que no pueden ser causantes de la contaminación a la que se refiere ni de ningún tipo de plaga. En los años en los que sí estuvieron operativas, antes de 2022, nunca recibimos ninguna notificación de las autoridades por ningún tipo de incumplimiento o contaminación”.

La Unión Europea es uno de los mayores consumidores de pescado del mundo y buena parte del que consume procede de terceros países. Existe incluso una fecha para medir esa dependencia, el End of Fish Day, que es el día en que la UE agota el pescado y marisco que produce para abastecer su consumo anual. En 2026 fue el 19 de mayo. En este contexto, la presencia de grandes empresas pesqueras extranjeras en Guatemala forma parte de un modelo extractivo globalizado en el que los recursos y la mano de obra permanecen en el territorio, mientras los beneficios viajan hacia otros mercados.

Frente a este modelo, en marzo de 2025 Doris Ramírez pidió ante Naciones Unidas la aprobación en Guatemala de una ley de biodiversidad que proteja las especies, que incluya a las comunidades en las discusiones y que defienda las formas artesanales de pesca.

Este contenido forma parte de una investigación con la Comissió Catalana d’Acció pel Refugi (CCAR) a través de la beca Connect for Global Change de Lafede.cat.