Ni la ley ni un fallo judicial bastan: Milei se resiste a cumplir con el financiamiento universitario

Hace casi 300 días, el Congreso argentino aprobó una ley para restituirle al sistema universitario los fondos recortados por el Gobierno de Javier Milei. Hace casi 300 días que el presidente ultraderechista se resiste a cumplir la norma. Primero la vetó y generó algo pocas veces visto en el país, que el Parlamento rechace un veto del Ejecutivo. Luego intentó derogarla a través de la ley de presupuesto de 2026, pero los legisladores, renovados tras las elecciones de medio término, votaron en contra. La justicia intervino y dictó una medida cautelar para que el Gobierno comience a pagar los aumentos de sueldos y de becas previstos en la ley. Pero Milei se negó y apeló. El asunto llegó a la Corte Suprema, en junio pasado, el máximo tribunal revalidó la orden de pagar. Aún así, el presidente no lo hace.

Para exigir la aplicación plena de la ley de financiamiento universitario, este miércoles profesores, investigadores, autoridades y trabajadores de universidades públicas participaron de paros y protestas en las principales ciudades argentinas. La medida confluyó con el reclamo contra el ajuste expresado por científicos de todo el país. “Me pongo la camiseta en defensa de la ciencia y la educación públicas”, fue el lema que convocó a los manifestantes a lucir la albiceleste de la selección argentina de fútbol.

En Buenos Aires, la movilización se concentró en torno al Obelisco. “No al cientificidio”, “sin ciencia somos colonia”, decían algunas de las banderas colgadas en la reja que rodea al monumento. “La tierra no se vende, el conocimiento tampoco”, decía otra. Miles de manifestantes ocuparon la Plaza de la República y cortaron apenas algunos carriles del efervescente cruce de las avenidas Corrientes y 9 de Julio.

“Nosotros trabajamos para generar conocimiento y que ese conocimiento se transfiera a la sociedad y al sector productivo, creemos que eso redunda en beneficio de todas las personas. Pero hoy no lo podemos hacer, no hay con qué“, dice Aníbal Lodeiro, profesor e investigador del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular de la Universidad de La Plata. Tiene 67 años y asegura que la actual es la peor etapa para la ciencia que le tocó vivir. “Acá hubo muchas épocas complicadas, en los noventa el Gobierno nos mandaba a ‘lavar los platos’. Pero en aquel momento lo justificaban solo desde el punto de vista del presupuesto. Hoy, además de eso, hay un desprecio hacia el científico en tanto intelectual.Hay un desprecio hacia las personas que piensan de forma crítica e independiente”.

En una tarde gris y fría, sobre la plaza se mezclaban los carteles y las pancartas que identificaban a organismos científicos, universidades, sindicatos, centros de estudiantes y agrupaciones políticas. Bajo vigilancia de una nutrida hilera de policías, alineada en uno de los contornos de la plaza, docentes, alumnos e investigadores protestaban pacíficamente, con sus camisetas, banderas, bufandas y gorros con los colores celeste y blanco. “Acá no sobra nadie”, cantaban. Desde que gobierna Milei, la inversión pública en ciencia y tecnología sufrió una pérdida real del 45,7% de sus recursos, según el último informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia (Ciitci). Pasó del 0,298% del PIB en 2023 al 0,153% este año. En el caso de las universidades, el recorte presupuestario fue del 24,4% en el mismo periodo.

“Presidente Milei, acá estamos reunidos los supuestos terroristas que usamos pipetas, libros y tizas como armas y la palabra y la expresión en la calle como único escudo y protección”, dice frente al Obelisco, con un megáfono en la mano, la vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Valeria Levy. Sus palabras responden a recientes dichos del mandatario, quien aseguró que en Argentina hay “terroristas disfrazados de estudiantes, terroristas disfrazados de periodistas, de profesores, de investigadores”. “No van a poder con nosotros”, advierte Levy.

A unos metros, en uno de los bordes de la plaza, un grupo de personas muestra carteles referidos a la crisis que atraviesa el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). “Un país que no invierte en ciencia no puede avanzar. Este no solo no invierte en ciencia, tampoco invierte en educación”, lamenta Vanesa Ruiz, una investigadora de53años. Cuenta que la falta de recursos impide desde continuar la formación de sus becarios hasta comprar reactivos de laboratorio o mantener operativos equipos de alta tecnología. “Me entristece mucho ver el vaciamiento que se está produciendo en el INTA. La gente joven ya no está más y los investigadores más grandes están aceptando los retiros voluntarios, se están yendo a empresas privadas”.

Mientras la comunidad científica se manifestaba a lo largo del país, los docentes universitarios cumplían este miércoles una jornada de protesta de 24 horas, que se tradujo en huelga en muchas universidades. El Gobierno de Milei calificó a la medida de fuerza de “política” e “ilegítima”. El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello y del que depende el área de educación, difundió un comunicado para sostener que está cumpliendo con sus obligaciones con el sistema universitario, “tanto en materia de hospitales como en lo referido a la paritaria salarial y a los gastos de funcionamiento de las universidades”. En particular, remarcó que “los aumentos salariales acordados se están abonando de acuerdo con los montos, plazos y el cronograma establecidos”.

“El Gobierno dice la mitad de la verdad”, señala Daniel Ricci, dirigente de Fedun, una de las federaciones sindicales de profesores. Antes de que la Corte Suprema ratificara la cautelar que le ordena al Ejecutivo cumplir la ley de financiamiento universitario, los sindicatos y las universidades habían logrado que el Gobierno aumentara un 24,4% los salarios. Eso es lo que el Estado nacional comenzó a pagar. “A partir de que el fallo judicial quedó firme, tienen que pagar la totalidad de lo que establece la ley”, explica Ricci y detalla que “lo que falta es otro aumento del 29,5%”.

Si ese nuevo incremento se concretara, los salarios de los profesores y demás trabajadores universitarios recuperarían el poder adquisitivo perdido frente a la inflación desde diciembre de 2023, tal como prevé la ley vigente.

El conflicto promete continuar. Para la semana que viene, los sindicatos están organizando nuevas medidas de fuerza, una protesta frente al Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación, y abrazos simbólicos a las universidades.