Disección del desahucio de Maricarmen: ¿podría haber sido diferente?

A Maricarmen la han intentado desahuciar cuatro veces. La última, lo han conseguido. Hace cuatro días que duerme en una cama de hospital, lejos de la que ha sido su casa durante siete décadas. La empresa Urbagestión compró su piso de Retiro (Madrid) en 2018 por un precio irrisorio para la zona precisamente porque ella vivía en él. Con una pensión de 1.400 euros, ella nunca ha dejado de pagar el alquiler, de renta antigua, y las facturas, unos 500 euros al mes en total. En 2020 los propietarios le dijeron que debía dejar el piso, porque el contrato ya había sido subrogado dos veces. Y desde entonces no han aceptado ninguna de las propuestas que han recibido —de la Administración, de particulares, de personalidades de la cultura— para o bien pagar la diferencia del alquiler (le pedían 1.600 euros) o comprar el apartamento.

La imagen de la mujer sola y tumbada en una camilla llegó a todas partes. Ante la presión social y mediática, Urbagestión anunció el viernes a media tarde que quería ceder, que no vender, el piso al Ayuntamiento de Madrid para que este se lo alquile a Maricarmen a un precio asequible. El consistorio lo rechazó, pero se ofrece a mediar. Queda por ver en qué se materializa esa mediación, pero la sensación es que llega tarde y plantea dos preguntas: ¿cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Podría haberse evitado?

El periplo judicial

Urbagestión adquiere la vivienda en 2018, durante los dos primeros años, Maricarmen sigue pagando el alquiler y las facturas mes a mes. Un par de años después, la empresa, que había comprado el piso a otra compañía, le comunica sorpresivamente que debe abandonar la casa. “Todo el mundo daba por hecho, incluida Maricarmen, que el contrato estaba blindado y era perfectamente válido. De hecho, así había sido con los anteriores propietarios, incluso por Urbagestión al principio”, explica por teléfono la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro. “Llevaban un tiempo cobrando un alquiler sin cuestionar que esa subrogación fuera válida. De hecho, quien se lo vende lo hace pensando que esta subrogación es válida. Ellos [por Urbagestión] lo compran dándolo por sentado. Y dos años después presentan la demanda de desahucio por resolución del contrato”, añade.

Los propietarios consideran que el contrato, de renta antigua y firmado por el padre de Maricarmen en 1956, fue subrogado primero a la madre (ya que entonces la ley no permitía a la mujer ser propietaria) y después a Maricarmen, y que la Ley de Arrendamientos Urbanos limita a dos años la segunda subrogación, salvo que se acredite una discapacidad del 65%. Y Maricarmen tiene reconocida una discapacidad del 50%.

Es entonces cuando comienza la batalla en los tribunales. El juzgado de primera instancia da la razón a Maricarmen. “Consideran que el contrato tiene que continuar vigente, que es una subrogación que está ya consolidada y que además ellos habían aceptado”, señala Duro. Urbagestión recurre la sentencia a la Audiencia Provincial, que, en una sentencia del 30 de junio de 2022, interpreta lo contrario: que la segunda subrogación no está permitida y que el contrato, por tanto, no es válido. “En ese momento, la empresa presenta la demanda de ejecución”. Paralelamente, Duro interpone un recurso de casación al Tribunal Supremo y un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, y ambos son inadmitidos.

En otoño de 2025 llegó el primero de cuatro intentos de desahucio, que se suspendió tras la movilización vecinal. Le siguieron dos más este verano, uno a principios de junio y otro a finales. Entre ambos, la reclamación de la ONU para frenar el desalojo. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas envió una carta a la oficina del representante de la organización en España en la que solicitaba parar el lanzamiento. Este 23 de septiembre, al cuarto intento, fue finalmente desahuciada.

Los propietarios

Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L. es una empresa con sedes en Madrid y Valladolid, y constituida en 2005. Según el registro mercantil, se dedica a la gestión, administración y promoción de activos inmobiliarios. Los propietarios son Ricardo Alonso y Fernando Alonso y venden inmuebles de todo tipo ―incluidas farmacias―, tanto en la capital como en otras ciudades. Por ejemplo, uno de sus “activos destacados” en su página web es un local en el centro de Madrid por casi tres millones de euros. A esta cartera se suma ahora el piso de Maricarmen.

Ninguno de los dos Alonso hizo declaraciones en los tres intentos de desahucio previos. Tampoco una vez ejecutado este el pasado miércoles. El contacto con el Sindicato de Inquilinas siempre ha sido a través de su abogada. Cuatro días después de que Maricarmen fuera desahuciada, tras el revuelo mediático y social, y haber rechazado las ofertas que presentaron el Ministerio de Vivienda, una conocida escritora u otras personalidades del mundo de la cultura de pagar la renta mensual o incluso comprar la casa, anunciaron que cederían el piso al Ayuntamiento de Madrid para que este, a través de la empresa municipal de vivienda, se la alquilara a Maricarmen a un precio asequible. El Consistorio madrileño ha descartado esta opción, pero se ha ofrecido a mediar en una reunión entre los dueños y los representantes de Maricarmen el lunes, después de que la mujer haya tenido que abandonar su casa.

¿Podría haber sido diferente?

Para Alejandra Jacinto, abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) y exportavoz de Podemos, los acontecimientos podrían haber sido otros. Una de las claves del caso está en el origen del primer contrato, firmado durante la dictadura, en un marco condicionado por “un machismo estructural, de Estado, que impedía a las mujeres ser titulares”. Si la madre de Maricarmen hubiera podido figurar como arrendataria original, ella habría sido la primera subrogada y no la segunda. Esa diferencia resulta determinante porque las condiciones de las subrogaciones cambiaron posteriormente con el llamado decreto Boyer.

La norma de 1985 limitó a dos años la subrogación de los hijos en los contratos de renta antigua. Cuando, tras la muerte de su madre, Maricarmen se subrogó en 2005, sin embargo, la propiedad conoció y toleró esa situación. El juzgado de primera instancia, de hecho, tuvo en cuenta esa conducta y dio la razón a la anciana aplicando la doctrina de los actos propios, que viene a decir que la actuación de la parte arrendadora había consolidado de algún modo la continuidad del contrato.

El escenario cambió cuando la Audiencia Provincial y después el Supremo avalaron su extinción. Jacinto sostiene que podía haberse planteado otra interpretación si se hubiera incorporado una “perspectiva histórica y de género”, considerando a la madre de Maricarmen como primera arrendataria y a ella como primera subrogada. “El primer contrato nació viciado y en unas condiciones de machismo de Estado”, sostiene la abogada. Bajo esa interpretación, no se habría aplicado a Maricarmen el límite correspondiente a una segunda subrogación.

Incluso después del auto de inadmisión del Supremo, de diciembre de 2023, Jacinto identifica otro momento en el que, a su juicio, el desenlace podría haber sido diferente. Aunque la extinción del contrato ya no pudiera discutirse, la abogada sostiene que la ejecución podía haberse suspendido o postergado hasta que existiera “una alternativa habitacional adecuada”, jugando con los tiempos y con la subjetividad que rodea a este concepto. Más todavía, añade, si se tiene en cuenta la petición de Naciones Unidas.

Tras la resolución del Supremo y con los sucesivos intentos de desalojo, entraron en juego las administraciones, que tampoco han logrado dar una salida a Maricarmen.

La intermediación del ministerio

El Ministerio de Vivienda sostiene que intentó evitar el desahucio por la vía de la negociación. Según explica una portavoz, a finales de primavera ofreció a la propiedad comprar la vivienda, una propuesta que, asegura, fue rechazada. Después planteó la firma de un nuevo contrato que permitiera dar continuidad al alquiler con la participación de la Administración, pero añade que no hubo respuesta. Durante el verano, prosigue, el departamento que lidera Isabel Rodríguez insistió en varias ocasiones sin recibir contestación, ya en las semanas previas al lanzamiento, pidió un mes más de aplazamiento para Maricarmen, una petición que la propiedad rechazó alegando que el procedimiento ya se había aplazado en numerosas ocasiones.

En los días inmediatamente anteriores al desahucio, según Vivienda, las llamadas a la propiedad fueron insistentes, también para que valorase la oferta realizada por una escritora que se había ofrecido a intervenir. El Ministerio asegura que en ese momento ya no recibió respuesta. La existencia de parte de estas gestiones, sin embargo, ha sido cuestionada. El Sindicato de Inquilinas asegura no tener conocimiento de la oferta de compra, mientras que Urbagestión negó en un comunicado que se produjera.

El papel del Ayuntamiento y la Comunidad

Ambos defienden que son los únicos que han propuesto alternativas a la mujer de 87 años, que lleva ya cuatro días sin hogar. Ante este tipo de casos, los apoyos y recursos habitacionales los gestiona el Consistorio, explica un portavoz de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. El pasado noviembre, le ofrecieron una plaza gratuita en una residencia de titularidad autonómica, que ella rechazó con la esperanza de que el desahucio no se produjera. “En enero, solicitó plaza residencial a través de los servicios sociales municipales. En abril se le adjudica plaza en la Residencia Cardenal Cisneros de la Comunidad de Madrid, en Alcalá de Henares [a unos 35 kilómetros de Madrid]”, explican en el Gobierno regional. También la rechazó, porque la alejaba por completo de su ciudad y de las personas que conoce.

En el Ejecutivo local insisten en que han estado pendientes “permanentemente” de la situación de Maricarmen, tanto antes del desalojo como ahora, que permanece ingresada en el hospital tras sufrir un cuadro de estrés y agotamiento severo. También le ofrecieron plaza en una de las tres residencias de titularidad municipal, aunque ella lo rechazó. Por el momento, Maricarmen continúa sin casa, a la espera de que la empresa que la desahució pacte con ella una fórmula que le permita regresar a la vivienda.