La oposición convoca una sesión en Diputados para rechazar un megadecreto de Milei

Un fallo de la Corte Suprema argentina, amigable con el Gobierno de Javier Milei, podría convertirse en un búmeran en su contra. El martes pasado, la máxima instancia judicial eliminó los límites para que particulares y empresas extranjeras puedan comprar tierras en el país y revivió así una discusión que el Gobierno ya había dado por perdida cuando intentó avanzar con esa iniciativa por la vía del Congreso y no lo consiguió. Ahora, la resistencia de la oposición política y de la sociedad se reactivó, pero maximizada: ya no está dirigida contra el artículo 154, que estaba suspendido por una cautelar y la justicia puso en vigencia, sino que busca voltear el decreto que lo contiene, mucho más extenso.

La oposición en Diputados convocó a una sesión especial para el próximo jueves 15 de octubre, en la que intentará ir contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70, dictado por Milei apenas diez días después de asumir la Presidencia, hace tres años. Con 300 reformas sobre aspectos de lo más diversos, fue la pieza inaugural de su proyecto de desguace del Estado. Una de esas reformas es la derogación de la Ley de Tierras, pero abarca desde privatizaciones de empresas estatales hasta la desregulación de los contratos de alquiler, pasando por la derogación de las leyes que obligaban a las empresas a garantizar el abastecimiento interno de alimentos o a los supermercados a señalizar los precios más bajos de algunos productos básicos.

Ese megadecreto de 2023 ya había sido rechazado por el Senado en 2024, pero nunca fue tratado por la Cámara baja. Los diputados sumaron al temario de la sesión especial convocada otras iniciativas incómodas para el oficialismo, como la prórroga de la emergencia en discapacidad y medidas sobre el endeudamiento familiar, lo que aumenta las posibilidades de reunir el quórum necesario para sesionar.

Al mismo tiempo que este jueves se definía la sesión, comenzaron a circular convocatorias para acompañarla con manifestaciones contra el DNU. Para ese mismo día ya estaba prevista una marcha en defensa del presupuesto universitario, por lo que la jornada parte de un escenario en el que habrá gente movilizada en las calles.

La Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011, fijaba en el 15% el máximo de las tierras rurales nacionales, provinciales y municipales que podían estar en manos extranjeras y establecía, además, límites por nacionalidad y por titular. El megadecreto 70 derogó esa ley a través de su artículo 154, pero durante dos años la medida estuvo paralizada en los tribunales. En ese marco, el Gobierno intentó llevar la iniciativa al Congreso.

Falló al primer intento, que buscaba eliminar cualquier límite para la compra de tierras por parte de personas y empresas privadas extranjeras, y volvió a la carga con una versión más suave: intentó elevar del 15% al 25% el máximo de tierras rurales que podían quedar en manos foráneas, pero tampoco consiguió los apoyos necesarios. Una multitud salió a las calles para expresar su oposición a la ley bajo el grito “la patria no se vende”. El fervor nacionalista desencadenado desde que los jugadores de la selección argentina desplegaron una bandera con el eslogan “Las Malvinas son argentinas”, tras ganar la semifinal del Mundial contra Inglaterra, operó en contra y el Gobierno decidió entonces, malherido, retirarse de la batalla.

Dos meses después, la polémica vuelve a la vida, forzada por la decisión de los tres jueces supremos —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti—, que revocaron el fallo de una instancia inferior que había frenado el artículo 154 del DNU 70. La reacción que generó de inmediato, tanto entre políticos como entre la ciudadanía, obligó incluso a la Corte a emitir un inusual comunicado para explicar su fallo y señalar que responde a cuestiones procesales y no a la cuestión de fondo.

En efecto, la resolución de la Corte no se pronuncia sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU. Se limita a señalar que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), que había iniciado la demanda, carecía de legitimación para plantear el caso y que no existía una controversia judicial que habilitara su intervención. En cualquier caso, el Gobierno ha sido devuelto a la arena de batalla y deberá encontrar una estrategia para evitar salir más dañado que antes.