Javier Cremades, sobre las garantías judiciales en el caso Zapatero: “La justicia investigó a un yerno del Rey. Ahora le toca a un expresidente del Gobierno”

La frase del activista Andrew Young, mano derecha de Martin Luther King y excongresista estadounidense, le pilló descolocado al abogado español Javier Cremades: “Sin misericordia no hay Estado de Derecho”. Young, con 91 años, pasaba unos días primaverales en Madrid para recoger de manos de Felipe VI el prestigioso Premio de la Paz y la Libertad de 2023 entregado por la Asociación Mundial de Juristas cuando, con esas palabras, intentaba resumir a Cremades toda una vida dedicada a la lucha por los derechos civiles. El letrado, nacido en 1965 y que dirige la institución que galardonó a Young, señala que le repreguntó extrañado a dónde quería llegar. “Me explicó que el imperio de la ley sin misericordia ni perdón no podrá conseguir por sí mismo justicia para el mundo. Es decir, sin un componente humano que sepa interpretar la justicia, esta no funciona”. Esa anécdota se ha convertido en una de las guías que sigue Sobre el imperio de la ley (Galaxia Gutenberg), el nuevo libro que este año ha publicado el conocido abogado y presidente del bufete internacional Cremades & Calvo-Sotelo. Este despacho, que cuenta con más de 200 abogados, es conocido en los últimos años por haber realizado la auditoría del escándalo de la pederastia en la Iglesia española y por ser la defensa, entre otras figuras, del opositor venezolano Leopoldo López.

Cuando se le pregunta al autor a qué se refiere cuando habla del imperio de la ley, coge un ejemplar de su libro y lee las primeras líneas de la introducción: “El imperio de la ley es la única alternativa al imperio de la fuerza. Solo bajo el gobierno de las leyes el ser humano puede vivir en libertad y en paz. Si no nos sometemos al Derecho, la ley del más fuerte, las fauces del totalitarismo acechan y amenazan con devorar la libertad y la convivencia”. Y el problema que vivimos hoy, añade tras recitar esas líneas, es que el poder judicial, tanto en España como en otros países democráticos, “está atravesando una preocupante crisis”.

Cremades compara esta “crisis” con “una carga vírica permanente en la sociedad propagada por un grupo de personas e instituciones que vulneran constantemente el Estado de Derecho”. Eso “exige, tal y como sucedió en la pandemia, una continuada labor de vigilancia, prevención y combate”. Estos “agentes erosionadores”, como los llama el autor, también atacan el sistema ―”y no tiene que ver con el eje ideológico derecha-izquierda”― a través de tres “tumores”: la polarización política, la creación de bulos y “la rotura del respeto a los jueces”.

Cremades, tanto en el libro como en la entrevista con este periódico, alude a la situación política en España, pero también señala con el dedo la situación que atraviesa Israel, con Benjamín Netanyahu, o EEUU, con el presidente Donald Trump, y lo peligroso que supone seguir alimentando su influencia y poder en los países de la Unión Europea. “¿Quiero estar al lado del malo de la clase que está hoy de buen humor? ¿Qué pasará el día que sea crítico? Irá a por mí“, señala.

Para explicar estos riesgos, el autor hace un recorrido por varios episodios históricos que ejemplifican “la lucha entre el imperio de la fuerza y el de la ley”. Desde la cuestión racial estadounidense con el caso Little Rock (cuando en 1957 Eisenhower movilizó al ejército para asegurar la escolarización de nueve estudiantes afroamericanos en Arkansas) hasta la gestión jurídica del coronavirus, pasando por la ley de amnistía del procés o la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Sobre esto último, Cremades señala en el libro que la “preocupante crisis” que está atravesando el poder judicial “ha sido espoleada por el escandaloso retraso en la renovación del Consejo General del Poder Judicial”. Primero, por “la persistente oposición de un partido (el Partido Popular) a la renovación del consejo, incumpliendo el plazo constitucional”, para “continuar con la ventaja partidista” de la que gozaba en ese momento. Y segundo, por “la aprobación [impulsada por el PSOE] de tres leyes orgánicas, la de reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición y rebajar las penas del delito de malversación de fondos públicos”.

Además, el autor también analiza en el libro “la utilización indebida y abusiva de querellas por los partidos políticos” para instrumentalizar los tribunales, que desplaza el debate político fuera del Parlamento. “La justicia no puede ser un instrumento para hacer política en ningún estado que quiera nombrarse democrático”, dice Cremades. El poder judicial, advierte, es “el más débil de los tres poderes” y “está sufriendo ataques desde el poder político que no habíamos visto hasta ahora”. Cuando los políticos utilizan el concepto de lawfare “para defenderse de la acción de la justicia”, argumenta el abogado, “se tensiona el sistema del Estado de Derecho” y es, junto a “la desinformación y la manipulación de la realidad, la gran amenaza” para las democracias.

Un nuevo episodio de estas tensiones, afirma Cremades, ha sido “la decisión de la Audiencia Nacional de declarar como investigado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero”, al que atribuye tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea Plus Ultra y la creación de una sociedad en Dubái para canalizar el cobro de comisiones. El abogado señala que hay tres claves democráticas en este momento: respeto a la acción de la justicia, defensa de la presunción de inocencia y rigor en la información. Sobre el primer punto, también se refirió la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, la semana pasada ante las críticas por la suspensión del Tribunal Supremo del derecho al voto de los españoles que han obtenido la nacionalidad gracias a la ley de nietos. “No es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción”, dijo durante su discurso en el acto de apertura del año judicial.

Cremades también recuerda en su libro que el sistema judicial, “que en este caso actúa a instancias de la Fiscalía Anticorrupción”, es garantista y eficaz. “Con esa guía, podemos confiar en el funcionamiento de las instituciones. En España, el imperio de la ley es para todos. La justicia investigó, enjuició y condenó a un yerno del Rey Juan Carlos. Ahora le toca el turno, por primera vez, a un expresidente del Gobierno, que de momento está siendo investigado”.

Otro de los temas que trata el autor es la necesidad de un periodismo independiente, que surta a los ciudadanos de información de calidad para que estos puedan elegir con criterio a sus representantes y fiscalizar al poder. “¿Cómo podría votar el accionista en una sociedad si se le oculta el verdadero rumbo del negocio? ¿Cómo saber si unos gestores o unas cuentas merecen aprobación y continuidad si no se dispone de información fidedigna?“, compara Cremades en el libro, donde apunta a la necesidad de una legislación que proteja a los periodistas y editores ”de presiones de las autoridades”, donde se incluyan aquellas que protejan “la divulgación de sus fuentes”. Del mismo modo, urge a que haya más transparencia dentro de los medios “que permita el conocimiento de los intereses que puedan influir en la información que difunden”.

La piedra angular de las democracias, reza la principal conclusión de Cremades, es la Constitución y su fortaleza. Como un cuerpo vivo, debe estar vacunada para afrontar enfermedades, pero también debe reformarse para seguir combatiendo nuevos virus. “La que tenemos ahora recoge derechos que otros ciudadanos de otros países no disfrutan. Tenemos un alto nivel de garantías jurídicas, pero hay que recordar que eso es hoy posible gracias a la lucha de muchas personas durante años. Tenemos que vigilar para no perderlo y para seguir sumando nuevas”, concluye el abogado.