La jueza busca quién coordinó, financió y decidió el operativo de la entrada masiva a Ceuta en Marruecos

El objetivo es claro: identificar a los promotores y coordinadores del gran salto a Ceuta el pasado 30 y 31 de julio. La movilización masiva de “entre 75.000 y 85.000 personas”, dice la jueza María Tardón, “difícilmente puede producirse sin recursos materiales y financieros”. Por eso, la magistrada de la Audiencia Nacional quiere esclarecer cómo miles de personas pudieron enterarse en un periodo corto de tiempo de que se estaba gestando un paso fronterizo y cómo pudieron transportarse todas hasta la zona marroquí de Fnideq-Castillejos desde distintos puntos de Marruecos. La instructora da veracidad a los indicios policiales que apuntaban a que pudo haber “agentes dinamizadores” en la frontera que supuestamente guiaron a los migrantes y ha pedido tanto a la Policía como al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que ayuden en la identificación de estas personas, consultando para ello bases de datos internacionales.

El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía entregó un informe a finales de agosto en la Audiencia Nacional ―que suscitó polémica porque el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no estaba al tanto de estos trabajos― que señalaba directamente a una serie de agentes, identificados como de la gendarmería marroquí, que habían realizado labores de “guiado” de miles de personas para “el cruce a través del agua” hasta Ceuta. La Policía apuntaba a la “permisividad” de Rabat, mediante una recopilación fotográfica de redes sociales, sostenía que lo sucedido no había sido “algo accidental”, ni con una “finalidad migratoria”, sino que se trataba de un acto planificado, aunque no exponía exactamente ninguna autoría concreta ni del Estado de Marruecos ni de ningún otro.

Aquel informe policial indicaba que, “a la vista del material obtenido de fuentes abiertas (vídeos, fotografías, reels)”, los días 30 y 31 de julio actuaron en la frontera dos tipos de sujetos activos: “agentes dinamizadores” que iban de paisano y agentes “uniformados” de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos. Las imágenes que recogía el documento mostraban a dichos “uniformados” frente a un camión lleno de personas o junto a migrantes que caminaban en fila. De momento, no ha trascendido el contenido de los vídeos analizados por la Policía en los que se aprecia a dichas autoridades dar “indicaciones” a la multitud.

A raíz de las afirmaciones del CENIF, Tardón ha pedido que se profundice en las identidades de estas personas, a quienes asemeja con labores de “coordinación y dirección operativa sobre el terreno”. Para ello, ha solicitado tanto a la Comisaría General de Información como a la Unidad Central de Inteligencia Criminal de la Policía que procedan al “análisis biométrico y reconocimiento facial de todas las personas identificadas en las fichas de agentes dinamizadores”.

La jueza pide que las fotografías se comparen con bases de datos de todo tipo: desde las nacionales hasta los registros de frontera, las bases de Interpol, de Europol y “cualquier otra herramienta” disponible de identificación. Además, reclama un informe “individualizado” respecto de cada sujeto.

Esta petición de reconocimiento de los uniformados, que califica como de “indudable relevancia”, pretende que sea lo más exhaustiva posible, puesto que la extiende al CENIF y a la Comisaría General de Policía Científica e incluso al CNI. Tardón quiere que se utilicen todos los medios de investigación del Estado para ahondar en estos supuestos agentes que ayudaron al salto masivo., a su vez, reclama que se designe a un agente cuyo trabajo sea precisar, “en la medida de lo posible”, el cuerpo policial al que esas personas pertenecían, la unidad operativa, el empleo, la graduación, las funciones desarrolladas, etc.

Las líneas de investigación son varias y cuentan, en su mayoría, con el visto bueno de la Fiscalía, según la resolución dictada por la togada este mismo miércoles. Indagar en las comunicaciones digitales para aclarar quiénes fueron los promotores y coordinadores; revisar todas las fotografías, vídeos e imágenes para identificar a los participantes “en los niveles superiores de organización”; buscar los mecanismos patrimoniales; esclarecer las circunstancias de los fallecimientos (que cifra en 83);, por último, reconstruir el desarrollo del operativo.

La pata financiera es vital, por ello, ha pedido ayuda no de una, sino de las dos unidades que se dedican a eso en Policía y Guardia Civil. Tardón reclama tanto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) como a la Unidad Central Operativa (UCO) informes sobre la movilización que incluyan: movimientos económicos relevantes en la zona, sistemas hawala (sistema de intercambio entre bancos), contratación de medios de transporte colectivos y cualquier otra operación que pudiera guardar relación con la logística para un traslado masivo de personas. Su intención, explica, es indagar quién puede estar detrás de la financiación de la entrada irregular que ha llevado a Ceuta a una crisis migratoria. Y adelanta que no descarta consultar en un futuro al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) o a alguna otra unidad especializada.

Para tener una foto completa de lo ocurrido, la magistrada ha también pedido todo el material audiovisual posible. Las imágenes captadas por vídeos de vigilancia del puesto fronterizo de El Tarajal; las imágenes satelitales de una horquilla muy amplia (del 20 de julio al 7 de agosto) entre la playa de Fnideq (Marruecos) y la playa de El Trampolín (Ceuta) para poder hacer una comparativa del despliegue; y todo lo que se haya grabado mediante drones o cámaras fijas.

La jueza quiere un informe pericial audiovisual único para “reconstruir cronológicamente” lo que sucedió, identificar a los participantes y determinar “los movimientos e itinerarios seguidos” durante todo ese lapso temporal. Y quiere también saber si alguna “persona u organismo público o privado” ha pedido acceder a las imágenes satelitales de la frontera entre Ceuta y Marruecos entre los días 20 de julio y 7 de agosto; por lo que ha reclamado a la tecnológica HI Iberia que le informe de si ha recibido alguna solicitud de este tipo.

Los fallecidos

Tardón está interesada a su vez en adentrarse en las causas de los fallecimientos en la frontera. Para ello, ha solicitado un informe pericial para determinar “las causas concretas” de cada uno de los muertos, así como la “influencia de las condiciones del cruce” y si la “posible intervención de tercero en la generación del riesgo” pudo desembocar en dichas defunciones. Y ha avisado de que pretende asumir en la Audiencia Nacional “todas las diligencias judiciales” que haya en Ceuta “en relación con los fallecimientos” producidos los días 30 y 31 de julio.

Asimismo, la jueza ha pedido a los agentes de Información (Guardia Civil y Policía) que desgranen qué organización, grupo o personas pudieran disponer de “capacidad real para planificar y coordinar” una movilización como la que tuvo lugar en Ceuta y qué relación pudiera haber entre ellos y grupos dinamizadores digitales. Y ha reclamado que esto se compare con otros saltos masivos anteriores, como los del año 2021 y 2024.

Además de solicitar el apoyo de la Guardia Civil y la Policía, Tardón ha pedido ayuda a empresas como Meta, WhatsApp, Facebook, TikTok, Telegram o Google para identificar a los responsables de la convocatoria en redes sociales. Mientras espera todos los datos que ha reclamado, la jueza tiene previsto los días 30 de septiembre y 1 de octubre tomar declaración como testigo al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas; al exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno Gonzalo Sanz; y al jefe de la Policía Local de la ciudad autónoma. Y ha avisado de que irá fijando en el calendario todas las citaciones que estime necesarias para esclarecer lo ocurrido en Ceuta.