Frustración y miedo a perder otros derechos entre los nuevos españoles en Sudamérica 

El Atlántico, que durante generaciones separó a aquellas familias españolas que tenían hijos emigrantes en América, vuelve a aparecer como una frontera. La cautelar del Tribunal Supremo que frena el voto a los descendientes nacionalizados a través de la Ley de Memoria Democrática ha generado inquietud en las comunidades españolas de Argentina y Chile. Cuestionan una decisión que, a su juicio, cercena un derecho básico y temen que pueda ser un primer paso para otras restricciones, entre ellas denegarles la ciudadanía. Muchos pasaron años reuniendo partidas de nacimiento, certificados y documentos familiares para recuperar una nacionalidad que sentían como parte de una historia heredada. Algunos acaban de convertirse en españoles; otros siguen esperando una resolución. Ahora descubren que la ciudadanía que tanto les costó recuperar no garantiza, al menos de momento, el derecho a votar.

Argentina recibió cerca de 2,1 millones de españoles entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX y mantuvo sus puertas abiertas para aquellos que quisieron escapar de la Guerra Civil y la España franquista. Los recién llegados crearon numerosas asociaciones que funcionaban como lugar de encuentro, red de ayuda y espacio para preservar las tradiciones y la gastronomía de sus lugares de origen. A ellas se han dirigido algunos de los que buscan respuestas frente a una cautelar que no entienden.

José Manuel Besteiro, presidente de la Federación de Sociedades Españolas, cree que la decisión judicial rompe una larga historia común que ha convertido a Argentina en el país con la mayor comunidad de españoles en el extranjero, más de medio millón, y a España el país con el mayor número de argentinos residentes, cerca de 400.000. “Los hijos y nietos de españoles en Argentina no nacimos de un repollo. Nuestros padres y abuelos se fueron por cuestiones económicas, políticas, sociales… La sensación por este fallo es de desagrado”, opina Besteiro.

Este abogado, al frente de una federación que aglutina a 136 entidades españolas en Argentina, reconoce la autoridad del Supremo y entiende la naturaleza provisional de una medida cautelar, pero cuestiona sus consecuencias. “El derecho a voto es un derecho básico”, sostiene. Puede comprender que alguien que no reside en España no participe en unas elecciones municipales, pero considera difícil aceptar que se le prive de votar en los comicios de ámbito superior después de haber adquirido legalmente la ciudadanía: “O sos ciudadano y podés votar y ser elegido, o no sos ciudadano. Si no, volvemos a la época de la Antigua Roma, con ciudadanos, libertos y esclavos, con ciudadanos de primera y de segunda”.

El malestar tiene un componente simbólico. La Ley de Memoria Democrática, también conocida como ley de nietos, aprobada en 2022, fue para muchos descendientes la culminación de un proceso de reparación de las consecuencias de la Guerra Civil, el exilio y la dictadura franquista. No imaginaban que un día el máximo tribunal español consideraría que concederles la ciudadanía de sus padres y abuelos y tener derecho a votar en España fuera un “peligro fundado, real y serio” de afectar a la “objetividad” de las elecciones.

En las últimas elecciones generales, en 2023, solo votaron el 6,2% de los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) en Argentina, es decir, 26.180 personas de las 434.604 que podían hacerlo. Es un número bajo, pero todavía lo es más si se tiene en cuenta que cerca del 60% de los que obtienen la ciudadanía ni siquiera llega a solicitar el alta consular, paso previo necesario para inscribirse en el CERA.

“Razones políticas”

Las razones para pensar que los nuevos votantes españoles podrían manipular los resultados “son políticas, no históricas”, opina el expresidente del Casal de Catalunya, Ariel Vives i Bloise. Cree que tienen que ver con el auge de los discursos antiinmigración en toda Europa y con medidas “que son como la pesca de profundidad, no se elige a quién y cómo, sino que se barre con todo”. Otros, sin identificarse, coinciden con él.

El crecimiento en las encuestas de una ultraderecha que pide cerrar las fronteras nacionales dispara el miedo de quienes acaban de obtener la ciudadanía o han hecho los trámites para obtenerla.

Florencia Vassallo, integrante del Centro de descendientes de españoles unidos (Cedeu), cuenta que los teléfonos de la organización explotan de consultas. La más frecuente es si se paraliza el proceso de obtención de ciudadanía: “Hay miedo a que las personas que todavía no han presentado los papeles no los puedan presentar, a que las solicitudes que están en trámite se denieguen e incluso a que nos quiten la nacionalidad a quienes ya la hemos obtenido”.

A falta de nuevas instrucciones, el Consulado de Buenos Aires funciona con normalidad. Ha aprobado hasta ahora poco más de 30.000 solicitudes de ciudadanía por la ley de nietos, pero todavía tiene que revisar las presentadas desde el último trimestre de 2023 y recibir las de quienes pidieron presentar la documentación. Solo este último paso puede alargarse, según el calendario previsto, hasta 2031.

“Me siento frustrada”, dice Vassallo, de 43 años. Su madre obtuvo la nacionalidad en 2023 y ella en 2024. Después se inscribió como ciudadana española en el Consulado de Buenos Aires y solicitó su incorporación al CERA para votar en las próximas elecciones generales. Con la última decisión judicial, no podría hacerlo. “Hay gente que accedió a la nacionalidad por otras vías que va a poder votar, pero si accediste por la Ley de Memoria Democrática, no”, compara.

Esas diferencias han creado una gran confusión entre los nacionalizados. Florencia Medrano obtuvo la ciudadanía en 2020, emigró en 2024 y creía que había quedado excluida: “Vivo en Madrid desde hace dos años y medio y las políticas del Gobierno me afectan de forma directa, no entiendo que no pueda votar”. Cuando escucha que ella mantiene el derecho intacto, se muestra sorprendida. “Estaba convencida de que no. Votaré por los que no pueden”, responde.

Una decisión inédita

Desde Cedeu reclaman que prevalezca la igualdad ante la ley y las garantías constitucionales. Recuerdan que España ya había aprobado otras legislaciones transitorias de nacionalidad, como las de 1992, 1993 y 1994, la Ley de Memoria Histórica de 2007 y la normativa de 2015 para descendientes de sefardíes, sin que en esos casos se cuestionara posteriormente la incorporación de sus beneficiarios al censo electoral.

A los que se nacionalizaron, en cambio, por la Ley de Memoria Democrática, el Supremo les pide acreditar el exilio de un antepasado para poder acudir a las urnas. En muchos casos, es un obstáculo insalvable. Son mayoría los que salieron de España cómo pudieron y no conservaron documentación que explicara las causas. Además, tampoco está claro qué capacidad tienen unos consulados que ya están sobrepasados para analizar documentación extra que hasta ahora no habían solicitado.

Diego Pérez, presidente del Centro Gallego de La Plata, a 60 kilómetros de Buenos Aires, ve razonable revisar las altas en CERA, pero pone límites. “Una cosa es revisar y corregir posibles errores y otra es limitarnos de manera general el derecho al voto a todos aquellos que obtuvieron legalmente la nacionalidad española”, dice.

Pérez duda que la decisión judicial vaya a alterar las relaciones entre Argentina y España o que cambie los datos de participación en un momento en el que “hay un desencanto bastante general con la política”. Lo que teme es que desilusione a los que volvieron a acercarse a España y al vínculo con sus padres y abuelos gracias a la ley de nietos.

“De tercera o cuarta clase”

En Chile comparten la decepción. Jaime Ferrer Mir, escritor de 77 años y director de la Corporación Amigos del Winnipeg, obtuvo la nacionalidad española como hijo de un exiliado. Su abuelo, Jaume Ferrer Carbó, fue fusilado después de la Guerra Civil tras un juicio sumario que posteriormente fue declarado nulo. Su padre huyó de España en 1939, pasó por campos de concentración en Francia y finalmente embarcó en el Winnipeg rumbo a Chile.

Ferrer había ejercido hasta ahora su derecho al voto como español. Por eso recibió la decisión del Supremo con un sentimiento que resume en dos palabras: “pérdida y negación”. A su juicio, el Supremo reabre heridas que creían cerradas al volver a despojarlos de derechos. “Somos de tercera o cuarta clase”, sentencia.

Cristián Jaramillo, publicista chileno de 49 años, nunca pensó en su derecho a ejercer el voto en España como un motivo para obtener la nacionalidad de su abuelo, Ángel Cereceda, que combatió en la Guerra Civil española cuando apenas tenía 16 años y que, terminada la contienda, emigró a Chile en los años cuarenta.

Como tantos descendientes que viven en el exterior, Jaramillo ni se había planteado votar en España, pero la controversia cambió su percepción: “Me hace preocuparme más de quién está detrás de la política en España, porque eventualmente puede tomar decisiones que terminen impactando mi bienestar, el de mis hijos o el de nuestra descendencia. En ese sentido, lo que están haciendo es que me importe más votar de lo que antes me importaba”.

Las organizaciones de españoles en Sudamérica esperan a que el Supremo resuelva la cuestión de fondo para analizar respuestas. Lamentan, eso sí, que una ley concebida para cerrar heridas históricas y recomponer vínculos familiares con España haya abierto una nueva incertidumbre entre quienes se acogieron a ella. Después de recorrer durante años el camino hacia una ciudadanía que creían plena, han descubierto que queda una puerta entreabierta.