Estados Unidos asesta un golpe al corazón de Morena con la retirada de la visa a Andy López Beltrán

Estados Unidos ha apretado el acelerador en su política de retirada de visas y esta semana se ha cobrado el permiso de una de las piezas clave de la política mexicana. La cancelación del documento migratorio de Andy López Beltrán no es una más de las 175.000 que ha ejecutado Donald Trump desde que volvió a la Casa Blanca, es un golpe sin precedentes al corazón de Morena y un mensaje para todos los políticos del partido de la presidenta, Claudia Sheinbaum: nadie en la cúpula oficialista se salva de la vigilancia, ni siquiera el hijo y heredero del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La supresión de la autorización de entrada no implica ningún tipo de acusación, pero el silencio total de las autoridades estadounidenses y el contexto en el que se produce dan rienda suelta a la especulación y alientan la narrativa de la oposición, que ha avivado las acusaciones de corrupción contra el Gobierno. La esfera morenista, a cambio, ha acusado al Ejecutivo del norte de “injerencia política” y ha cerrado filas en torno a su antiguo secretario de Organización, que desveló la nueva medida en una dura carta dirigida al propio Trump.

“No lo están pidiendo extraditado ni están diciendo que tenga vínculos [con el narcotráfico]. Estados Unidos lo utiliza como arma de presión, como los aranceles. Es una forma de decir que el Gobierno mexicano no está haciendo lo suficiente en el tema de la ‘narcopolítica’ y una manera muy fuerte de decir: ‘Les estamos pisando los talones”, apunta la internacionalista Pía Taracena, de la Universidad Iberoamericana. El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, manifestó hace unos días en una entrevista con Newsmax que “la seguridad en los visados se traduce en seguridad en las fronteras”. Las visas son solo una herramienta más en su cruzada contra el narcotráfico y la migración, y una que no requiere intervención ni autorización de ningún otro Gobierno, pues es prerrogativa de cada Estado. “Son un privilegio, no un derecho”, enfatizó en ese sentido Pigott. México solo puede sentarse y mirar.

A pesar de que no hay ninguna carpeta abierta contra López Beltrán en ninguno de los dos lados de la frontera, al menos que se conozca públicamente, a la especialista le parece que este representa un revés mayor, si cabe, que el asestado tras la imputación formal del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el pasado abril, por vínculos con el crimen organizado. “Aunque no tenga todavía un cargo, él se consideraba —y quizá algunos más también— el delfín de la nación”, argumenta. Con él se mueven todos los cimientos del movimiento morenista. El PAN, principal partido de la oposición, ya ha exigido que la Fiscalía General de la República abra una investigación por posible tráfico de influencias y vínculos con el huachicol fiscal, y también a la UIF que rastree sus cuentas y las de su círculo cercano.

La sombra de la duda es más que suficiente para empañar el inicio de la campaña del político incluso antes de que esta empiece oficialmente. El año que viene, el hijo del expresidente se disputará una diputación federal por Tabasco, Estado natal de su padre y fundador del partido que hoy ha conquistado casi todas las plazas clave del territorio. Las elecciones de 2027 ya se antojaban, antes de esto, una batalla encarnizada entre el oficialismo y la oposición, ávida de recuperar algo del terreno perdido en la última década. La retirada de las visas a Andy y otros dirigentes destacados, como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, solo añaden más carne en el asador.

En esa clave ha leído las últimas acciones del Ejecutivo de Trump la mandataria mexicana, que también salió en defensa de Rocha Moya por falta de pruebas en su contra. “Esto tiene un sentido de injerencia en la política mexicana, porque no veo yo otra razón, ¿y lo usa quién? La derecha mexicana, que cada vez es más entreguista a los Estados Unidos”, ha denunciado este viernes Claudia Sheinbaum. La presidenta ha sido especialmente dura con Alejandro Alito Moreno, que encadena varios viajes a Washington para denunciar el “autoritarismo” del partido en el Gobierno. “Ahí tienen al presidente del PRI yendo a Estados Unidos, es vergonzoso, a pedir que le quiten la visa a los mexicanos. ¿Qué político mexicano va a agacharse, a arrodillarse, frente a Estados Unidos? ¿Qué se puede esperar de una persona así?”, le ha lanzado.

La relación con Estados Unidos se ha vuelto un asunto interno de primer nivel desde hace aproximadamente un año, cuando la senadora Lilly Téllez abrió la primera grieta en el muro de contención mexicano. La panista fue entonces a la principal cadena conservadora del país vecino, Fox News, a pedir la ayuda del republicano en la lucha contra los carteles de la droga, una solicitud que fue leída en el oficialismo como una traición y que rompió el consenso que había primado hasta ese momento de conformar un bloque común frente al afán intervencionista de Donald Trump.

Aquella primera llamada de apoyo que levantó una enorme polvareda en el país y acaloradas discusiones sobre la injerencia extranjera se ha vuelto, con el tiempo, en la tónica general, especialmente en los últimos meses. El descubrimiento de que agentes estadounidenses habían participado, sin conocimiento del Gobierno federal, en un operativo en Chihuahua, territorio de la oposición, elevó las críticas de injerencia hacia el país anglosajón por parte del Ejecutivo de Sheinbaum. Desde el otro lado de la frontera, sin embargo, solo ha recibido una ola implacable de cuestionamientos contra múltiples funcionarios del partido.

Mientras el Ejecutivo se ha envuelto en la defensa de la soberanía nacional, la oposición, mermada hasta la irrelevancia en el plano institucional, ha encontrado en Washington una voz autorizada y un amplificador necesario para darle proyección a sus acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico. “Hay un triángulo perverso entre Morena, la oposición y Estados Unidos en esta nueva forma de hacer política”, sintetiza Taracena. De momento, la retirada de la visa a uno de los principales operadores del oficialismo ha levantado muchos interrogantes. La explicación de las autoridades estadounidenses aclararía gran parte de las incógnitas, pero no tienen la obligación de darla ni tampoco han mostrado ninguna intención de hacerlo. Mientras las interpretaciones vuelan y chocan entre sí al sur del río Bravo, al norte se guarda un silencio sepulcral.