Los países de América Latina que mantienen la pena de muerte en sus legislaciones
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Tras mantenerla 30 años en el corredor de la muerte, la justicia estadounidense decidió ejecutar este miércoles a Christa Pike por el el brutal asesinato que cometió en 1995 siendo adolescente.
Pero, Pike sobrevivió a dos dosis de la inyección letal y fue hospitalizada en Tennessee en “estado crítico”, según sus abogados.
Su caso reabre el debate sobre la pena de muerte no solo en EE.UU., sino en el mundo.
De acuerdo con un reporte de Amnistía Internacional, las ejecuciones en Estados Unidos alcanzaron en 2025 la cifra más alta (47) desde 2009.
“Por decimoséptimo año consecutivo, Estados Unidos fue el único país de la región que llevó a cabo ejecuciones”, indicó la organización no gubernamental en el informe “Condenas a muerte y ejecuciones”.
A nivel mundial, Amnistía Internacional registró 2.707 ejecuciones en 2025, lo que representó un incremento del 78% con respecto al año anterior.
La organización, que examinó el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2025, reconoce que la información disponible sobre la situación de la pena de muerte en algunos países es escasa, en ciertos casos, nula, por lo que las cifras pueden ser mayores.
América Latina fue pionera en la abolición total de la pena de muerte: Venezuela, en 1863, fue el primer país del mundo en prohibirla.
Y, aunque a lo largo de las décadas este tipo de castigo ha ido desapareciendo de la región, en algunos países de Latinoamérica aún no se ha eliminado del todo.
Cuba: para delitos de “extrema gravedad”
La pena de prisión perpetua en Cuba fue introducida en 1999 como alternativa de la pena capital.
Una moratoria vigente desde el año 2000 solo fue interrumpida una vez: con el fusilamiento en 2003 de tres jóvenes cubanos acusados de secuestrar un barco con rehenes en La Habana con la intención de huir a Estados Unidos. Fueron condenados por “graves delitos de terrorismo”.
En 2022, la Asamblea Nacional de Cuba aprobó un nuevo Código Penal.
“Se prevén, como sanciones principales para los hechos delictivos de mayor gravedad, la privación perpetua de libertad o la privación temporal hasta 30 años, y se mantiene, con carácter excepcional, la posibilidad de aplicar la sanción de muerte en 23 tipos penales de extrema gravedad, y se suprime en cuatro delitos”, señaló, en mayo de ese año el Tribunal Supremo Popular de Cuba.
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En 2023, en un comentario a una solicitud de información sobre la “moratoria del uso de la pena de muerte” realizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el gobierno cubano pedía que el tema no se viera de forma aislada, sino que se consideraran las condiciones de cada país.
“El pueblo cubano confía en que en el futuro existan las condiciones para abolir la pena capital en el país, a partir de sus convicciones éticas y morales, y su profundo sentido de humanismo”, indica el texto publicado en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
“Sin embargo, esa decisión tendrá que estar vinculada al cese de la política de agresión practicada contra Cuba por el gobierno de los Estados Unidos, de modo que Cuba pueda, en un clima de paz, avanzar en su desarrollo económico, político y social, con plenas seguridades al respeto de su soberanía y a la existencia misma de la nación cubana”.
Asímismo, resaltó que la aplicación de esa sanción tenía un carácter “muy excepcional”.
“Vale destacar que en muchos años no se ha dictado ninguna sanción de pena de muerte por los tribunales cubanos y esta no se aplica desde el año 2003”.
A excepción de Cuba, todos los países latinoamericanos firmaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José.
Este tratado prohíbe a los Estados extender la aplicación de la pena de muerte a delitos a los cuales no se les aplicara en el momento de su adhesión. Para añadir otros se tendría que denunciar el convenio, algo que es considerado “improbable” por muchos analistas.
Guatemala: entre los “abolicionistas solo para delitos comunes”
En 2016, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala declaró la inconstitucionalidad de la pena de muerte en el caso de asesinato.
En 2017, también declaró inconstitucional la implementación de la pena de muerte para cinco delitos previstos en el Código Penal.
“Y derogó las referencias a la pena de muerte que permitían aplicarla según la Ley contra la Narcoactividad”, indicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Prácticamente ya no hay delito que contemple la pena de muerte o que la tenga vigente”, indicó en octubre de 2017 Martín Guzmán, secretario de la Corte, según la agencia de noticias AP.
Ese mismo año, Amnistía Internacional expresaba su beneplácito por la sentencia de la Corte de Constitucionalidad por considerarla un paso clave en el camino hacia la eliminación total de la pena de muerte en Guatemala.
Sin embargo, aclaraba que esa sanción aún se podía aplicar en virtud del Código Militar.
En el informe de 2025 de la organización, Guatemala aparece como uno de los países “abolicionistas solo para delitos comunes”, es decir, que tienen leyes que establecen la pena de muerte para delitos excepcionales, como los contemplados en el Código Penal Militar o los cometidos en circunstancias excepcionales.
De acuerdo con Eddy Morales, especialista en criminología y derecho penitenciario, en el caso del Código Militar la sanción está regulada en el Decreto 214 de 1878.
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“En Guatemala, la pena de muerte no ha sido abolida de la Constitución”, le indica Morales a BBC Mundo desde Ciudad de Guatemala.
El artículo 18 de la Constitución de Guatemala establece los casos en los que no se podrá imponer la pena de muerte:
a) Con fundamento en presunciones;
c) A los mayores de sesenta años;
d) A los reos de delitos políticos y comunes conexos con los políticos;
e) A reos cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición
Pero, según indica Morales, la aplicación de la pena de muerte se encuentra jurídicamente muy restringida porque el país es signatario del Pacto de San José y está limitado por la CIDH.
“La realidad es que no se cumple ni pudiera cumplirse con todos los requisitos que están establecidos a partir del Pacto de San José”, señala el experto.
“Es una normativa jurídica vigente, pero no positiva, o sea, no aplicable: en el Código Penal guatemalteco se deja sin efecto su aplicación porque acepta lo regulado en el Pacto de San José”.
De acuerdo con el experto, hay integrantes y líderes de maras que han sido sentenciados a miles de años “en lugar de la pena de muerte precisamente porque se limita mucho su aplicación. Los tribunales ya no implementan esa sanción, sino un sinnúmero años de reclusión”.
Chile, Perú, Brasil y El Salvador: en “tiempos de guerra”
En la lista de países “abolicionistas solo para delitos comunes” del informe de Amnistía Internacional, aparecen Brasil, Chile, El Salvador y Perú.
Chile aprobó en 2001 sustituir la pena de muerte por la de presidio perpetuo efectivo de 40 años en diversos textos legales, pero su Código de Justicia Militar mantiene la condena capital para varios delitos en tiempos de guerra.
“En resumen, fue eliminada de los delitos no militares y en los militares se mantiene para casos gravísimos”, le dice a BBC Mundo desde Chile el abogado penalista Gonzalo Youseff Quirós.
En El Salvador, la Constitución recoge que “sólo podrá imponerse la pena de muerte en los casos previstos por las leyes militares durante el estado de guerra internacional”.
Los delitos contemplados en el Código de Justicia Militar son traición, espionaje y rebelión que se cometan en “tiempo de guerra internacional”.
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La Carta Magna de Perú de 1993, por su parte, reserva su aplicación para “el delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada”.
Brasil, indica Amnistía Internacional, ha abolido la pena capital para delitos comunes.
“Retiene la pena de muerte solo para delitos graves, como los cometidos en épocas de guerra”.
De acuerdo con el reporte de esa organización, entre los países de la región de América que mantienen la pena de muerte para delitos comunes están Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Trinidad y Tobago.
*Con información del periodista Marcos González Díaz.
