El sector petrolero espera con ansias el cambio de Gobierno en Colombia

La promesa de una transición energética en Colombia, hecha por el presidente saliente Gustavo Petro, pasó por marchitar un sector que podría financiarla, pero que produce un impacto ambiental notorio: los hidrocarburos. Bajo el primer gobierno de izquierda de la historia contemporánea, la Agencia Nacional de Hidrocarburos no firmó un solo contrato nuevo de exploración petrolera en cuatro años, frente a los 229 del octenio de Álvaro Uribe, los 165 del mismo período de Juan Manuel Santos y los 71 de los cuatro años de Iván Duque. La producción de crudo, señala Corficolombiana, está en su nivel más bajo en 16 años, y las reservas de gas se desplomaron hasta obligar al país a importar una tercera parte de lo que consume. El próximo 7 de agosto, Petro le entrega a Abelardo de la Espriella un sector con nueve trimestres consecutivos en caída. El presidente electo promete darle la vuelta: destrabar la exploración, hacer fracking y devolver a Colombia a la producción del millón de barriles diarios de una década atrás.

“Hay mucha expectativa”, resume Hugo Camilo Beltrán, analista de renta variable en Acciones y Valores, sobre el ánimo del mercado tras la victoria de De la Espriella. Parte de esa expectativa, dice, viene del buen recibo a la ministra de Minas designada, María Nohemí Arboleda, valorada tras su paso por la gerencia de XM, el operador del sistema eléctrico nacional. Beltrán enumera los retos: “Nuevos contratos de exploración, la consulta previa de los proyectos, los pilotos de no convencionales y el reemplazo de campos maduros en declive”. En gas, advierte, la salida solo llega si el país recupera autosuficiencia antes de quedar más atado a las importaciones. Todo, insiste, se reduce a una condición: “Reglas del juego claras” que permitan recuperar las reservas.

La producción de petróleo ha caído paulatinamente en un país que, sin ser uno de los grandes jugadores mundiales, ha sido autosuficiente y tiene al crudo entre sus principales rubros exportadores desde hace cuatro décadas. La producción tocó un pico en abril de 2024 —789.914 barriles diarios—, sostenida por pozos que estaban en desarrollo antes de Petro. Sin nuevos contratos que abrieran espacio para reemplazar esos campos en declive, cayó 7,7% desde entonces, hasta los 728.835 barriles diarios del pasado mayo, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Los ingresos del Estado por el sector —que suman las regalías, los impuestos de renta de las compañías y los dividendos de Ecopetrol— siguen la misma curva: de 76,4 billones de pesos en 2022 cayeron a 45,5 billones en 2023 y a 31,8 billones en 2024. Una reducción de 44,6 billones de pesos —58,4%, unos 13.900 millones de dólares al cambio— entre 2022 y 2024, el último con cifra completa disponible, según Corficolombiana.

El gremio confirma la magnitud del golpe. Según la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), las exportaciones de petróleo y derivados pasaron de representar 33% del total del país en 2022 a 25% en 2025. Destacan que, mientras la inversión mundial en exploración y producción creció casi 20% entre 2022 y 2024, la de Colombia cayó un 11% en el mismo periodo. “Las reservas probadas se ubican en 7,4 años para petróleo y 5,9 años para gas. De continuar la tendencia, el país tendrá que importar crudo para abastecer las refinerías, pues no se están reponiendo las reservas que se consumen”, detalla el presidente del gremio, Frank Pearl.

El declive en los campos reverbera en la fuerza laboral, aunque las estadísticas oficiales distan de ser precisas. El DANE agrupa el empleo en hidrocarburos con los de electricidad, gas, agua y gestión de desechos: el segmento ocupó a 609.000 personas en diciembre, 36.000 menos que un año atrás —una caída de 5,6%—, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares. El gremio acota más el número: habla de 360.000 empleos al año. En todo caso, desde los sindicatos expresan la sensación de estancamiento: “La actividad en Colombia está al 50%”, cuenta Óscar Bravo Mendoza, presidente de Asopetrol, la Asociación Sindical de Empleados de la Industria Energética y uno de los tres sindicatos más importantes de Ecopetrol.

Bravo, con casi cuatro décadas en la industria, agrega que los taladros de perforación cayeron “de 60 a 30”, y que por primera vez en 20 años ingenieros y contratistas “miran hacia Venezuela como opción laboral”. No porque allá esté mejor —la recuperación tomará años, en el mejor de los casos—, sino porque aquí “el llamado formal de las empresas petroleras aún es tímido”. Juan David Santamaría, consultor de la firma internacional de reclutamiento Michael Page, matiza: “La demanda de talento en hidrocarburos se ha mantenido sólida”, escribe a EL PAÍS, “aunque con una evolución hacia perfiles más estratégicos y especializados”.

Recuerda que el sector es uno de los mejor remunerados en el país, pero aclara que esa buena paga se concentra en un puñado de perfiles —comercialización y transporte de gas, proyectos offshore y perfiles híbridos que combinan lo operacional con sostenibilidad, regulación y manejo de comunidades— por los que las empresas compiten con salario, movilidad internacional y planes de carrera.

El porvenir

Recuperar el sector trae algunas disyuntivas. Camilo Bayona, Ph.D. y profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Javeriana, es tajante: desde la ingeniería, noe s responsable ni prohibir de tajo toda nueva exploración fósil, ni abrirle la puerta al fracking sin controles. Colombia depende hoy de los combustibles fósiles para más del 75% de su demanda energética total —el petróleo cubre cerca del 90% de la energía del transporte, el carbón, cerca del 40% de la industrial, destaca—, mientras la electricidad apenas representa el 18% del consumo final. Por eso, dice, decir que mañana se puede vivir sin petróleo, gas o carbón es “técnicamente ingenuo”; pero ampliar la frontera fósil sin límite es “científicamente irresponsable”.

Pide sacar del terreno ideológico a la fracturación hidráulica, y destaca que sin evidencia científica, evaluación hidrogeológica y consulta social “no es una política de seguridad energética, [sino] una apuesta riesgosa sobre territorios y ecosistemas”. Le concede el diagnóstico al Gobierno entrante, pero con una advertencia: “Reactivar el sector sin condicionalidad climática, ambiental y tecnológica sería un error”. Lo que sí puede hacer es ordenar el Estado: fortalecer la UPME, la CREG, el Ministerio de Minas y la ANLA, y destinar una fracción verificable de las rentas fósiles a financiar la transición.

“El problema no es solo generar energía limpia, es transportarla, almacenarla, gestionarla y usarla donde se necesita”, recuerda. Y ahí entran los combustibles alternativos —su investigación sobre combustibles de aviación a partir de palma y aceite de cocina apunta en esa dirección— como pieza de transición para el transporte pesado y la aviación, donde la electrificación no es inmediata. Su conclusión resume el argumento: “Usemos inteligentemente los recursos fósiles y minerales para financiar su reemplazo”. Una tercera vía científica, gradual, fiscalmente responsable y ambientalmente verificable.

Pearl, de la ACP, coincide en el punto de partida —la decisión sobre yacimientos no convencionales debe tomarse “con información técnica y científica”—, y hace una propuesta concreta: desarrollarlos en el Valle Medio del Magdalena, con “gestión progresiva de los riesgos, monitoreo continuo, protección ambiental, gestión del agua y generación de confianza con las comunidades”, un potencial que, calcula, permitiría “duplicar las reservas de gas del país”. Pearl es menos paciente con los tiempos: “Si no corregimos el rumbo, se acaba la actividad exploratoria en el país en 2030”, advierte, y pide que los primeros 100 días traigan nuevos contratos de exploración, trámites más ágiles, estabilidad tributaria y mano firme contra la conflictividad social que hoy golpea la operación en algunas regiones del país.