El Gobierno y el Senado se encaminan hacia un choque institucional por las comparecencias sobre la crisis de Ceuta

La idea de agosto como un mes desierto de actividad parlamentaria parece cosa del pasado. La agitada vida política española —y mundial—, así como la sucesión de emergencias que el Gobierno de Pedro Sánchez viene encadenando desde la pandemia, han transformado el escasísimo programa estival de las Cortes en uno más nutrido. Este verano, la agenda no para a cuenta del estallido de la inédita crisis de Ceuta, de la que el PP responsabiliza a La Moncloa, y encamina al Senado y al Ejecutivo hacia un choque institucional entre ambos. De un lado, el PP, con mayoría absoluta en la Cámara alta, donde ha registrado las solicitudes de comparecencia de los ministros de Interior, Defensa y Exteriores. En la otra esquina, Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y José Manuel Albares, que no responderán a la cita para evitar “duplicidad” alegando que ya darán explicaciones por propia iniciativa a final de mes en el Congreso.

Entretanto, la cuarta institución del Estado, el presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, advierte a los dirigentes socialistas de que tomará medidas por su negativa a personarse y mantiene viva las convocatorias. La Mesa de esa Cámara ya acudió ante el Tribunal Constitucional por una situación similar, cuando el presidente Pedro Sánchez se negó a comparecer por el accidente ferroviario de Adamuz y en su lugar lo hizo el ministro de Transportes, Óscar Puente. Entonces Sánchez alegó lo mismo que ahora los ministros: que ya iba a ir al Congreso por idéntico motivo. El PP no se dio por satisfecho con la presencia de Puente y planteó ante el tribunal de garantías un conflicto de atribuciones. El Constitucional admitió a trámite el recurso en mayo pasado, un paso que suele ser habitual y no presupone ninguna decisión. Está por ver ahora si los populares deciden mover ficha contra los ministros en la misma dirección.

El serial comenzó el viernes. El PP, que controla los tiempos parlamentarios en el Senado con su mayoría absoluta, conoce desde entonces que ni Grande-Marlaska, ni Robles ni Albares secundarán las sesiones de las comisiones de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores, fechadas para los días 12, 14 y 17. El propósito de los populares es mantener caliente el debate en torno a la entrada masiva en Ceuta de 70.000 personas. Y no esperar hasta finales de mes para apretar las tuercas a La Moncloa por este asunto.

Génova había registrado en la jornada anterior, el jueves, las peticiones de comparecencia de esos tres ministros, además del titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. A primera hora de la mañana del día siguiente, fue el Gobierno el que anunció que esos cuatro miembros del Ejecutivo darían explicaciones en el Congreso a partir del día 25. El PP no tardó ni una hora en comunicar a los medios que el Senado ya había fijado las comparecencias de Marlaska, Robles y Albares a partir de este miércoles.

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, escribió entonces a Rollán en nombre del Gobierno para argumentar que los ministros necesitan más tiempo para preparar sus comparecencias y que darán prioridad al Congreso para “cumplir con su obligación de sometimiento al control” parlamentario. Simancas pidió al Senado desconvocar las citas con la advertencia de que, en caso contrario, las ignoraría. La resistencia de los ministros provocó la respuesta airada de Rollán, que a través de una carta enviada el sábado a cada uno de ellos les advirtió de que su ausencia en el Senado esta semana, “sin causa debidamente justificada”, “podrá dar lugar a la adopción de las medidas que procedan por parte de los órganos de la Cámara y a la exigencia de las responsabilidades que en derecho correspondan”.

La cadena de mensajes continuó este lunes, cuando el secretario de Estado escribió otra escueta misiva de cinco líneas a Rollán en la que se limita a reiterar los argumentos ya expuestos en comunicaciones anteriores y expresar la “voluntad de seguir manteniendo las mejores relaciones con el Senado en el cumplimiento de sus funciones”, pero asegurando que nadie del Gobierno acudirá. Porque el PP sigue en sus trece, también ayer, la Cámara alta ha oficializado las citas de los ministros ante las correspondientes comisiones aun con el conocimiento de que no acudirán. “Se va a celebrar una comisión como si estuviera el ministro pero sin él”, avanzan fuentes parlamentarias del PP.

Los populares sostienen que hay “obligación legal” de responder a la llamada y se apoyan, entre otros, en el artículo 66.2 del Reglamento del Senado —“los miembros del Gobierno y demás autoridades y funcionarios de Administraciones Públicas están obligados a comparecer ante las Comisiones y sus órganos, incluidas las Comisiones de Investigación, de acuerdo con los artículos 76 y 110 de la Constitución”—. Ese precepto fue modificado precisamente en noviembre pasado a instancias del PP y gracias a su mayoría absoluta para incorporar la fórmula “están obligados”. Enfrente, La Moncloa, por contra, rechaza que la ley le obligue. Y entiende que las comparecencias “han de sustanciarse en el Congreso, la Cámara que otorga la confianza al presidente del Gobierno”, según la ley fundamental.

El PSOE y otros partidos de izquierda, además, llevan tiempo acusando al PP de “uso partidista” del Senado. Fuentes del grupo socialista en la Cámara alta avanzan que sus senadores adscritos a las comisiones convocadas tampoco estarán presentes. “Utilizan su mayoría absoluta de forma totalitaria. Estamos en periodo inhábil y el Gobierno ya ha solicitado comparecer en dos semanas. La capacidad de control que tiene el Ejecutivo no incluye hacerlo cuándo y como ellos quieran”, aseguran dichas fuentes.

Conflictos ante el Constitucional

No es la primera vez que el presidente del Senado emite una misiva de estas características, pues la diferencia de mayorías entre las dos Cámaras —algo totalmente inusual en democracia— ha provocado ya varios enfrentamientos entre Rollán y la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, durante la presente legislatura. Y también con el Gobierno. Así, la confrontación permanente ha derivado en varios procesos abiertos en el Tribunal Constitucional, adonde ha recurrido el PP planteando una decena de conflictos de atribuciones. Como ejemplo, ha llevado al Ejecutivo ante el tribunal de garantías a través del Senado por no presentar en tiempo y forma los Presupuestos Generales del Estado. También a Sánchez por mandar a Puente en su lugar para dar explicaciones por la tragedia de Adamuz.