El feminicidio de María Camila Potosí expone el silencio de De la Espriella sobre la violencia de género
El feminicidio de María Camila Potosí, una joven de 21 años que tenía ocho meses de gestación, ha vuelto a sumar en Colombia un caso de violencia extrema contra las mujeres. La víctima fue torturada, asesinada y su bebé, extraído de su vientre, sigue sin aparecer. El crimen ocurre en medio de cifras que muestran un patrón sostenido de feminicidios en el último cuatrienio, y en medio del silencio del presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien se atribuyó en campaña abanderar las luchas de las mujeres asesinadas, pero no se ha pronunciado por este crimen.
Según los datos de la Fiscalía, el país no ha logrado revertir la tendencia en los últimos años: 614 feminicidios en 2022, 630 en 2023 y 746 en 2024 —un alza sostenida año tras año—, además de 123 casos solo en los primeros cuatro meses de 2025. El Observatorio de Feminicidios Colombia contó 621 casos el año pasado. El propio Gobierno reconoce apenas un quiebre reciente: en enero de 2026, el presidente Gustavo Petro reportó una caída del 52 % frente a enero de 2025 (de 21 a 10 casos), la primera reducción mensual significativa después de varios años de cifras al alza.
El pasado jueves 16 de julio, Potosí salió de la casa de su cuñada, en el suroccidente de Cali, a confirmar una cita de control prenatal. Ese trámite rutinario fue lo último que se supo de ella con vida. Cuatro días después apareció su cuerpo a orillas del río Meléndez, cerca del corregimiento de La Buitrera. Estaba amarrada, con signos de tortura y heridas de arma cortopunzante. La necropsia reveló que el bebé que esperaba había sido extraído de su vientre, según su madre, quien pide ahora, en público, que se busque a su nieta.
El caso ocurre en medio de un país donde las cifras de feminicidio cuentan dos historias que no terminan de reconciliarse. En Bogotá, la Fiscalía registra una tendencia similar a la del país en lo que va de 2026: pasó de 10 feminicidios entre enero y mayo de 2025 a 7 en el mismo período de 2026. En Cali, la ciudad donde ocurrió el crimen, en 2025 ocurrieron cinco casos, según la Fiscalía; y ocho en 2024.
El problema es lo que aumenta por debajo de esa buena noticia. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses hizo, solo en Bogotá, 1.574 valoraciones de riesgo de feminicidio entre enero y mayo de 2026 —un 64 % más que un año atrás— y 688 mujeres quedaron clasificadas en riesgo extremo. Es decir: menos mujeres mueren, pero más viven con la amenaza documentada de morir a manos de su pareja o expareja. Es una tendencia que las autoridades atribuyen en parte a una mejor detección de los casos, pero que de todas formas describe un país con un volumen alto y sostenido de riesgo letal contra las mujeres.
Y uno con poca capacidad institucional para frenar lo que ocurre. Según la Fiscalía, el 78 % de los delitos sexuales y de violencia intrafamiliar cometidos contra mujeres y niñas entre 2021 y 2023 sigue en la etapa de indagación, sin ningún avance procesal, y Sisma Mujer calcula que el 86 % de las denuncias por violencia intrafamiliar e intento de feminicidio queda en la impunidad. Todo esto pese a que la Ley Rosa Elvira Cely tipifica el feminicidio como delito autónomo, con penas de entre 20 y 41 años de prisión, y a que la preocupación social por las violencias basadas en género ha ido en aumento.
En cuatro años, el Gobierno de Petro dejó algunos movimientos concretos en esta materia, aunque con resultados desiguales. La creación del fugaz Ministerio de Igualdad tenía, entre otros propósitos, que una entidad con rango ministerial tuviera a cargo los asuntos de género, para lo que estaba dedicado uno de sus cinco viceministerios. De ahí salieron programas puntuales, como la línea SALVIA de atención a mujeres víctimas de violencia y la política nacional de cuidados. Pero el avance más concreto lo hizo el Ministerio de Justicia, con una guía para la valoración del riesgo feminicida que usan hoy las autoridades para las alertas tempranas. Son las mismas herramientas detrás del salto en las valoraciones de riesgo que hoy reporta Medicina Legal.
Ese balance agridulce y unas herramientas técnicas que quedaron instaladas es lo que recibe la próxima administración de Abelardo de la Espriella. Tras el homicidio de María Camila Posotsí, el presidente entrante ha insistido en posesionarse en una guarnición militar en el departamento del Cauca y no en el Congreso de la República como es costumbre, ha señalado que delegará la asistencia a la toma de juramento de la peruana Keiko Fujimori, ha anunciado sus primeros embajadores y ha hecho sesiones de empalme regional en Montería o Medellín, pero no se ha pronunciado por el atroz crimen. Es un espejo a su silencio frente a la muerte a manos del ICE de Joan Sebastián Durán Guerrero, el joven colombiano de 26 años que murió baleado por un agente de inmigración estadounidense frente a su hija de tres años.
El asunto de los feminicidios no ha sido ajeno al presidente electo. Durante la campaña, De la Espriella se atribuyó haber impulsado la ley que tipificó el feminicidio como delito autónomo en Colombia. La familia de la víctima y las abogadas que redactaron y tramitaron esa ley lo desmintieron en una entrevista con EL PAÍS.
Más allá de ese debate, ni en el plan de gobierno ni en los anuncios del empalme aparece una política explícita de prevención del feminicidio para el próximo cuatrienio, una claridad sobre el futuro de la guía para la valoración del riesgo feminicida o la línea Salvia. En ese vacío, a las mujeres las siguen matando.
