Precedentes y polémicas de la declaración de emergencia nacional: del bulo del “si quieren ayuda, que la pidan” al apagón

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este viernes la orden por la que se declara la “emergencia de interés nacional en el territorio de la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila como consecuencia de los incendios forestales”, que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, había solicitado el día anterior.

La orden explica que la evolución de los incendios forestales declarados en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, en la Comunidad de Madrid, así como en el de Burgohondo, en la provincia de Ávila (Castilla y León), “está generando una situación de especial gravedad por su rápida propagación, la simultaneidad de varios frentes activos, la afección a zonas habitadas y el riesgo para la población, las infraestructuras y el medio natural”. La simultaneidad de esos fuegos y las condiciones meteorológicas “especialmente adversas” obligan a movilizar “un importante volumen de recursos de distintas administraciones públicas” para su extinción, y la necesidad de evacuaciones preventivas ante la amenaza sobre núcleos de población y el “potencial impacto supraterritorial de la emergencia exigen”, añade el texto, “una actuación coordinada bajo criterios de dirección única”. Por ese motivo, el Gobierno ve justificada la declaración del llamado “nivel 3 de emergencia de protección civil”, lo que se conoce como “emergencia nacional”.

La Ley de 2015 del Sistema Nacional de Protección Civil establece que son emergencias de interés nacional, entre otras, aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de diversas administraciones públicas por la afectación a más de una comunidad autónoma, así como las que, por sus dimensiones efectivas o previsibles, requieran una dirección de carácter nacional. Es el Ministerio del Interior el que declara ese nivel de emergencia y puede hacerlo bien por iniciativa propia o a petición de alguna administración afectada, como ha sido este caso. Tras solicitarlo el Gobierno de Ayuso, el Gobierno ha considerado necesario extender esa declaración a la provincia de Ávila.

La declaración de la emergencia nacional implica que es el Ministerio del Interior el que coordina todas las actuaciones y recursos, tanto estatales como autonómicos y locales. De acuerdo al Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM), la dirección operativa recae en el mando de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Isabel Díaz Ayuso publicó este jueves, a las 21.55, un tuit en el que explicaba que había solicitado la declaración de emergencia nacional ante “la gravedad y simultaneidad de incendios forestales en tres comunidades autónomas y ante el riesgo de que el fuego proveniente de la provincia de Ávila agrave la situación de el de San Martín de Valdeiglesias”. “En Madrid tenemos miles de evacuados e incendios fuera de capacidad de extinción. Nuestros efectivos, junto con la UME, están jugándose la vida para salvar vidas y bienes. Mañana [este viernes]”, añadía, “se esperan condiciones meteorológicas muy adversas y es necesario reforzar el apoyo nacional e incluso internacional de estos incendios”.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, criticó anoche en una entrevista en la Cadena SER la forma en la que Ayuso había hecho la solicitud: “Lo único que ha enviado la Comunidad de Madrid es una escueta carta con la que ha sacado un tuit. Para solicitar algo así es muy importante explicar bien los fundamentos de una solicitud de esa naturaleza. Espero que lo hagan en las próximas horas. Estamos hablando de una cosa muy seria como para resolverla en una carta de tres párrafos para poder poner un tuit. No hay que quitarse a un lado y decir: ‘Ahí la llevas”. Posteriormente, sin embargo, el Gobierno aceptó la petición de Díaz Ayuso.

Pedro Sánchez ha presidido esta mañana en La Moncloa la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD). Por vía telemática han asistido la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, y, desde el Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos (Madrid), el ministro del Interior.

El precedente de la dana y el bulo del “si quieren ayuda, que la pidan”

El 29 de octubre de 2024, la dana de Valencia, de cuya gravedad había advertido previamente la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se llevó por delante la vida de 237 personas y arrasó decenas de municipios. El entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, nunca pidió la declaración de emergencia nacional (nivel 3) y tampoco el Gobierno central la decretó. Permanecer en el nivel 2 implicaba que era Mazón quien estaba al mando y su administración la que solicitaba recursos al Estado en función de las necesidades. Un viernes pidió la presencia de 500 militares y pocas horas después, de 5.000 más.

El entonces presidente de la Generalitat comenzó agradeciendo al Gobierno central su ayuda, pero a medida que arreciaban las críticas por las horas en las que se desentendió de la catástrofe, reunido en un restaurante, cambió completamente su relato. “La coordinación con el presidente del Gobierno y con el ministro Marlaska es muy buena. Yo no hago más que pedir más efectivos conforme la radiografía de las necesidades va creciendo”, declaró el 1 de noviembre de 2024. El Ejecutivo “retrasó las ayudas” y “escatimó el envío de militares” porque los recursos “se asignaban con relación a cuánto creían que iban a ayudar o perjudicar a la Generalitat” y para “debilitar al rival político”, llegó a asegurar en febrero de 2025. El nivel de emergencia 2, como había admitido el propio presidente valenciano, no afectaba a la disposición de recursos, sino a quién dirigía el operativo y por tanto, quién los solicitaba.

Mazón pasó de dar las gracias al Ejecutivo por su ayuda a señalarlo como culpable por la magnitud de la catástrofe. En esa batalla por el relato, el PP tergiversó una frase del presidente del Gobierno, el famoso “si quieren ayuda, que la pidan” por la que Alberto Núñez Feijóo, líder del partido, acusó a Sánchez de “falta de humanidad”. Lo que realmente dijo el jefe del Ejecutivo fue: “El Gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. No hace falta priorizar unos municipios sobre otros, ni jerarquizar tareas. Se prioriza cuando faltan medios y ese no es el caso”.

Durante meses, el PP sostuvo a Mazón, que terminó dimitiendo tras enfrentarse por primera vez a los familiares de las víctimas de la riada en el funeral de Estado un año después de la dana. Pero Feijóo aseguró ya en noviembre de 2024 que lo recomendable era declarar la emergencia nacional, lo que suponía una crítica velada a la gestión de su barón valenciano. Este nunca llegó a solicitarlo.

El apagón

En abril de 2025, cuando se produjo el gran apagón, siete comunidades gobernadas por el PP y una por el PSOE solicitaron la declaración de emergencia nacional. Así, la Comunidad de Madrid, la Valenciana, La Rioja, Andalucía, Murcia, Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura entregaron a Interior la dirección de sus recursos para hacer frente a las consecuencias de la caída del sistema eléctrico, que impedía el normal funcionamiento de infraestructuras, comunicaciones, carreteras, trenes, aeropuertos, colegios, hospitales….