El asesinato de 14 alcaldes en lo que va del sexenio acentúa la presión por la seguridad a nivel local

El asesinato a balazos de Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac —un municipio al este de Morelos—, en el interior del Ayuntamiento este miércoles, ha vuelto a poner el foco sobre un indicador de violencia e inseguridad en México, donde los funcionarios municipales son el blanco del crimen organizado. Con este ataque, suman 14 ediles que han perdido la vida de forma violenta en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta cifra, mayor que la de mandatos anteriores completos, evidencia un síntoma de algo peor: la captura por parte de las organizaciones criminales de los municipios, según explica Víctor Sánchez, académico de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Oaxaca, con cinco casos, es el Estado con más crímenes contra alcaldes en activo en el último año y medio, seguido de Michoacán, con cuatro. Lavín Romero ya había vivido un episodio parecido en enero, cuando fue atacado a balazos mientras viajaba en su vehículo en la carretera México-Oaxaca. Pidió licencia entonces tras esa primera agresión. Su muerte engrosa una lista que inicia en 2024, con tres casos, ocho en 2025 y tres en el año en curso. Además del edil de Temoac, también fueron asesinados a tiros este año Eduardo Saavedra López, el 12 de julio, y Joel Ángel Bravo Martínez, el pasado 13 de junio, alcaldes de Miahutlán de Porfirio Díaz y de San Miguel Amatitlán, respectivamente, en Oaxaca.

El Ejecutivo de Sheinbaum lleva apenas un año y nueve meses en el poder, desde que asumió el 1 de octubre de 2024. Le quedan cuatro años de gestión y sus números ya se acercan a los del sexenio de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, cuando hubo 26 asesinatos de este perfil. Sin embargo, todavía no se acercan a las gestiones de Felipe Calderón, con 37, y el más letal para los alcaldes, el de Enrique Peña Nieto, con 42 casos, según datos de organizaciones no gubernamentales y el registro de medios locales.

Entre los atentados de mayor repercusión, el homicidio de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, en Michoacán, conmocionó al país y llevo al Gobierno a desplegar fuerzas de seguridad a ese Estado, después de que el alcalde fuera asesinado a tiros en noviembre de 2025 por el Cartel Jalisco Nueva Generación. También el de Alejandro Arcos Catalán, edil de Chilpancingo, Guerrero, decapitado apenas seis días después de asumir el cargo, el 6 de octubre de 2024.

Alcaldes asesinados en el actual sexenio

1. Alejandro Arcos Catalán. Chilpancingo, Guerrero (6 de octubre de 2024)
2. Román Ruiz Bohorquez. Candelaria Loxicha, Oaxaca. (15 de octubre de 2024)
3. Jesus Franco Lárraga. Tancanhuitz, San Luis Potosí. (15 de diciembre de 2024)
4. Mario Hernández García. Santiago Amoltepec, Oaxaca. (15 de mayo de 2025)
5. Isaías Rojas Ramírez. Meltratónoc, Guerrero. (2 de junio de 2025)
6. Yolanda Sánchez Figueroa. Cotija, Michoacán. (3 de junio de 2025)
7. Salvador Bastida García. Tacámbaro, Michoacán. (5 de junio de 2025)
8. Lilia Gema García Soto. San Mateo Piñas, Oaxaca. (15 de junio de 2025)
9. Martha Laura Mendoza Mendoza. Tepalcatepec, Michoacán. (17 de junio de 2025)
10. Miguel Bahena Solórzano. Pisaflores, Hidalgo. (20 de octubre de 2025)
11. Carlos Alberto Manzo Rodríguez. Uruapan, Michoacán. (1 de noviembre de 2025)
12. Joel Ángel Bravo Martínez. San Miguel Amatitlán, Oaxaca. (13 de junio de 2026)
13. Eduardo Saavedra López. San Miguel Yogovana, Oaxaca. (12 de julios de 2026)
14. Valentín Lavín Romero. Temoac, Morelos. (22 de julio de 2026)

El senador por Chihuahua del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Vázquez, ha calificado la situación como la materialización del abandono del Gobierno federal hacia los municipios y de una omisión que está cobrando vidas. “Los han dejado solos [a los gobiernos municipales] frente al crimen organizado, en una omisión que ya es criminal por sus consecuencias. Un presidente municipal es la cabeza de su comunidad. Cuando asesinan a un alcalde, buscan sembrar miedo en todo un pueblo y demostrar que la delincuencia puede imponerse sobre las instituciones”, expresó a través de un comunicado a finales del pasado mes de junio. Este diario intentó contactar con un portavoz o autoridad de la Secretaría de Gobernación para obtener un comentario a estas afirmaciones, pero hasta la publicación de este artículo no obtuvo respuesta.

Sánchez, también especialista en seguridad y crimen organizado, apunta que esta capacidad de impacto en la política local es además una muestra de la captura municipal por parte de las organizaciones criminales. Afirma que los municipios se convierten en un esquema múltiple, donde su control les garantiza que las autoridades locales los ayuden, ya sea teniendo influencia sobre la policía, que les adviertan sobre movimientos de fuerzas federales o hasta inteligencia contra agrupaciones enemigas.

“Es por eso que vemos estos conflictos en donde las organizaciones se meten a operar políticamente, a financiar campañas, a generar violencia, a amedrentar candidatos. Es decir, los atentados en contra de alcaldes esconden un problema mayor que la lucha por el control territorial de las propias organizaciones. Entonces, la violencia política es un síntoma de esta lucha que hay de dos o más organizaciones por controlar una zona”, complementa Sánchez vía telefónica.

Erubiel Tirado, académico de la Universidad Iberoamericana y experto en temas de seguridad nacional, dice que, a pesar de que el Gobierno mexicano celebra una reducción del 31% en todos los delitos de alto impacto desde octubre de 2024, considera que la estrategia federal no se está aplicando de manera uniforme. “Los municipios son la estructura de Gobierno que tiene el primer contacto, pero la estrategia de seguridad no es uniforme en términos de fortalecimiento de capacidades y contención de la violencia”, complementa.

Sánchez es realista y considera que hacerle frente al crimen organizado es imposible, sobre todo por la capacidad bélica de estas organizaciones. En ese contexto, continúa, solo con el apoyo del Gobierno federal podrían confrontar al crimen organizado. “El abandono de los gobiernos municipales frente al crimen organizado es un problema crónico. Esta misma reflexión es válida también para cuando gobernó el PRI [Partido Revolucionario Institucional] y el PAN, pero coincido con que debe ser atendido desde el Ejecutivo federal y que ahora, como Morena está al frente del Gobierno, le toca”, afirma.

El académico de la Universidad Iberoamericana ve que el perfil de los municipios donde han sucedido estos casos son, “casi siempre”, demarcaciones pequeñas. “Es decir, a los que hacen más daño. Los municipios mayores no se tocan por cuestiones políticas. Hay que tomar en cuenta que de los más de 2.500 municipios que hay en el país, 500 de ellos tienen muy pocos elementos de policía. Hay algunos que tienen entre tres y 10 oficiales”, agrega.

El año que viene habrá elecciones para 17 gubernaturas, ayuntamientos, diputaciones locales y federales en México. Durante el proceso electoral de 2024, se registraron 37 asesinatos de aspirantes, precandidatos y candidatos a diversos puestos de elección popular, de los que la gran mayoría buscaba cargos a nivel municipal (alcaldes, regidores y síndicos). Tirado dice que falta menos de un año para los comicios, pero admite que la violencia contra autoridades electas avanza, como las precampañas que ya han emprendido los partidos, de forma anticipada.