El esperado diálogo entre el chavismo y la oposición arranca solo con una llamada telefónica
El esperado inicio de las conversaciones entre el Gobierno de Venezuela y un sector de la oposición ha quedado reducido a una llamada telefónica. La fecha del 1 de agosto estaba marcada en el calendario y había levantado expectativas sobre las posibilidades de que finalmente arrancara una transición política. Sin embargo, al final de la tarde de este sábado y en medio de un absoluto hermetismo, Jorge Rodríguez publicó un comunicado en el que aseguró haber hablado por teléfono con Dinorah Figuera, representante de la Asamblea Nacional de 2015, “a los efectos de iniciar un proceso de diálogo político inclusivo y efectivo para aunar esfuerzos en la atención de las víctimas del doblete sísmico del 24 de junio”.
Las grietas de este nuevo intento de negociación asoman en la propia versión de Figuera. En su comunicado, la opositora sostuvo que la conversación dio inicio a un proceso de diálogo “para la transición democrática”, situando en segundo plano la atención a los afectados por el desastre. La transición es un asunto que el chavismo rechaza abordar, al menos de forma pública. No obstante, los mensajes difundidos en redes sociales añaden que ambas partes acordaron una primera sesión presencial en Caracas la próxima semana centrada en tres ejes: atención a las víctimas del doble terremoto, fortalecimiento de la democracia, y derechos y garantías políticas. También aseguraron haber definido “metas claras y verificables”, aunque sin precisar cuáles.
El Ejecutivo anunció formalmente la comisión de seis personas que acompañará a Jorge Rodríguez. El equipo gubernamental estará integrado por la ministra de Educación Universitaria, Ana María San Juan —una ficha incorporada al Gabinete tras la remodelación institucional a la que el chavismo se vio obligado después del 2 de enero—; el diputado Jorge Arreaza, quien lideró la implementación de la ley de amnistía; Pedro Infante, vicepresidente de la Asamblea Nacional y perteneciente a los cuadros más radicales del régimen; y las parlamentarias de las juventudes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) América Pérez y Génesis Garvett. Esta última ya formó parte de las delegaciones oficiales en las negociaciones de México entre 2022 y 2023.
La conformación del equipo de Figuera también se hizo oficial este sábado, confirmando que estará integrado por diputados de Primero Justicia y Voluntad Popular, los supervivientes de la Asamblea Nacional de 2015 cuyo periodo legal venció en 2020. Ambos partidos integran la Plataforma Unitaria Democrática, coalición que semanas antes de este anuncio había firmado un acuerdo en Panamá para que María Corina Machado liderara las negociaciones con el Gobierno para fijar un cronograma electoral. A Figuera la acompañarán Marco Aurelio Quiñonez, Ramón López, Jorge Millán, Sergio Vergara y Juan Miguel Matheus, junto a un equipo de apoyo compuesto por Macario González, Desiree Barboza, Julio César Moreno y Elimar Díaz.
Este diálogo arrancó de forma abrupta el pasado junio, cuando Figuera aterrizó en Venezuela tras siete años en el exilio para reunirse con Jorge Rodríguez. Al igual que el Gobierno de Delcy Rodríguez cuenta con el tutela de Washington, este proceso ha sido diseñado desde el Departamento de Estado. La Administración estadounidense decidió rescatar la figura de la Asamblea Nacional de 2015, a la que Donald Trump dio reconocimiento en 2019 cuando Juan Guaidó se proclamó presidente interino. La instancia se ha mantenido en pie con una alineación reducida gracias al respaldo de EE. UU., que le otorga facultades jurídicas sobre el control de los activos venezolanos en el extranjero.
Figuera ha insistido en que su rol es puramente institucional y que lo ha asumido a petición de Washington. Aunque no se han detallado los objetivos finales, se prevé que aborden la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral y de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, un trámite que el Parlamento dominado por el chavismo inició hace semanas y que permanece en suspenso. También se ha sopesado la restitución legal de los partidos políticos intervenidos por la justicia chavista. El calendario de conversaciones se extenderá de agosto a diciembre.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó días atrás que este proceso marcará el inicio de la transición política en Venezuela, dentro del plan de tres fases trazado tras la intervención militar que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. “Un grupo que representa a la Asamblea Nacional de 2015 —la última elegida democráticamente y a la que reconocimos como el gobierno legítimo— se reunió con el gobierno interino y acordó establecer un formato y un foro no solo para las conversaciones de reconciliación, sino también para iniciar el proceso de transición que necesita el pueblo venezolano”, señaló el pasado 20 de julio, cuando se anunció la cita del 1 de agosto.
Pese a los anuncios, entre sectores opositores y analistas persisten profundas dudas sobre en qué medida este intento diferirá de la docena de negociaciones pasadas. Una de las principales debilidades del proceso es la exclusión del sector opositor con mayor respaldo popular. Aunque María Corina Machado ha quedado al margen, aseguró recientemente que no será un obstáculo y que evaluará el proceso en función de sus resultados. Su coalición, sin embargo, exige como prioridades la liberación de todos los presos políticos —cerca de 400 personas en prisión— y la fijación de un calendario para nuevas elecciones presidenciales, tras el fraude perpetrado por Maduro dos años atrás. Estas demandas no han sido recogidas expresamente entre los objetivos de una mesa de diálogo que arranca bajo la sombra de fracasos anteriores, pero con una diferencia sustancial: esta vez es Estados Unidos quien mueve los hilos del tablero.
