El día después para Petro: un expresidente con problemas legales y el liderazgo de la oposición

Gustavo Petro está regresando a la zona política en la que se movió muy cómodo por décadas: la oposición. El presidente que termina su mandato este viernes fue un congresista estrella en Colombia país por sus denuncias contra los corruptos poderosos, desde los que se aliaron con paramilitares hasta los que se robaron el dinero público de la capital. Sin embargo, no sale de la Casa de Nariño con la bandera anticorrupción, sino más bien con muchas preguntas sobre lo que ocurrió durante su mandato. Aunque dijo inicialmente que se retiraría de la política para escribir un libro, ahora quiere ser el líder de la oposición y quien maneje su partido, el Pacto Histórico. En su contra tendrá al nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, un abogado penalista que ha prometido perseguirlo legalmente e, incluso, extraditarlo, cuando el ya casi expresidente enfrenta más de un proceso legal.

Como todos los presidentes, Petro gozará de un privilegio legal: solo la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, un órgano político con 17 congresistas y famoso por su inactividad, puede investigar acusaciones por presuntos delitos cometidos como mandatario. Allí caben las denuncias por participación en política durante las elecciones, injuria y calumnia contra empresarios, traición a la patria por su política de seguridad (una demanda que interpuso el presidente electo en 2025), o la que recientemente hizo su antigua mano derecha en la Presidencia, Angie Rodriguez, por divulgar información de su salud mental y vincularla con el paramilitarismo. Además, mientras ocupe el cargo, todos los procesos penales reposan allí, pero una vez sale del puesto, cualquier presidente ve cómo los hechos que habrían ocurrido antes o después de su mandato, o incluso durante este pero sin relación con su cargo, vuelven a la justicia ordinaria.

Aunque en la que suele llamar “Comisión de Absoluciones” no suelen prosperar los casos, hasta julio siguiente la presidirá un antipetrista cercano a De la Espriella: el representante Daniel Briceño, miembro del partido del expresidente de derecha Álvaro Uribe, el Centro Democrático, y quien hizo campaña por De la Espriella para la segunda vuelta. Si bien no hay mayorías aseguradas contra Petro en la Comisión, dividida como todas entre opositores, gobiernistas e independientes, Briceño es uno de los interesados en que alguno de los casos avance y, por lo menos, tenga eco político.

El que más se ha movido hasta ahora contra Petro es el de la supuesta financiación irregular de su campaña política de 2022. En 2023, la Fiscalía compulsó copias contra el presidente en medio de los procesos que sigue contra otras personas, incluyendo quien fuera el gerente de la campaña y presidente de Ecopetrol durante este cuatrienio, Ricardo Roa. La Comisión designó un grupo de tres congresistas para estudiar a fondo el expediente, y dos de ellos consideraron necesario llamar al mandatario a indagatoria, algo que no ha ocurrido. Este viernes, Petro deja el Ejecutivo y el proceso pasa a la Fiscalía. Ya el Consejo Nacional Electoral sancionó a Roa por estos hechos y la Fiscalía le imputó cargos por violación de los límites de gastos. El ingeniero podría estar buscando una negociación para lograr una pena menor, en un giro que podría complicar la defensa de Petro.

Como expresidente, el político también enfrentará las dificultades de estar en la lista OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, también conocida como lista Clinton. Se trata de un mecanismo para sancionar a personas vinculadas con ciertas actividades ilegales, que se aplica sin tener que vencerlas en juicio o siquiera presentar pruebas. Petro está allá, señalado de tener vínculos con actividades del narcotráfico, y lo acompañan la primera dama Verónica Alcocer (de quien ha dicho estar separado), su hijo mayor y su ministro del Interior. La posibilidad de que ese señalamiento pase a ser un proceso activo contra Petro existe, por lo menos en las preocupaciones del saliente mandatario, quien ha hablado de su temor de ser detenido, extraditado o perseguido judicialmente.

Más allá de esa eventualidad, la estar en la lista OFAC congela las actividades económicas de las personas con cualquier empresa que tenga relaciones con Estados Unidos, como las entidades financieras, las multinacionales o las aerolíneas. Eso les implica grandes dificultades para viajar libremente, pese a que Petro tenga la ciudadanía italiana, que le facilitaría el acceso a numerosos países. Por esos efectos devastadores para un ciudadano de a pie, a principios de julio el propio Petro contó que había pedido a Donald Trump que lo sacara de la lista OFAC, y que este le contestó que era una posibilidad. Pero la salida no se ha concretado. A solo dos días de perder el fuero presidencial, los medios locales reportaron que Petro insiste en pedir un permiso especial para viajar a Estados Unidos, país del que perdió también la visa, para insistir. No ha viajado hasta este momento.

Si la vida judicial de Petro es complicada, su poder político sigue siendo enorme: sale de la Casa de Nariño con una imagen favorable que ronda el 40%; aupó la bancada más grande del Legislativo; impulsó a un candidato presidencial, el senador Iván Cepeda, que perdió las elecciones por solo un margen minúsculo de votos.

Su partido, donde conviven distintas corrientes en tensión entre ellas, lo coronó el líder de la oposición, el único con el poder de mantenerles unidos. “Colombia tendrá una desobediencia pacífica”, prometió en su último discurso en plaza pública, ante cientos de simpatizantes reunidos en el municipio de Soacha, conurbado con Bogotá, este martes. Allí reiteró sus sus banderas para los próximos años: defender su legado en cuanto a reformas sociales; hacer oposición a Abelardo de la Espriella; insistir en que hubo un fraude en las elecciones presidenciales, así todos los observadores electorales, nacionales e internacionales, le contradigan.

“Esta no es la última manifestación del gobierno, sino la primera en la resistencia popular”, dijo el mandatario, que se alista a volver a las protestas en las calles. “Apenas retroceda una sola reforma social, hay que convocar a la movilización nacional”, prometió. También aseguró que en las “oficinas de Marco Rubio”, el secretario de Estado en Estados Unidos, llaman al presidente electo “Abelardo el Breve. Ya intuyen que no duraría los cuatro años de gobierno, sino que la población colombiana lo haría renunciar”.

Las marchas no solo serán para defender su legado, sino también para defenderlo a él mismo. “Si se atreven a tocar al que habla, al presidente actual de Colombia y tratar de mancillarlo con cárceles inmerecidas, sean dentro de Colombia o fuera, yo invito desde aquí, antes de que sea tarde, a que se convoque una huelga general indefinida”, pidió Petro, el expresidente en ciernes que ve el juicio que viene en su contra y la marcha del día después.