Al interior del nuevo Poder Judicial: un año de fidelidad a Sheinbaum, peleas por el presupuesto y tensión entre presidentes

Durante algunas semanas, los muebles que venían de la unidad de investigación de la Suprema Corte se quedaron en el patio del Tribunal de Disciplina deteriorándose a la intemperie. La razón era sencilla: esas mesas y esas sillas, elegantes y ejecutivas, que habían estado en los salones de madera del Alto Tribunal no cabían en su nuevo destino de la avenida Insurgentes Sur 2417. Algo parecido pasó también con los ordenadores: se había trasladado al personal encargado de la vigilancia y control de la SCJN y del Tribunal Electoral al nuevo órgano, pero sus computadoras no eran compatibles. Ni las usaban ni les compraban otras. Esos muebles ilustran desde el detalle cómo ha sido la transición general del nuevo Poder Judicial, que ha logrado a trompicones cumplir su primer año, marcado por las peleas por el presupuesto, la tensión entre las cabezas de los distintos órganos y la fidelidad al Gobierno de Claudia Sheinbaum.

El 1 de septiembre de 2025 se inauguró una nueva era en el sistema judicial de México: el país se convirtió en el único del mundo en elegir por elección popular a todos sus juzgadores. Ese día, de un plumazo, entraron nuevos 881 cargos federales y 1.800 locales. Además se inauguraron el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y el Tribunal de Disciplina, las dos nuevas cabezas del antiguo Consejo de la Judicatura Federal, con todo el caos burocrático y de personal que supuso esa separación tajante de la noche a la mañana.

Los críticos a la reforma judicial avisaban de la inexperiencia de muchos de los nuevos cargos, de los riesgos de que los jueces se convirtieran en políticos en una elección constante, sobre todo, del debilitamiento de los contrapesos al Gobierno de Morena. Sus defensores creían que se acercaba al pueblo una justicia elitista y que iba a favorecer la rendición de cuentas. Un año después, EL PAÍS reconstruye con trabajadores las tensiones, las negociaciones, los avances y los grandes pendientes. “Creo que queda mucho por hacer”, resume una fuente del Tribunal de Disciplina, “sí hay problemas porque es una transición, pero no todo es blanco y negro”.

El silencio del Órgano de Administración

Los que han estado en el despacho de Néstor Vargas, el presidente del poderoso Órgano de Administración Judicial (OAJ), identifican dos fotos: a un lado, la presidenta Claudia Sheinbaum; al otro, Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Gobernación. “Eso nunca se había visto en un órgano judicial”, apunta una fuente cercana. Vargas, quien arrastra una denuncia por abuso sexual, fue consejero jurídico de Sheinbaum en el Gobierno de Ciudad de México y después designado por ella para el Órgano. Los otros integrantes lo eligieron presidente en un acto a puerta cerrada y desde entonces está al frente del monstruo que controla el millonario presupuesto del poder judicial.

Pese a su poder, el OAJ ha tratado de mantenerse lejos del escrutinio público, al que sí están sometidos a diario, por ejemplo, los ministros de la Suprema Corte. En esta estrategia hubo una grieta. El 6 de enero, Lorena Josefina Pérez Romo dejó su puesto en una salida inesperada después de solo cuatro meses en el cargo. Oficialmente sigue sin conocerse nada sobre la renuncia, pero alrededor han girado acusaciones de irregularidades económicas dentro del órgano y también de una lucha de poder con Vargas. Pérez fue sustituida por Xóchitl Almendra Hernández, cercana al ministro de la Corte Irving Espinosa. Después de ahí, de nuevo el silencio.

“El OAJ no está funcionando como un órgano colegiado, es Néstor quien está tomando las decisiones, lo hace todo él, como si él fuera el órgano”, apunta una fuente cercana, que identifica que ante la duda, el presidente nombra a la presidenta: “Yo ya le dije a Claudia”. Dos fuentes señalan el enfrentamiento claro entre Vargas y Celia Maya, la presidenta del Tribunal de Disciplina. Una tensión que ha obstaculizado el ya de por sí desordenado traslado de recursos del OAJ al resto de tribunales.

“El Órgano de Administración es un completo desastre que ha permeado al funcionamiento de todos los tribunales”, afirma un cargo dentro del Tribunal Electoral, que explica que la aprobación de los recursos se hace semana a semana, lo que obliga “a una serie de conversaciones desgastantes para que se aprueben cosas bastante banales”, como la compra de papel higiénico o de folios para imprimir. El comedor institucional del TEPJF, por ejemplo, estuvo sin funcionar durante meses porque el contrato se había quedado “atorado” en el OAJ. Lo mismo con las sillas o los ordenadores del Tribunal de Disciplina. “No han encontrado una forma eficiente de trabajar con todos los tribunales que tienen que atender”, apuntan. Es un Órgano para más de 900 órganos jurisdiccionales federales.

El torpe despertar del Tribunal de Disciplina

Era final de octubre y el Tribunal de Disciplina apenas estaba todavía repartiendo a sus cinco integrantes en comisiones. Hace apenas un mes que entró en vigor su reglamento interno y 10 días que crearon su Comité de Transparencia. La estrella de la reforma judicial, el que iba a encargarse de la corrección de los jueces y magistrados, no ha publicado todavía cuántos casos está investigando, cuántos juzgadores han sido sancionados y por qué motivos, cuántas quejas han llegado y cómo se han canalizado. Una fuente dentro del tribunal define todo este primer año como una transición, mientras otra identifica ya la falta de controles y los sesgos en las investigaciones.

“Ha faltado agilidad porque el Tribunal no tiene acceso directo a su presupuesto. Entonces es complejo que otro órgano decida qué necesitas”, apunta una fuente interna, que valora la división del antiguo Consejo porque tenía “mucho poder”: “Ahora hay más equilibrio”. Sin embargo, en la partición, el OAJ se quedó con el personal, lo que también ha lastrado la puesta en marcha del Tribunal de Disciplina.

A eso se ha unido al alto número de quejas que reciben: unas 1.000 al mes. Estas reclamaciones —que vienen de la Fiscalía, la Consejería Jurídica, los sindicatos o cualquier ciudadano— pasan primero por el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas (OIRA). Este departamento tiene la instrucción de solo avanzar con las que tengan “elementos” y que no todo sea una “sanción”. Así, por ejemplo, cuando se reciben reclamos por la tardanza en los tribunales (el 66% de los asuntos en los tribunales de circuito presenta rezago y el 26% de los juzgados de distrito, según las cifras del OAJ) se opta primero por llamar a los titulares para presionar: “Tienes rezago, tienes que atenderlo, se están quejando”. Estos avisos, apunta una fuente cercana, sí están funcionando.

Esa dinámica es muy diferente de la que otra fuente identifica en las suspensiones a jueces y magistrados. “Hay varios grupos: algunos conflictos laborales, equivocaciones de titulares, sobre todo, cuestiones políticas”, apunta: “Se está juzgando el criterio jurisdiccional, es decir, cómo resolvieron. También cuestiones procesales sobre la reforma judicial, por ejemplo, un magistrado está ahora suspendido por presentar en las audiencias a una magistrada como magistrada electa”.

Además de vigilar la tan mentada corrupción de los jueces y el rezago en la impartición de justicia, el Tribunal de Disciplina era también la respuesta del Gobierno para corregir la inexperiencia de los jueces electos. Se iba a encargar de evaluarlos y también de ordenarles los cursos de formación. Una fuente interna cifra que entre el 8% y el 11% de los nuevos juzgadores van a tener que pasar el curso de actualización tras no aprobar los exámenes de evaluación.

Sin debates en el Tribunal Electoral

Hace años que la polémica envuelve al Tribunal Electoral. La lucha por controlar la institución estalló en 2023 y sus consecuencias todavía siguen. En 2024, los votos de la Sala Superior fueron necesarios para ratificar la supermayoría de Morena en las elecciones. Esto llevó a que en 2025 fuera la única que se salvara de la demolición judicial. Solo sus dos puestos vacantes salieron a las urnas y se permitió que los magistrados que ya estaban se quedaran hasta la siguiente elección judicial. Ahora eso todavía ha ido a más: Morena acaba de aprobar que puedan reelegirse en 2028 y permanecer en el máximo órgano electoral seis años más, es decir, hasta 2034. Así, algunos podrían sumar hasta 17 años en el cargo cuando su mandato era solo de ocho.

Este premio es una consecuencia directa de la actuación de los magistrados. En el Tribunal Electoral, relata una fuente interna, los debates se han acabado: “El magistrado Reyes Rodríguez explica el sentido de sus votos y razona los argumentos, pero eso dejó de ser frecuente, como antes de la elección cuando todavía había un poco más de pluralidad y se discutían las posturas durante la sesión pública. El debate ya es una rareza dentro del tribunal”.

Cuando hay temas delicados, agrega esta empleada, “hay una coordinación de las magistraturas para decidir quién va a argumentar frente a la postura del magistrado Reyes Rodríguez”. Tratan, señala, de que no sea el presidente Gilberto Bátiz quien lo haga y suele ser la magistrada Claudia Valle. Ambos fueron electos en junio del 2025, pero sí conocían la labor jurisdiccional del tribunal (Valle, por ejemplo, venía de una sala regional): “Ha sido un pleno decoroso en ese sentido”.

El Tribunal se agitó hace unos días con la salida sorpresa de la magistrada Mónica Soto, polémica por su cercanía con Morena. Su renuncia —unida a la de Janine Otálora cuando se acabó su mandato— vuelve a dejar a la sala superior con solo cinco integrantes. Hasta el momento, el Gobierno no tiene intención de completar el pleno (que son siete) hasta que vuelvan a salir las plazas en la elección judicial de 2028.