El ‘caso Begoña Gómez’ entra en la era pos-Peinado: ¿qué plazos se manejan para el juicio?, ¿testificará Pedro Sánchez?

El magistrado Juan Carlos Peinado ha dirigido durante dos años y cinco meses una investigación cargada de polémica contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por primera vez en la historia democrática de España, un juez instructor ha imputado, ha procesado y ha enviado al banquillo (decisión que firmó este mismo lunes, apenas seis días antes de jubilarse) a la pareja de un jefe del Ejecutivo. Aunque la Audiencia Provincial de Madrid ha encauzado parte de sus pesquisas y ha marcado la senda por donde el sumario podía prosperar, Peinado ha encabezado la iniciativa para que se siente a Gómez ante un jurado popular formado por nueve ciudadanos. Pero, a partir de ahora, queda ya todo lejos de las manos del cuestionado magistrado. Comienza, en palabras de fuentes cercanas al caso, la “era pos-Peinado”.

A las 10.18 de este lunes, Peinado puso su rúbrica a la resolución de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez por delitos de tráfico de influencias y malversación; y contra su asistente en La Moncloa, Cristina Álvarez, solo por malversación. Era un paso previsto por las defensas y las acusaciones. No se esperaba que, a estas alturas de la causa y contando ya con el aval de la Audiencia de Madrid para procesar a ambas por esos delitos, el instructor diese un giro de 180 grados y archivase las pesquisas que ha impulsado y que le han convertido en uno de los protagonistas del debate político y jurídico de este país. Por ello, desde hace semanas, las partes piensan en el siguiente escenario. Estas son algunas cuestiones claven que lo marcarán:

¿Qué juez asumirá la causa? El expediente se elevará en los próximos días a la Audiencia de Madrid, encargada del futuro juicio. Una vez recibida toda la documentación, este tribunal —el órgano colegiado más grande de España, con cerca de 180 magistrados— tendrá que establecer a qué sección especializada en Penal le corresponde por reparto. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia detallan que el tribunal provincial cuenta con 15 secciones dedicadas a ese área, pero tres quedan descartadas de entrada: dos de ellas, porque se centran en cuestiones de violencia machista; y una tercera (la bautizada oficialmente como número 23), porque se encuentra contaminada, al haber conocido ya el contenido del sumario al resolver los recursos presentados contra las decisiones del instructor Peinado.

Una vez fijada la sección, llega el momento de comunicar qué magistrado asume el proceso —quien, entre otras cuestiones, tendrá que presidir el juicio con jurado, pronunciarse sobre nuevas cuestiones previas que se planteen (como vulneración de derechos) y redactar una futura sentencia—. Cada sección cuenta con cinco jueces, según fuentes jurídicas, se tiene establecido un correturno por el tiempo de antigüedad de pertenencia a la sección.

¿Se puede llegar a no celebrar el juicio? La legislación contempla esta posibilidad, pero no será fácil. La Ley del Jurado establece que, al personarse ante la audiencia provincial, las partes pueden plantear cuestiones previas a la celebración del juicio (por ejemplo, nulidades y vulneración de derechos). Fuentes de la defensa explican que se prevé aprovechar entonces para solicitar al nuevo magistrado que archive el caso con una tesis que Peinado rechazó este lunes: que el escrito de acusación de la asociación ultracatólica Hazte Oír, que lidera la única acusación personada en el sumario, contiene “graves defectos” técnicos incompatibles con la normativa y ya “insubsanables”; por lo que no puede aceptarse, como no existe otro, debe darse carpetazo al caso.

¿Qué plazos se manejan para la celebración del juicio? Fuentes jurídicas inciden en que, desde que entra el caso en la Audiencia y se enjuicia, el tribunal provincial maneja unos plazos que van de cinco a 10 meses. Estas fuentes recalcan que se trata de una estimación y que dependerá, además, del tiempo que tarde el nuevo magistrado designado en resolver las posibles cuestiones previas que se pongan sobre la mesa, así como en acordar qué pruebas se aceptan para que se expongan ante los nuevo miembros del jurado que se elijan. En este sentido, fuentes del Gobierno calculan que un posible juicio no llegaría hasta avanzado 2027, por tanto, se baraja que no se celebre antes de las elecciones generales.

De momento, en su resolución de este lunes, el propio Peinado advierte de que ahora se da un plazo de 10 días a la Fiscalía para que presente su escrito de conclusiones provisionales —ya ha avanzado que reclamará la absolución—. Una vez que el ministerio público lo haga, todas las partes tendrán otros 15 días para personarse ante la Audiencia de Madrid y plantear sus cuestiones previas. Después, el nuevo magistrado designado deberá resolverlas y dictar una nueva resolución, entre otras cuestiones, “precisar el hecho o hechos justiciables” en el futuro juicio. Según añade la ley, “también señalará día para la vista oral” y para la conformación del jurado, que vendrá condicionado por otros procedimientos en los que participe.

¿Testificará Pedro Sánchez? Entre las cuestiones que tendrá que resolver el nuevo magistrado, se encuentran las pruebas a exhibir durante el juicio y los testigos a interrogar. La acusación popular liderada por Hazte Oír ha reclamado que declaren cerca de un centenar de personas: entre ellas, Pedro Sánchez; Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (a quien Peinado intentó imputar y el Tribunal Supremo lo descartó por falta de indicios); y el comisionista Víctor de Aldama, condenado por corrupción en el caso Koldo. Sin embargo, fuentes de la causa explican que el magistrado tiene la posibilidad de depurar ese listado y que, precisamente, el estudio de tal cantidad de testigos planteados abre la puerta a que se tarde más tiempo.

En su escrito de defensa, Begoña Gómez no solicitó la declaración de su marido en el juicio. En esta línea, cuando el juez Peinado acudió en instrucción a La Moncloa para tratar de interrogar al presidente del Gobierno, este se acogió al derecho de todo ciudadano a no declarar en un proceso abierto contra su esposa.