Comunidades gobernadas por PP y Vox siguen acogiendo a menores migrantes que llegaron a Ceuta antes de la crisis

Al menos tres comunidades gobernadas por el PP y Vox —Castilla y León, Aragón y Extremadura— están acogiendo estos días, en medio de la crisis, a menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta, aseguran a EL PAÍS fuentes de la administración ceutí. Lo hacen forzados por la solicitud del equipo del popular Juan Jesús Vivas y en aplicación de la obligación de la ley de extranjería en su artículo 5. Hasta ahora, todavía se trata de niños y adolescentes que habían entrado en la ciudad autónoma antes del cruce masivo del 30 y 31 de julio, porque la tramitación de los expedientes requiere de tiempo. Pero las mismas fuentes avanzan que algunos de los procesos que afectan a los llegados en la crisis están en marcha y siguen los mismos trámites, por lo que continuarán similares cauces en las próximas semanas. Madrid, Murcia y Galicia (del PP) también están recibiendo estos menores, así como Castilla-La Mancha (del PSOE).

Las derivaciones de los menores extranjeros desde Ceuta a la Península se están produciendo tanto estos días de septiembre como durante todo el mes pasado. Hasta mediados de julio, más de 1.750 menores extranjeros llegados a Ceuta, Melilla y Canarias habían sido trasladados a otros territorios en un año. Pero, con la entrada masiva, todo colapsó en la ciudad ceutí. Con el paso de los días, y tras el tremendo impacto inicial, continuaron resolviéndose los expedientes de los ingresados antes de la crisis y materializándose nuevos traslados a otras comunidades. Fuentes del Ministerio de Infancia también confirman las derivaciones en agosto y septiembre, aunque sin concretar dónde, pues es competencia del Ejecutivo de la ciudad.

Los traslados se están produciendo pese a los acuerdos autonómicos de PP y de Vox en los que se plasma que no aceptarán más niños ni adolescentes inmigrantes, y que fueron firmados entre abril y junio. Un discurso que se ha agudizado y se ha vuelto rotundo contra quienes consiguieron traspasar la frontera el 30 y 31 de julio. En privado, eso sí, los presidentes autonómicos del Partido Popular y fuentes del partido de Santiago Abascal llevan semanas reconociendo que tienen que “cumplir la ley”. Lo que supone no poder rechazarlos en la realidad, por muchos recursos judiciales que los Gobiernos autonómicos interpongan a la norma —hasta ahora sin éxito—, o discursos airados lanzados en público. Y asumen que han de ceder no solo respecto a los menores llegados antes de la crisis, sino también a los que pisaron suelo ceutí después del 30 de julio si les obligan. Génova se niega y junto a Vivas piden que todos sean retornados a Marruecos.

Ley de extranjería

La norma que impone las derivaciones de los menores es el artículo 5 de la ley de extranjería, reformado por el Congreso en marzo de 2025. Meses después, en agosto, el Gobierno aprobó un real decreto en el que establecía las plazas que corresponden a cada comunidad autónoma. Aquellos territorios que excedan por tres ese número pueden solicitar la contingencia migratoria y el resto de comunidades tiene que aceptar el realojo de los menores obligatoriamente. A Ceuta le corresponde la atención de 29 plazas ordinarias. Ahora, hay filiados unos 2.200 y otros 1.000 que La Moncloa estima quedan en la calle.

Antes de la entrada masiva, el Ejecutivo ceutí atendía ya a 700, varios de los cuales han sido derivados de manera continua, en medio de la emergencia y en aplicación de ese artículo 5. Durante este mes de septiembre, el pasado día 14, Ceuta trasladó un menor a Castilla y León; el martes 15, otro a Extremadura; el miércoles 16, uno a Aragón, y el jueves 17, hasta 14 niños y adolescentes a Castilla-La Mancha. Además, el Ejecutivo de la ciudad autónoma tiene previstos más realojos: el próximo lunes 21, con un menor a Madrid y otro a Murcia, y el día 24, cuatro a Galicia. Esos son solo algunos datos de septiembre, a los que hay que sumar los traslados del inicio de mes y del pasado agosto, que pueden afectar a más comunidades. Fuentes del Gobierno de la Xunta y de la Junta de Castilla-La Mancha confirman los acogimientos. Madrid responde que de “Ceuta y Canarias, anteriores a la invasión, han seguido enviando expedientes este verano”. El resto de gabinetes no ha respondido.

Estos menores están siendo derivados a través de la aplicación del artículo 5 de la ley de extranjería. Pero también se pueden trasladar gracias a convenios bilaterales firmados voluntariamente entre comunidades autónomas, como ocurrió la semana pasada con cinco niñas cuyo realojo fue pactado entre Ceuta y Navarra. Esas menores sí habían llegado a la ciudad con la entrada masiva. El Ejecutivo ceutí continúa con los expedientes, tanto con una fórmula como con la otra, y esperan que en las próximas semanas, tras realojar a los que entraban antes del 30 y 31, se sigan distribuyendo a quienes llegaron con la avalancha, en aplicación de la obligación legal del artículo 5 de la ley de extranjería ante el rechazo de PP y Vox a recibirlos.

La tesis de Génova ahora es que el cruce masivo es una “invasión”, un problema de seguridad y no una crisis migratoria, por lo que esa ley de extranjería no se puede aplicar a quienes se sumaron a la avalancha del 30 y 31 de julio. Por ende, tampoco rige ni el artículo 5 ni su obligatoriedad de aceptarlos. Sin embargo, barones como el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, no alegan lo mismo que la dirección de su partido y retan a La Moncloa a imponer los traslados. “El Gobierno tiene la capacidad legal para trasladar menores a la península; de hecho, ya lo ha hecho. Ellos tienen el instrumento para que mañana mismo acojamos a los menores”, indicó Moreno en una entrevista en Onda Cero este jueves.