De la Corrala Utopía a Maricarmen: la eterna discordia por la vivienda en la izquierda

En mitad de un mensaje centrado en celebrar el acuerdo presupuestario para 2023, Ione Belarra pegó un volantazo y cambió el titular. Endureciendo el gesto, la líder de Podemos y entonces ministra de Derechos Sociales denunció la “resistencia total” del PSOE a aprobar la ley de vivienda. A continuación, reclamó a la gente movilizarse contra los socialistas. No se ve algo así con frecuencia: un miembro del Gobierno llamando a manifestarse contra su socio en ese Gobierno.

Pero es que el terreno que pisaba Belarra no es cualquier terreno. La vivienda constituye un espacio singularmente conflictivo para las relaciones entre los socialistas y los partidos a su izquierda. Una y otra vez, chocan, sobre todo acerca de la forma de corregir los desequilibrios entre propietarios e inquilinos. Se trata de un conflicto político enquistado sobre un problema social enquistado que ahora, en la recta final de la legislatura y más aún con el llanto de Maricarmen fresco, se recrudece.

Hay causas estructurales que lo facilitan. La discordia hunde sus raíces en disparidades ideológicas, distinta relación con los movimientos sociales, ahora en plena ebullición, y diferente composición —y mentalidad— de los electorados de cada partido. Fuentes tanto socialistas como del espacio a su izquierda coinciden en ver improbable que la vivienda deje de ser un foco de tensión en los próximos meses.

“Es el clásico choque entre la demanda de contundencia de una parte más radical que exige romper un statu quo que considera injusto de raíz, y el gradualismo técnico, que aboga por reformas puntuales. El PSOE es el que sufre más presión de un mercado que se resiste a la reforma. Y a su izquierda se impacientan por el contraste entre la ambición de las demandas sociales y la lentitud de los resultados”, describe la socióloga Aitana Alguacil, coautora de La vivienda en España en el siglo XXI (Cáritas, 2013).

Tensión crónica

Un acontecimiento reciente ha aflorado de forma más clara de lo habitual las discrepancias: el mediático desahucio en Madrid de una anciana, Maricarmen Abascal, por la presión de dos inversores. El presidente, Pedro Sánchez, ha culpado a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento y ha recordado que el endurecimiento de la ley depende del Congreso, donde el PP, Vox y Junts han tumbado dos veces el escudo antidesahucios.

Pero eso no ha librado a los socialistas de los reproches desde su izquierda, donde un coro de voces, aun cargando contra la derecha, ha extendido también su reproche al PSOE, al que presionan para que adopte medidas contundentes con urgencia, para empezar en el Consejo de Ministros de este martes. La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha llegado a plantear la salida de Sumar del Gobierno.

Los recientes episodios agudizan un crescendo de discrepancias en septiembre que incluye el desdén con el que las fuerzas de Sumar recibieron el portal de alquiler del Gobierno Casa 47, y agrega la abstención del PSOE en la votación de una ley para prohibir a los fondos inversores comprar viviendas. “No tenéis vergüenza”, proclamó el miércoles Tesh Sidi, portavoz de Más Madrid, dirigiéndose a la ministra Diana Morant, que tras esa abstención había anunciado un “Plan Antifondos Buitre”.

La invectiva exterioriza una crispación en torno a la vivienda que jamás ha desaparecido de los gobiernos de coalición formados desde 2020. Los choques por la ley de vivienda hasta su aprobación en 2023 fueron constantes. Y se han repetido siempre que el Gobierno ha abierto el melón de la vivienda. ¿Ejemplos? Si las fuerzas a la izquierda del PSOE se han desmarcado de medidas de su socio como los bonos de alquiler y los incentivos a arrendadores, los socialistas han frenado algunas de las propuestas más drásticas de sus aliados, como el intento en 2024 de prohibir la compra de viviendas sin fin residencial en zonas tensionadas. En esta legislatura, a la presión de Sumar al PSOE desde el Gobierno hay que añadir la de Podemos desde fuera. Más leña a la caldera.

El listado de hitos que ilustran esta tensión no se limita a la política nacional. Y se remonta a más de 10 años atrás. En Andalucía, el Gobierno del PSOE e IU entre 2012 y 2015 entró en una crisis de confianza mutua —de la que ya no se recuperó— a raíz del realojo en casas públicas de familias en riesgo de desahucio que residían en un edificio ocupado de Sevilla conocido como Corrala Utopía, una medida que llevó a la entonces presidenta, Susana Díaz, a retirar competencias a su consejera de Vivienda.

Si las discrepancias afloran cuando hay pactos de gobierno, con más facilidad si no los hay. Como en Barcelona, donde el Gobierno municipal de Jaume Collboni (PSC) ha llegado a afirmar que Colau dejó la vivienda en una situación “dramática”, mientras ella ha acusado al alcalde socialista de ceder a las “presiones del lobby inmobiliario”.

Un ciclo difícil de romper

El conflicto se suele ceñir a un patrón, descrito a partir de fuentes de uno y otro sector: a los partidos más radicales, las posiciones socialistas les parecen tibias, cuando no alineadas con “rentistas” o “fondos buitre”; el PSOE ve a estas fuerzas más pendientes de competir entre ellas en radicalidad que de buscar soluciones eficaces que tengan en cuenta la realidad de un Congreso sin mayoría izquierdista, con lo que —según los socialistas— apartan el foco de donde debe estar, el PP, que se niega a aplicar en sus comunidades la ley de vivienda.

“La constante colisión tiene razones estructurales”, aporta el sociólogo especializado en vivienda Daniel Sorando, profesor en la Universidad de Zaragoza. ¿Cuáles? “Además de partir de premisas ideológicas difíciles de conciliar, unos y otros reciben presiones desde sectores diferentes. A la izquierda del PSOE, sobre todo, del movimiento por el derecho a la vivienda, del que provienen muchos de sus cuadros. El PSOE, aunque ha ido variando desde una casi total sintonía con el PP en defensa del mercado a un mayor reformismo, sigue teniendo muy encima a los operadores del mercado, que de hecho captan a figuras del partido”, añade Sorando en referencia al exministro Joan Clos o la ex secretaria general de Vivienda Helena Beunza, expresidente y presidenta de la asociación de propietarios Asval.

No obstante, agrega el profesor, el factor que más dificulta la sintonía es la “distinta composición de los electorados”. Coincide en el peso de este ingrediente Josh Goddard, investigador sobre vivienda y voto en Europa del University College London. A su juicio, es lógico que el PSOE sea más reacio que Sumar o Podemos a adoptar medidas que perjudiquen a los propietarios. Al menos, aclara, siempre que los partidos defiendan “los intereses de sus respectivas bases sociales”.

El peso de la edad

Porque dichas bases son diferentes. ¿En qué? El PSOE es más fuerte en los grupos de edad más avanzada, que son a su vez los más numerosos —casi una cuarta parte de todos los adultos tienen más de 65 años— y en los que más abunda la vivienda en propiedad, con datos del CIS y del INE. En cambio, Sumar y Podemos alcanzan sus mejores registros en franjas jóvenes, donde el alquiler es más frecuente.

“Aunque todo está mediado por la clase social, la brecha generacional es fundamental para entender las tensiones. Sumar y Podemos dirigen sobre todo su mensaje a los jóvenes, más expuestos a la locura del alquiler y a priori más receptivos a discursos radicales. El PSOE tiene que cuidarse de no asustar a los mayores, que suelen ser —aunque también depende de la ideología— más reticentes a todo lo que suene a devaluación de la propiedad”, analiza Sorando, coautor de First we take Manhattan. La destrucción creativa de las ciudades (Catarata, 2016).

La distribución del electorado según el tipo de municipio también cuenta. Especialmente para Sumar, con mayor intención de voto en las grandes ciudades, las que presentan mayores problemas de acceso a la vivienda. En las de 400.000 habitantes o más alcanza el 7,8% y en las de más de un millón —Madrid y Barcelona— un 9%, muy por encima su media en el resto (3,7%). Este reparto, frente al más homogéneo del resto de la izquierda, inyecta en Sumar un incentivo extra para poner énfasis en la vivienda. Además, sus votantes sobresalen en preocupación por este problema.

Incentivar o sancionar

Las discrepancias alcanzan al diagnóstico y las soluciones. Una encuesta de marzo de More in Common muestra a aquellos que prevén votar a Sumar y Podemos menos inclinados que el PSOE a la idea de que hay que construir viviendas, y más a que hay que castigar la especulación.

A diferencia de las que hay entre izquierda y derecha, estas diferencias en el campo progresista no son abismales. Además, van acompañadas de espacios de consenso, por ejemplo en su parecida crítica al papel de Airbnb o a la escasez de vivienda pública. Pero en numerosas respuestas se ven fisuras, márgenes para la discordia. Por ejemplo, los votantes de Podemos tienen una consideración más negativa sobre los caseros que los de Sumar, y estos que los del PSOE, visiones coherentes con sus posiciones acerca de otra gran cuestión: ¿es mejor incentivar o sancionar a los propietarios para que alquilen a precios asequibles?

Inquilinos, propietarios y caseros

Si unas veces los votantes de Podemos aparecen como los más duros, otras son los de Sumar, la fuerza con seguidores más partidarios de limitar el número de viviendas en propiedad, según 40dB. A su vez, More in Common muestra a Sumar como la fuerza progresista con las bases más críticas con la gestión de la vivienda del Ejecutivo. al que el propio Sumar pertenece.

Datos así ayudan a entender que Sumar se muestre tantas veces crítico con la gestión del ala socialista del Gobierno. No obstante, la socióloga Aitana Alguacil advierte: la “ruptura de la columna vertebral” de la sociedad por la vivienda provoca que “se esfume” la credibilidad de un Ejecutivo progresista, algo que no afecta solo a Sumar, sino también al PSOE.

Su colega Daniel Sorando busca en los datos una explicación para lo que a su izquierda ven como “falta de contundencia del PSOE”. En España solo un 13% de las declaraciones del IRPF presentan rendimientos inmobiliarios, según datos de Hacienda. Es decir, los caseros son minoría. Sin embargo, recalca Sorando, hay una “extendida cultura de rechazo a las medidas contra la explotación económica de la propiedad inmobiliaria” que disuade a los partidos con vocación de mayoría de adoptar posturas contra la misma.

¿Por qué esta “extendida cultura”? El sociólogo señala que, aunque la mayoría no le sacan dinero porque es su única vivienda, el hecho de que haya cerca de un 75% de familias con casa en propiedad determina una “mentalidad propietarista” que hace que muchos sientan sus intereses más alineados con el casero que con el inquilino, pese a que “posiblemente los hijos de muchas de esas familias sean víctimas del desequilibrio de poder favorable a la propiedad”.

“Mientras se mantenga esa coalición, coagulada por el discurso antiocupación, entre familias con una sola vivienda y propietarios de varias de ellas que hacen negocio inmobiliario, fuerzas como Sumar se verán en minoría y el PSOE estará tentado por soluciones tibias”, concluye Sorando.