Cuando las ideas molestan

En pleno Antropoceno, cuando prácticamente todo cuando ocurre en el planeta, empezando por el propio clima, se encuentra relacionado con la intervención de la especie humana, resulta difícil señalar algo realmente importante con respecto de lo cual se puede decir que no cabe reclamar responsabilidad a ningún individuo, grupo, institución, gobierno o poder en general. De hecho, incluso cuando hoy ocurren catástrofes en las que no ha existido la menor intervención de ningún ser humano, como puede ser un terremoto, una inundación o una epidemia, de inmediato aparece alguien que se encarga de señalar los daños materiales o personales que se podían haber evitado si se hubieran adoptado las medidas preventivas oportunas.

De ahí que sea difícil entender el significado que pueda tener en nuestros días la frase de primeros de agosto, pronunciada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras los sucesos de Ceuta, “hay cosas que ocurren y no tiene por qué haber responsabilidades de nadie”, máxime referida a situaciones que tienen una notable repercusión colectiva. Quizá alguien pueda pensar que concederle demasiada trascendencia a una afirmación vertida en el transcurso de unas declaraciones improvisadas (un “canutazo”, en la jerga periodística) equivale a coger el rábano por las hojas. Sería esta sin duda una interpretación benévola, sobre todo teniendo en cuenta que el ministro remachó el clavo de su afirmación con un concluyente “son cosas que pasan”. Pero si tiendo a pensar que el asunto no se puede despachar a la ligera es porque no estaba muy lejos en el tiempo de otra frase, igualmente tajante y por un igual vacía, pronunciada semanas antes por otro relevante político de nuestro país. Me refiero a José Luis Rodríguez Zapatero, quien, preguntado en TVE por las famosas joyas encontradas por la UDEF en la caja fuerte de su despacho, respondió con una frase no menos llamativa que la del titular de Interior: “Estaban ahí”, fueron sus primeras (y rotundas) palabras.

Pues bien, lo que vincula el “son cosas que pasan” de uno y el “estaban ahí” del otro es precisamente la ausencia, por completo clamorosa, de cualquier noción de responsabilidad, ausencia, por cierto, reconocida de manera explícita por Marlaska. Pero mientras este parecía querer evitar el uso de la noción insinuando una cierta condición azarosa de la situación por la que se le preguntaba, el expresidente se acogía a una estrategia justificativa un pelín (pero tan solo un pelín) más elaborada. Porque a su obvia respuesta añadió luego argumentos tales como que las famosas joyas no tenían afán patrimonial alguno (“ni tenían uso, ni destino, ni hemos pensado en ellas”). Como si la responsabilidad no tuviera ninguna dimensión objetiva, material, y quedara identificada por completo con la intención del individuo, de modo que una buena intención (o, en su defecto, la inexistencia de una mala) pusiera a salvo de todo reproche o reclamación. En su simplicidad, el planteamiento recuerda el de esos niños que creen sentirse completamente exculpados de cualquier estropicio que puedan haber causado con el argumento de que “lo he hecho sin querer”.

Sin embargo, ambas actitudes parecen haber llamado poco la atención, en cualquier caso, no han tenido una especial repercusión en el debate público. Como si no se hubiera reparado en el fondo del asunto, esto es, en los supuestos sobre los que se sostenían y que, sin duda, deberían ser motivo de preocupación. De hecho, los de mayor edad recordarán aquellos tiempos en los que se debatía constantemente en los medios de comunicación y en toda clase de foros (incluidos los parlamentarios) acerca de los diversos tipos de responsabilidad, distinguiendo sobre todo la política de la jurídica, sin excluir alguna que otra alusión, siempre más delicada, a la responsabilidad moral. Hoy parecen haberse acabado los distingos, en caso de plantear la cuestión de la responsabilidad, se diría que solo importa la que se dilucida ante los tribunales.

Se trata de un drástico y brutal empobrecimiento del debate, no exento de importantes consecuencias, tanto prácticas como teóricas. Las primeras están a la orden del día y no dejamos de tropezarnos con ellas constantemente, en prensa, radio, televisión y redes sociales. En efecto, identificar un comportamiento reprochable con un comportamiento delictivo implica trasladar a los tribunales la tarea de investigar, valorar, en su caso, penalizar tal comportamiento. Esta perspectiva, que parece haberse impuesto, tiene algo de externalización del servicio, de delegación de la función de reclamar responsabilidad en quienes lo hacen de una determinada manera y con determinados códigos (jueces y magistrados), por llevar la formulación al límite de la paradoja, de desresponsabilización de la responsabilidad de los políticos. Con las consecuencias por todos conocidas, y es que la lentitud de la justicia termine, o bien neutralizando a la política como tal, o bien pervirtiendo su sentido. Lo primero ocurre cuando las sentencias se posponen ad calendas graecas (el caso Pujol resulta paradigmático al respecto), en tanto que lo segundo tiene lugar cuando la instrucción se constituye en una especie de encubierto juicio público que puede terminar condenando a la muerte social a quien tiempo después, en el juicio propiamente dicho, queda absuelto.

Esta segunda posibilidad conecta con las consecuencias teóricas aludidas. Centrar la exigencia de responsabilidad en la responsabilidad jurídica termina vaciando de sentido a la actividad política misma. Así, lo ocurrido con los dos procesos judiciales que afectan de manera directa al presidente del Gobierno ilustra bien este proceso de vaciado. Mi competencia para valorar esta clase de asuntos es prácticamente nula, pero mi sensación es la de que no resulta descartable en absoluto que las acusaciones contra Begoña Gómez queden finalmente en nada. Pero lo más destacable de este asunto desde el punto de vista político es que la derecha lo haya apostado todo a la carta de su condena en los tribunales, como si renunciara por completo a la crítica en cualquier otro ámbito. Una consecuencia posible de semejante estrategia es que una hipotética sentencia absolutoria, no ya solo fuera presentada públicamente por parte del Gobierno como una inapelable derrota de la oposición, sino, mucho más relevante que eso, que se entendiera que deja a la mujer de Pedro Sánchez a salvo de cualquier otro tipo de reproche, como, por ejemplo, de carácter moral, referido a la escasísima ejemplaridad de su comportamiento. Cosas parecidas podrían afirmarse respecto a la condena recibida por el hermano del presidente, que uno puede estimar desproporcionada, pero eso no quita para considerar que las conductas de los condenados merecen una severa crítica desde el punto vista de los valores con los que estaban comprometidos y que han incumplido de manera flagrante.

En todo caso, lo importante es que ha sido la creciente y generalizada renuncia a asumir la idea misma de responsabilidad lo que nos ha traído hasta el punto en el que ahora nos encontramos, que se acerca de manera inquietante al grado cero de la política, como las afirmaciones de Marlaska y Zapatero certifican sin rubor. Parecería que muchos de nuestros representantes creen haber encontrado en el clásico principio jurídico “lo que no está prohibido, está permitido” una especie de salvoconducto con el que poder circular por la vida pública sin ser objeto de reproche alguno. Se diría que su razonamiento íntimo es: mientras no se me pueda acusar de ningún delito, no tengo por qué responder de nada. Así las cosas, quizá habría que empezar a pensar en cerrar el Parlamento.