Ceuta, de los tacticismos banales a la mirada estratégica

Hay crisis que ponen a prueba a quien gobierna. Otras, por su envergadura, al país entero. Unas pocas de ellas, a toda Europa. La de Ceuta pertenece a esa triple categoría combinada. Hace dos semanas, más de 70.000 marroquíes arriesgaron la vida —más de un centenar de ellos la perdió, sin que conste consternación de sus autoridades— y estuvieron en juego la estabilidad de la ciudad, la credibilidad internacional de España y la seguridad exterior de la UE.

La tragedia y trascendencia del momento exigían altura de miras. Por desgracia, hasta ahora hemos asistido más bien a una sucesión de precipitaciones, escaramuzas tácticas, omisiones y cortoplacismo partidista.

La principal fuerza de la oposición desaprovechó la oportunidad de comportarse como partido de Estado. En lugar de acompañar al Gobierno en un momento excepcional —como sí hizo con sensatez el presidente popular de Ceuta—, prefirió prolongar la lógica de la confrontación cotidiana.

Vox volvió a actuar con oportunismo e incoherencia. No solo por su conocido rechazo a ayudar desde la Península en la gestión de unos flujos humanos que desbordan la capacidad de Ceuta y Melilla, a las que tanto dice defender, sino por ignorar que quienes más cuestionan hoy la españolidad de ambos territorios son sectores de la extrema derecha estadounidense e israelí.

Más sorprendente, y preocupante, fue la reacción de muchas capitales europeas. En vez de apoyar a un socio amenazado, que no falló cuando otros sufrieron ataques, optaron por interpretaciones distorsionadas y una decepcionante carta colectiva. Solo parecía importarles aplacar a electorados atemorizados por el descontrol del flujo migratorio, agitando en la misma coctelera las imágenes de Ceuta, el espacio Schengen —cuyas reglas, en realidad, impiden que quienes habían entrado en la ciudad pudiesen llegar luego al continente— y el supuesto efecto llamada provocado por una regularización extraordinaria que no les ha gustado nada.

Puede que también pesara el deseo de ajustar cuentas con Madrid por haberse desmarcado del enfoque común para apaciguar al presidente Trump. Como quiera que sea, cada vez que se imponen los cálculos políticos nacionales ganan quienes quieren una Europa más débil y dividida.

El Gobierno español tampoco sale bien parado en esta sinfonía del desatino. Es cierto que mantuvo la serenidad y evitó agravar el episodio. Resolver una avalancha de esa magnitud con guante blanco en apenas dos días parecía impensable tras las primeras imágenes de descontrol absoluto. Su gestión confirma el valor de la templanza y el diálogo, incluso en las crisis más graves.

Lo que chirría es la incomprensible minimización de las debilidades de un modelo de gestión de la frontera sur que muestra reiteradamente sus límites. Marruecos —sea por falta de compromiso o por una estrategia de desestabilización diseñada desde el Majzén— se ha revelado como socio poco fiable al que externalizar una función esencial del control fronterizo, con consecuencias políticas y humanas gravísimas.

El Gobierno no puede hablar de “ataque a la integridad territorial de España”, al mismo tiempo, explicar el asalto como producto exclusivo de la desinformación emitida por agitadores, mafias y una internacional reaccionaria, sin atribuir responsabilidad alguna, siquiera por omisión, al Estado vecino. Ese relato no resulta creíble para la ciudadanía ni para nuestros aliados europeos.

Es significativo que el primer ministro polaco, Donald Tusk, haya evocado la respuesta que dio su país en 2021 cuando Bielorrusia empujó físicamente a miles de migrantes hacia la valla fronteriza. Más allá de las diferencias entre escenarios y magnitudes, el paralelismo señala que la instrumentalización de masas vulnerables por parte de actores estatales constituye una amenaza reconocida por los 27, que acaban de aprobar el Reglamento 2024/1359 para combatirla. Por su parte, el excomisario Thierry Breton considera que en Ceuta hemos vivido “el primer ataque híbrido algorítmico a gran escala dirigido contra una frontera exterior de la Unión”.

España reclama con razón que la UE y la OTAN atiendan también a su dimensión meridional. Hemos construido un discurso geopolítico sofisticado para advertir que Moscú no debe ser la única preocupación y que el norte de África puede convertirse en un factor de perturbación de primer orden para la seguridad europea.

Precisamente por eso, cuando allí se origina una crisis de esta magnitud, la explicación oficial no puede reducirse a la actividad de espacios digitales y redes criminales. Esta simplificación contradice el diagnóstico de un “ataque a la integridad territorial” y recuerda los argumentos utilizados por los partidos xenófobos para desacreditar las operaciones de rescate en el Mediterráneo. Si el Gobierno aspira a generar confianza, no puede eludir verdades incómodas ni dejar de actuar en consecuencia tanto en el plano interno como en el europeo.

En casa conviene tratar a la ciudadanía como adulta. La realidad ha desmentido las palabras del presidente del Gobierno, quien afirmó en el Congreso de los Diputados que la nueva —y poco explicada— política hacia Marruecos, iniciada tras el asalto de 2021, tenía “bases muy firmes” que “alejaban la posibilidad de crisis recurrentes”. Sería preferible reconocer con modestia la complejidad de esta vecindad, encargar una investigación independiente y pública para esclarecer lo sucedido, destinar muchos más recursos a las dos ciudades y tender siempre la mano a la oposición, incluso cuando esta mantenga el enfoque de desgaste. Los españoles, en general, y los 170.000 ceutíes y melillenses, lo agradecerán.

En la UE el margen es amplio si se supera el miedo a incomodar a Rabat, que desea evitar la europeización del asunto. Ni siquiera hemos dado el sencillo paso simbólico de que las dos ciudades estén representadas en el Comité Europeo de las Regiones. Y hay muchas vías prácticas que explorar: desplegar Frontex en ambas fronteras, destinar inteligencia del Servicio Europeo de Acción Exterior a las amenazas híbridas en el norte de África, estudiar la incorporación de Ceuta y Melilla a la unión aduanera, y animar a la Comisión para que proponga un estatuto singular de protección parecido al de las regiones ultraperiféricas. También parece conveniente implicar a las instituciones europeas en una relación futura con Marruecos que incluya mayor condicionalidad.

El ministro de Exteriores ha exigido “solidaridad” a sus homólogos, pero tal vez sea mejor rebajar el tono indignado, aunque solo sea por pragmatismo y sentido de responsabilidad europeísta. Difícilmente podremos defender la estabilidad del flanco sur, el buen funcionamiento de Schengen y valores fundamentales del proceso de integración con una dinámica de confrontación abierta entre socios o tratando de torcer el brazo a nadie.

España tiene la competencia para decidir líneas de actuación propias en materia de regularización de extranjeros o de gasto militar. Pero nuestro instinto proeuropeo y la muy pensada prioridad de ser centrales en Bruselas, aconseja tener en cuenta la extrema sensibilidad actual del resto de socios y aliados —incluyendo los que tienen gobiernos de izquierda— en materia migratoria o de seguridad.

No se trata de renunciar a posiciones legítimas, sino de evitar estériles espirales polarizantes, rebajar el tono aleccionador, en definitiva, tener empatía por el impacto de nuestras decisiones sobre los demás. Somos el cuarto Estado de la UE, y eso comporta también la responsabilidad de tejer complicidades, tratar de conciliar visiones, al menos, ser más pedagógicos. Que un país de la importancia y el europeísmo de España pierda influencia justo cuando se afrontan presiones externas e internas de enorme magnitud sería el peor error estratégico para el interés nacional y para el rumbo de todo el continente. Ojalá la trágica crisis de Ceuta ayude a adoptar una mirada más a largo plazo.