El ‘momento Aranzadi’ de Vox
Vox atraviesa su momento Aranzadi. Desde hace tiempo, existe un recelo sutil en la ultraderecha sobre si a Alberto Núñez Feijóo le temblarán las piernas a la hora de derogar muchas leyes de la izquierda, en el caso de llegar a La Moncloa. Hay quien incluso teme que el Partido Popular y Vox se arrojen a una eventual legislatura en balde. Santiago Abascal lo fía ahora todo a demostrar que sí se puede controlar el BOE, y a Feijóo debería preocuparle el giro institucionalista de sus socios.
No es casual que esta vez Vox afirme que no romperá sus gobiernos autonómicos con el Partido Popular pese a la repartición de los menores que entraron por Ceuta. Aquello que en 2024 supuso una hecatombe política hoy cursa por el cauce legal: los de Abascal dicen que, a lo sumo, presentarán un recurso. El problema para la ultraderecha es que ya no puede saltar del barco, aunque quisiera.
De un lado, Vox se ha hecho mayor, y no es lo mismo transitar el momentum populista, donde tocaba soltar eslóganes etéreos para capitalizar la frustración, que deberse ya a nichos de voto consolidados, que exigen convertir sus demandas en respuestas. Atrás queda el periodo 2018-2024, donde básicamente hablaban del procés o daban la batalla cultural contra la supuesta hegemonía woke: ahora sus principales banderas son la inmigración, la precariedad o la España rural.
Del otro, Vox asume que su competencia actual no solo está en el PP, sino en una serie de partidos extraparlamentarios que también son hábiles espoleando la desafección política: en su momento fue Se Acabó La Fiesta, pero ahora proliferan muchos más, incluso de corte falangista. La única forma de diferenciarse de ellos hoy es desde las instituciones.
Así pues, la ultraderecha ya no quiere ser antisistema en las formas, sino utilizar los resortes del Estado para transformarlo. Buena parte de su opinión pública ya está cambiando en esa línea. Es llamativo ver estos días a muchas personas afines a Vox exigiendo que se modifique la ley de Extranjería para acelerar las devoluciones de los menores que traspasaron la valla. La ultraderecha ha empezado a ensayar el poder de la letra pequeña. Su diputado Carlos Hernández Quero hasta se prodiga explicando en redes a sus jóvenes seguidores de qué forma están materializando su “prioridad nacional”, en el último caso, en la Comunidad Valenciana, exhibiendo páginas del Diario Oficial de la Generalitat.
A Feijóo debería inquietarle que sus socios sean capaces de mostrarle a la gente que las leyes pueden cambiarse. Una de las mayores críticas que suelen hacer al PP desde la ultraderecha es el deje burocrático o inmovilista, donde todo siempre es muy difícil de reformar, y las pretensiones de una parte de su electorado se acaban ahogando por desidia o por conservadurismo. Se suma que los populares son un partido que siempre habla de gestión, pocas veces de transformación. De hecho, parte del trasvase de votos de Vox al PP tiene un componente que podríamos bautizar como la sed de motosierra: hay electores que sencillamente se decantan por Abascal pensando que será la única forma de apretarle las tuercas a Feijóo si gobiernan, para que no se achante frente a la izquierda.
Colea incluso aquella impresión tan típica del 15-M de que el bipartidismo en realidad es lo mismo, y que el poder cambia de manos pero no de fondo. Pesa el recuerdo de que ni con la mayoría absoluta de Mariano Rajoy se revirtieron leyes como la del aborto o la de Memoria Histórica —esta, simplemente se dejó sin financiación—. En España, la alternancia raramente ha sido igual a ruptura, como también criticó Podemos allá por 2015.
Sin embargo, no todo pivota sobre la voluntad del PP, sino sobre si la aritmética será suficiente. Algunos seguidores de Vox hasta fantasean ya con una reforma constitucional en aquellos apartados donde no aplica el procedimiento agravado, al ver que algunas encuestas dan a la derecha por encima de 200 escaños. Es probable que parte de la estrategia de Pedro Sánchez no vaya tanto de volver a gobernar, sino de lograr que la izquierda articule una minoría de bloqueo que dificulte la acción de un Ejecutivo de derechas: ya sea conservando un fuerte peso en el Congreso o rebajando la posibilidad de que PP y Vox copen otras instituciones del Estado. Todo ello, sin obviar que Abascal pueda tensionar la legislatura, o la haga saltar por los aires, si no logra sus demandas.
En consecuencia, Vox no aspira ya al poder para vender unos pocos brindis al sol a su electorado. Su objetivo es dejar huella, a través de cambios legales, para no desaparecer como socio pequeño. No resultan casuales algunos de sus desdenes recientes a la monarquía, consciente de que la Corona simboliza el último pilar de nuestro sistema tal y como existe en la actualidad —y así lo ven algunos de sus votantes—. La izquierda quizás no lo sabe, pero es hoy la más interesada en que se mantenga la Constitución de 1978 como fue redactada. El momento Aranzadi de Vox ya ha llegado: el salto de denunciar la “podredumbre” del sistema a utilizarlo en su favor para institucionalizar su propio ideario. Prosistema y legalista en los métodos, menos moderado en el trasfondo ideológico.
