Una jueza impide que el Gobierno de Trump limite el voto por correo en las elecciones de mitad de período

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) no podrá implementar parte de una orden ejecutiva con la que Donald Trump buscaba endurecer el proceso del voto por correo en las elecciones de mitad de período de noviembre, determinó este martes una jueza federal de Massachusetts. Los comicios son clave, pues está en juego el control del Senado y la Cámara de Representantes del Congreso.

Trump firmó el decreto en marzo en medio de sus frecuentes e infundadas denuncias de un presunto fraude electoral que, según él, le costó las presidenciales de 2020 frente a Joe Biden y bajo el cual han sufragado numerosas personas no ciudadanas estadounidenses, algo que estudios han mostrado que es sumamente raro.

La orden ejecutiva fue retada por poco más de una veintena de Estados y la jueza Indira Talwani, de Massachusetts, había frenado en junio su implementación en esos lugares. Posteriormente fue desafiada también por varias organizaciones, en esta ocasión, el bloqueo de la misma magistrada impide en la práctica la puesta en marcha de parte del decreto en todo el país.

Para Talwani, el Gobierno de Trump no demostró que frenar la orden ejecutiva ponga en riesgo la integridad del voto por correo ni brindó evidencia de presunto fraude a través de ese proceso electoral en específico. “Los demandados hicieron muy poco por defender la orden ejecutiva en sus méritos”, escribió Talwani en su decisión.

“Como el decreto presidencial actualmente está causando confusión y amenazando con generar caos y con erosionar la confianza en nuestra democracia, la corte considera que el derecho al voto supera ampliamente el intento del Ejecutivo de inmiscuirse inconstitucionalmente en el ámbito de la regulación de las elecciones”, agregó. “El hecho de que estamos a menos de 90 días de las elecciones de mitad de período del 3 de noviembre de 2026 subraya la necesidad crucial de una injunction para impedir que los demandados cambien las reglas electorales de cara a los comicios”, acotó Talwani.

De acuerdo con la Constitución de EE UU, cada Estado tiene en sus manos el proceso de decidir el momento, el lugar y la forma en la que se celebran los comicios para elegir a los senadores y representantes del Congreso, aunque esa rama puede ajustar parte de las reglas.

Qué exige el decreto presidencial

La jueza frenó en concreto la tercera sección de la orden ejecutiva que exige enviar las boletas electorales por correo en un sobre con una marca especial y con un código de barras para rastrearlos. El decreto también pide a los Estados avisar 90 días antes de unas elecciones federales si permitirán el voto por correo a través del Servicio Postal de EE UU, y notificar con 60 días de antelación si entregarán al USPS una lista con los electores elegibles a los que han autorizado votar por correo y enviar su boleta a través del USPS. Los Estados que incumplan quedan en riesgo de perder fondos federales, se lee en el decreto.

Tras la decisión judicial de este martes, una portavoz del Gobierno dijo escuetamente a través de un comunicado citado por la agencia AP que “continuarán cumpliendo con la agenda para la que fue electo el presidente Donald Trump, que incluye la seguridad de las elecciones estadounidenses”.

La Administración de Trump había llevado en julio el asunto hasta el Tribunal Supremo después de que la jueza Talwani emitió su primer bloqueo parcial al decreto presidencial. El Gobierno le pidió al Supremo que levante ese freno en particular, pero ello todavía está pendiente.

En otra demanda por separado presentada por un grupo de organizaciones, el juez federal del Estado de Washington Carl Nichols declinó en mayo frenar la implementación de la orden ejecutiva porque eso todavía no había ocurrido. La jueza Talwani consideró que, ante la cercanía de las elecciones de mitad de período, es necesario hacerlo ahora.

“La corte vio lo que hemos dicho desde el principio: esta orden ejecutiva está causando un daño real en este momento. La decisión envía otro mensaje necesario a una Administración que continúa utilizando partes del Gobierno para generar caos en nuestras elecciones. (.) El presidente no puede modificar las reglas electorales y ciertamente no puede tratar a los votantes como un daño colateral en su campaña para controlar comicios liderados por los Estados”, dijo por su parte en un comunicado Sophia Lin Lakin, directora del Proyecto de Derechos Electorales de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).