Una devolución exprés de menores en 2021 como la que plantea ahora el PP acabó con una condena por prevaricación
“Tiene que regresar a su país”, “ni mayores ni menores”, “han de regresar todos”. Así se pronunciaba el miércoles el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre los migrantes que permanecen en Ceuta tras el cruce a nado masivo del 30 y 31 de julio. Sin embargo, una devolución urgente como la que reclama estos días el jefe de la oposición acabó condenando a las responsables políticas de la misma ―la repatriación exprés de menores marroquíes en 2021― a nueve años de inhabilitación para la entonces delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y la exvicepresidenta primera del Gobierno de la Ciudad Autónoma Mabel Deu, por un delito de prevaricación administrativa.
La Audiencia Provincial de Cádiz concluyó en septiembre pasado sobre este caso que “la decisión de repatriación de los menores (.), no solo fue arbitraria, sino manifiestamente injusta”. “El resultado fue una absoluta vulneración de los derechos de los menores que resultaron totalmente desprotegidos”, argumentó el tribunal. Previa a esta sentencia, el Supremo ya había confirmado a comienzos de 2024 que aquellas devoluciones fueron ilegales porque no se acogieron al procedimiento de Extranjería.
La Ley de Extranjería exige que, antes de proceder a una deportación, se abra un procedimiento administrativo individual a cada afectado, se recabe información sobre él, se celebre una audiencia con el menor si tiene madurez y se reclame la intervención de la Fiscalía. Nada de esto se respetó en aquella ocasión, por lo que el alto tribunal ratificó la ilegalidad de la medida por la “absoluta inobservancia” de lo previsto en la normativa por parte de las autoridades españolas. Consideró también que se habían vulnerado los derechos y la integridad física y moral de los menores devueltos a Marruecos.
El caso se remonta a mayo de 2021, cuando cerca de 15.000 personas cruzaron la frontera de la ciudad autónoma. Fue el punto álgido de una crisis diplomática entre España y Marruecos, que presionaba para lograr que se secundara su plan de hacerse con la soberanía del Sáhara Occidental. Entre las personas que entraron había 1.200 migrantes que dijeron ser menores de edad y 500 de ellos fueron devueltos de manera apresurada.
Por todo ello y porque el procedimiento es largo, el Gobierno central continúa adelante con su plan de acoger a los migrantes a través de diferentes vías ―desde la habilitación de espacios hasta el posible traslado a la Península de unas 500 niñas― y sostiene que es ilegal una deportación masiva de niños y adolescentes.
