Un Gobierno que se siente cercado por el “Estado profundo”

Al principio de la legislatura era solo una opinión de algunos sectores minoritarios del Gobierno. Con algunos movimientos, sobre todo judiciales, algunos ministros empezaban a lanzar en voz baja la idea de que había sectores importantes del llamado “Estado profundo” que estaban actuando contra el Ejecutivo. Poco a poco, después de decisiones judiciales muy polémicas, la idea se fue instalando y ya empezaron a hacerla pública abiertamente ministros como Óscar Puente y Óscar López.

Pero esta semana, después de una secuencia en la que en pocos días el Tribunal Supremo haya paralizado la ley de nietos dando alas a la teoría del pucherazo de Vox, de que se filtrara un informe secreto de la policía a una juez de la Audiencia Nacional apuntando a la culpabilidad de Marruecos sin que el ministro del Interior se enterara, y sectores del CNI hayan cargado contra el Gobierno por un pulso interno en el que ellos insisten en que sí avisaron de lo que venía en Ceuta y el Ejecutivo asegura que no hubo ningún aviso formal en instancias superiores porque nadie vio venir la inédita entrada de 80.000 personas, ya no hay prácticamente ningún miembro del Gobierno que evada el asunto en conversaciones privadas y algunos insisten incluso en público. Y todos apelan a la misma frase de José María Aznar: “El que pueda hacer, que haga”.

El Gobierno, que ha pasado otra semana nefasta y esta vez por errores no forzados, como la desclasificación de las comunicaciones de la crisis de Ceuta, que estaba pensada para reforzar su versión, pero la ha debilitado, e incluso ha terminado con la dimisión del jefe de Gabinete de la delegación de Ceuta, se siente cada vez más claramente cercado por miembros de ese “Estado profundo” que cree que quieren contribuir a su caída. “Es inevitable. Todo está muy polarizado. Y hay personas conservadoras en la Policía, en la Guardia Civil, en el CNI, en el Supremo sin duda, en la Audiencia Nacional, como la juez Tardón que fue concejal del PP, a las que no les gusta este Gobierno. Aprovechan cualquier oportunidad para ponérnoslo difícil, incluso con decisiones sin sentido como quitarle el derecho de voto a centenares de miles de españoles sin quitarles la nacionalidad”, sentencia un ministro.

En el Ejecutivo se detecta una evidente preocupación con la situación en la que le ha dejado la crisis de Ceuta, aún lejos de resolverse. Hay autocrítica interna, y está asumido que la crisis se gestionó mal casi desde el principio, sobre todo, desde que se confiaron al lograr lo que creían que era lo más difícil: que volvieran el 90% de los que habían entrado.

Pero también insisten en que todo sería mucho más fácil si el Ejecutivo no tuviera todo en contra: desde el Gobierno de Ceuta, que en 2021 colaboró sin fisuras y ahora complica a diario cada decisión ―sigue rechazando el puerto para alojar inmigrantes y no se anima a firmar la autorización para que más de 500 niñas puedan ir a la península― hasta el CNI, con el que se ha vivido esta semana un enfrentamiento inédito. El Gobierno está muy molesto con el intento de algunos sectores de los servicios secretos de exculparse con la idea de que ellos sí avisaron. “El CNI manda cada día notas a los ministerios, a Moncloa, por las cosas más peregrinas. ¿Y nos quiere convencer de que vieron venir una emergencia nacional con la entrada de miles de personas en Ceuta y solo hablaron con el jefe de gabinete del delegado del Gobierno y no avisaron al ministro del Interior, ni a la de Defensa, ni a Moncloa? ¡Es absurdo! No lo vieron, no lo vio nadie, es bastante lógico, era muy difícil, pero que no intenten escaquearse”, resume otro miembro del Gobierno.

Varios miembros del Ejecutivo admiten que ahora se va a poner todo mucho más difícil porque hay una causa judicial en marcha, la de la jueza Tardón, y todos tienen miedo de ser los responsables de la tragedia. Eso es lo que está detrás de la dimisión del jefe del Gabinete del delegado del Gobierno, especulan estas fuentes.

Sánchez, que esta semana vuelve a ofrecer entrevistas —este lunes en La Sexta— para intentar recuperar el pulso político tras un verano muy desaparecido en el que le han llovido críticas por su escasa presencia, está trasladando a todo su entorno tranquilidad. Nadie ve ambiente de cambios de Gobierno, ni de decisiones drásticas ya en esta fase final de la legislatura. Pero la crisis es grave, y todo es posible. El delegado del Gobierno, por ejemplo, está realmente muy al límite tras la dimisión de su jefe de Gabinete y podría caer, aunque de momento han decidido mantenerlo para no asumir el relato de esos sectores del CNI que quieren plantear que el Gobierno estaba avisado y no hizo nada.

Sánchez y su núcleo duro están concentrados en todo tipo de medidas sobre el terreno en Ceuta para controlar la crisis, dar cobijo a 6.000 personas, sacarlos de las calles y acelerar todo lo posible las devoluciones, ya con más de 100 policías dedicados en exclusiva a esta tarea, según el Ejecutivo. El desgaste es muy fuerte, nadie lo niega, pero en el Gobierno se va instalando la idea de que las elecciones podrían ser después de las municipales, por tanto, aún con nueve meses por delante para resolver la crisis, que creen que es la más profunda desde la pandemia.

Sánchez, admiten incluso algunos en el Gobierno, está “cada vez más solo”, con los socios cada vez más alejados, con sectores importantes del Ejecutivo enfrentados y con un núcleo duro cada vez más pequeño y en el que muy pocos han resistido todos estos años durísimos. El presidente entra en la recta final en un momento de extrema debilidad política. Y con sus rivales cada vez más convencidos de que llegó su final y tratando de precipitarlo. Aún tiene la fuerza que da La Moncloa. Pero cada vez tiene menos tiempo para intentar cambiar el rumbo.