Un cartel torturó e hizo desaparecer a Julio: Estados Unidos negó el asilo a su familia y ordenó enviarla a otro país

Julio creía haber encontrado el empleo de sus sueños. Era chofer de una familia adinerada de Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México. Al principio, sus tareas eran sencillas: llevar a su patrona al salón de belleza, de compras o a tomar el té con sus amigas. A los niños los dejaba y recogía del colegio y después los repartía en sus clases de inglés, piano y natación. Pero todo cambió cuando descubrió que se trataba de la esposa y los hijos de un narcotraficante. “Ya no me puedo salir de ahí”, recuerda Blanca Hernández las palabras de su hijo cuando le confesó que el crimen organizado ya lo había captado. “El patrón ya me empezó a pedir que lleve paquetes”, le contó espantado en 2016.

Diez años después, Julio Alfredo De Ávila Hernández está desaparecido y varios de sus familiares viven ahora en Estados Unidos. Huyeron de Jalisco sin imaginar que, al solicitar asilo, entrarían en un laberinto legal. Su caso se ha cruzado con las duras políticas migratorias del Gobierno de Donald Trump, que pide trasladar a solicitantes de refugio a terceros países que cataloga de “seguros” para no obligarlos a volver a sus lugares de origen, donde sus vidas correrían peligro.

Las opciones que una jueza de inmigración les planteó en abril a los padres y hermanos de Julio son continuar su trámite en Ecuador, Honduras o Guatemala, en ese orden. Han iniciado un proceso de apelación para intentar permanecer en EE UU. “Nos quieren mandar a Ecuador, pero está peor que México”, dice Alondra De Ávila, hermana menor de Julio, quien en 2024 cruzó la frontera con su hijo, ahora de cuatro años, para entregarse a las autoridades migratorias y contar su historia. “Nos queremos quedar aquí. No quiero que mi hijo viva lo que yo viví”, implora la joven de 26 años.

La vida de Julio en el narco

El día que Julio aceptó el primer paquete que le entregó su patrón supo que vendrían más. Cuando se negó a cumplir uno de los encargos, la amenaza fue inmediata. “Me dijo que si yo me salía de trabajar, él iba a acabar con mi familia, con mi esposa y con mis hijos”, recuerda Blanca Hernández, de 59 años, una conversación que tuvo con su hijo. Ella asegura que Julio fue obligado a trabajar para el cartel y llegó un momento en que un sicario lo acompañaba a todas partes. Sabían dónde vivía, quiénes eran sus familiares y cuáles eran sus rutinas. Para entonces, Julio ya no tenía escapatoria.

“Él veía cuando estaban haciendo los ladrillos de cocaína. En las fiestas, decía mi hijo, en lugar de poner botellas (de alcohol), ponían una charola con puras líneas (de cocaína). Lo empezaron a obligar a que se drogara. Al que no quería le sacaban las pistolas. Mi hijo empezó a hacerse adicto a la droga”, relata su madre. “Él me dijo que había dejado de ir a visitarnos por el bien de nosotros, para no involucrarnos en su vida”, continúa.

Los temores de Blanca se hicieron realidad la madrugada del 5 de abril de 2017. Julio tenía entonces 31 años. Una llamada la alertó de que algo había ocurrido en la casa de su hijo, en Tlajomulco de Zúñiga, 33 kilómetros al sur de Guadalajara. Cuando llegó, encontró una escena desgarradora. “Había pedazos de carne, ya seca. Yo digo que era de mi hijo. Había mucha sangre en las dos recámaras y en la cocina. Yo no había visto tanta sangre”, relata.

Algunos testigos les dijeron que, horas antes, habían llegado hombres armados que llevaban lo que parecían ser placas policiales. Se desplazaban en dos camionetas. “Sacaron a una persona envuelta en una cobija. Parecía como un muerto. Lo aventaron en la camioneta. Luego sacaron a una mujer, por último, a mi hijo, bañado en sangre, semiinconsciente”, cuenta.

La familia se movilizó de inmediato. Presentó una denuncia ante la Fiscalía de Jalisco, llamó a todos sus conocidos, pegó copias de la fotografía de Julio en distintos puntos de la ciudad, dio entrevistas a medios de comunicación y hasta ofreció una recompensa por información que ayudara a encontrarlo. Pero sus esfuerzos tuvieron una consecuencia inesperada: enfurecieron al cartel. Empezaron a seguirlos vehículos con hombres encapuchados que portaban armas largas. Después llegaron las amenazas directas, primero mediante llamadas anónimas. “Me decían que eran ellos los que se habían llevado a Julio y que querían que les entregara lo que Julio les debía”, se lee en la declaración que Blanca Hernández rindió ante la Comandancia de la Policía Investigadora del Estado. “Que si no lo hacía me iban a cortar la cabeza”, continúa.

Dos semanas después de la desaparición de Julio, una de sus hermanas recibió una videollamada en la que pudo verlo mientras lo torturaban. “Estaba todo bañado en sangre. Lo tenían amarrado. Le jalaron el pelo para levantarle la cabeza. Mi hijo estaba todo lleno de moretones. Toda su cara hinchada de los golpes y con mucha sangre. Su camiseta blanca de resaque estaba completamente roja, por la sangre”, describe su madre.

Fue la última vez que la familia lo vio con vida. Tiempo después comenzó a circular en El Blog del Narco, un sitio que publica contenido sin censura relacionado con el crimen organizado en México, un video que mostraba una acción horripilante. Así la describe Jéssica, hermana menor de Julio, de 36 años: “Le estaban cortando de la muñeca para abajo. Ese video nos lo enseñaron los policías en México”. La familia logró identificarlo por un tatuaje con el nombre de su hija que tenía en uno de los antebrazos.

La persecución en México

El cartel les dejó claro que las amenazas iban en serio cuando varios sicarios llegaron hasta la casa de esta familia. Golpearon con fuerza la puerta y le exigieron a su madre entregar “lo que había dejado Julio”, según declaró ella ante la Comandancia. “Yo no pude ni hablar de miedo”, contó.

El acoso pronto se extendió a sus lugares de trabajo y a las calles del vecindario. Una tarde, los pistoleros ni siquiera se detuvieron ante la presencia de niños pequeños que iban con dos hermanas de Julio. “Agarramos al bebé de la carriola y corrimos”, recuerda Alondra De Ávila. “Cuando llegamos a la casa cerramos todo. Pusimos los sillones en las puertas”. Apenas tuvieron oportunidad, huyeron hacia el aeropuerto de Guadalajara, por considerarlo el sitio más seguro de la ciudad. Después comenzó una peregrinación por casas de familiares en Jalisco, Aguascalientes y Baja California.

Blanca Hernández perdió las esperanzas de encontrar a su hijo con vida el día que habló con una persona vinculada al narcotráfico. “Me dijo: ‘Por favor, señora, ya no lo busque. Están corriendo grave peligro. Los van a matar a todos’”. Oficialmente, Julio forma parte de los alrededor de 135,000 desaparecidos que acumula México, una crisis que en los últimos años ha alcanzado cifras récord y en la que el crimen organizado juega un papel central. Hace apenas un año, lamenta esta familia, la Fiscalía tapatía elaboró una primera ficha de búsqueda por el caso de Julio. “Mi hermano se volvió un desaparecido más, pero para nosotros nunca dejará de ser nuestro familiar”, dice Jéssica.

“Todo ha sido muy duro”

La familia huyó hasta Tijuana, pero ni siquiera allí se sentía segura. En 2024 decidió cruzar a Estados Unidos para entregarse a la Patrulla Fronteriza. Todos superaron el primer filtro de su solicitud de asilo: la entrevista de miedo creíble. Después permanecieron bajo custodia migratoria —algunos durante días, otros incluso durante meses— hasta que fueron liberados y pudieron llegar a su destino.

El proceso siguió su curso y ellos comenzaron a establecerse en Estados Unidos, como tantos otros migrantes. Acudían a las audiencias con la confianza de que tenían evidencias suficientes para ganar el caso, incluyendo las denuncias que interpusieron en México. Pero el pasado 13 de abril recibieron un baldazo de agua fría. Una jueza de inmigración aceptó la petición del Gobierno de cerrar su solicitud de asilo, les negó las protecciones contra la deportación y ordenó que fueran enviados a Ecuador, en su defecto, a Honduras. Guatemala quedó como tercera opción.

Estos tres países mantienen acuerdos de cooperación con la Administración de Trump para funcionar como “terceros países seguros”, es decir, recibir a migrantes y evaluar allí sus solicitudes de asilo. Sin embargo, organizaciones defensoras de los inmigrantes han cuestionado que estos países cumplan realmente con los estándares de protección exigidos por las leyes estadounidenses. Los acuerdos fueron suscritos inicialmente durante el primer mandato de Trump, pero quedaron suspendidos durante el Gobierno de Joe Biden. El republicano los reactivó tras regresar a la Casa Blanca. En el caso de Ecuador, el acuerdo volvió a entrar en vigor en julio de 2025.

“Todo ha sido muy duro”, lamenta Blanca Hernández. “Yo le dije a la jueza que nosotros corríamos un grave peligro en México, pero que entre irnos a Ecuador o regresar a México, prefiero morir en México”. Luego añade: “No se vale que por un error que cometió mi hijo, el mayor, vayan a morir más. Yo le pido al Gobierno de Estados Unidos que nos dé una oportunidad. No somos gente mala. No venimos a robar. No venimos a quitarles nada”.

Su hija, Alondra De Ávila, coincide en que, si los expulsan a su país, “tendríamos que vivir escondidos; allá no hay un lugar que sea seguro para nosotros”.

La apelación contra el fallo de la jueza de inmigración les ha abierto una ventana de esperanza. La familia confía en continuar la batalla legal hasta la última instancia posible. “Mi familia no pide dinero, solo que la dejen estar en este país”, insiste Jéssica. “Es injusto que les nieguen esa protección”.