Trump insiste con imponer una tarifa altísima a las visas H-1B, ahora busca que sea de 103.265 dólares

El Gobierno de Donald Trump vuelve a la carga con un segundo intento por fijar una tarifa sumamente elevada a las visas H-1B para profesionales extranjeros altamente cualificados. Su Administración tiene previsto publicar este martes en el Registro Federal una propuesta para imponer un pago de 103.265 dólares al momento de solicitar esta visa, pese a que un tribunal rechazó en junio un plan similar.

De ser aprobada, la nueva tarifa aplicaría a las solicitudes de la visa H-1B sujetas a una cuota anual. Este programa creado por el Congreso actualmente concede un máximo de 65.000 visas de este tipo a profesionales extranjeros y de 20.000 a trabajadores que cuentan con un título de maestría de una universidad en Estados Unidos, precisó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en la propuesta. Además, se trataría de un pago adicional a los ya vigentes, aclaró.

Las visas H-1B han estado en la mira del presidente desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, dado que el programa, según él, ha sido “explotado deliberadamente para reemplazar, en lugar de complementar” la mano de obra especializada en el país. Así reza la medida con la que puso en vigor en septiembre del año pasado un pago de 100.000 al solicitar esta visa. Una veintena de Estados demandó al Gobierno para tratar de frenar su entrada en vigor, en junio pasado, el juez federal de Massachusetts Leo Sorokin les dio la razón al considerarlo como un impuesto disfrazado. El pago total al solicitar una visa H1-B fluctuaba entonces entre casi 1.000 dólares y cerca de 7.600 dólares.

“Los demandados [el Gobierno federal] argumentan que el pago requerido de 100.000 dólares es un ‘pago regulatorio’ que no equivale a un impuesto. Esto es un mero ipse dixit. Los demandados no brindan una definición de lo que constituye un ‘pago regulatorio’, no citan casos o estatutos que empleen este término ni dan un argumento que explique cómo este término representa algo distinto a un impuesto o una penalidad”, escribió Sorokin en su decisión de junio. “En cualquier caso, la forma en la que se etiqueta un pago en particular no determina si el pago puede ser considerado como un ejercicio del poder tributario del Congreso, porque lo que importa es la sustancia y aplicación del pago, no su designación”, agregó.

El Gobierno apeló y pidió frenar el fallo del juez Sorokin mientras se viese el caso más a fondo. Pero una corte de apelaciones declinó hacerlo.

El potencial impacto de limitar las visas H1-B

En este nuevo intento, la Administración esgrime que el pago de poco más de 100.000 dólares por la solicitud de esta visa le ayudará a “recuperar” parte de lo que le cuesta administrar el sistema migratorio “legal”. Con ello buscaría esquivar un posible bloqueo judicial como el que frenó el plan previo.

“La nueva tarifa está diseñada, de forma consistente con la sección 286(m) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, para recuperar una porción de los costos totales de proveer servicios de naturalización y adjudicación migratoria, incluyendo los del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), la Patrulla Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)”, se lee en el documento oficial.

Al retar judicialmente la tarifa previa, los Estados demandantes afirmaron que un pago de tal magnitud les complicaría contratar educadores para escuelas primarias y secundarias y universidades, lo que “exacerbaría la escasez de maestros que existe”. El impacto, agregaron, se podría sentir también en el sector de la salud, al afectar la capacidad para proveer servicios adecuados y elevar los costos de los programas estatales de seguro médico.

De acuerdo con la nueva propuesta, la tarifa no aplicará a las solicitudes de visa H1-B de empleadores que actualmente no están sujetos a una cuota anual, como por ejemplo las organizaciones de investigación sin fines de lucro.

El plan se enmarca en uno mucho más amplio con el que el Gobierno ha eliminado beneficios migratorios que protegían a miles de migrantes de la deportación y ha avanzado una ofensiva para expulsar a gran escala a personas indocumentadas, incluyendo a quienes no tienen antecedentes criminales graves.