Representantes de los españoles en el extranjero expresan su “firme rechazo” a la paralización del derecho al voto de nacionalizados por la ‘ley de nietos’

El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) ha expresado este miércoles su “profunda preocupación y firme rechazo” ante la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho a voto de los españoles que han obtenido la nacionalidad a través de la ley de nietos. La medida “afecta directamente al ejercicio de la participación política de personas cuya nacionalidad española ha sido reconocida conforme a la legislación vigente”, denuncia este órgano consultivo y asesor de la Administración que representa a los más de tres millones de españoles que residen en el extranjero.

“Resulta especialmente preocupante que parte de la ciudadanía española residente en el exterior pueda verse privada del ejercicio del sufragio, un derecho fundamental reconocido por la Constitución”, sostiene el CGCEE en un comunicado en el que denuncia que se establezcan diferencias en el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía española en función de la vía por la que se haya adquirido la nacionalidad.

“La nacionalidad española debe llevar aparejado el pleno ejercicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico”, agrega al hilo del Auto dictado el martes por el Supremo, que afecta a la inscripción o a los efectos electorales en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de quienes han adquirido la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022.

La decisión del Supremo, que responde a una medida cautelar solicitada por Vox y por el partido Iustitia Europa, ha dejado en el aire el derecho al voto de más de 2,4 millones de personas que, según los datos más recientes facilitados por el Gobierno, habían pedido cita en oficinas consulares hasta el pasado 31 de mayo para presentar su solicitud de acceso a la nacionalidad acogiéndose a la citada ley. El alto tribunal ha suspendido momentáneamente la inscripción inmediata en el censo electoral de quienes hayan obtenido la nacionalidad por esta vía, excepto en los casos en los que los consulados acrediten esa condición de ser hijo o nieto de exiliado.

“Tener la ciudadanía española, pero no votar en unas elecciones provocaría un daño absolutamente irreparable”, denuncia Violeta Alonso Peláez, residente en Fráncfort (Alemania) y presidenta del CGCEE. “Una elección que no se celebra con tu voto no se va a repetir después”.

En conversación telefónica, Alonso enfatiza, además, la “discriminación respecto al lugar de residencia” y “desigualdad” que provoca la medida: las personas que han obtenido la nacionalidad española por la ley de nietos y residen en España ―tanto si la solicitaron ya viviendo aquí como si la solicitaron en el extranjero y después se trasladaron― no se ven afectadas por la medida, porque están inscritas en el padrón municipal; mientras que aquellas que residen fuera de España y están inscritas en el censo electoral sí se ven privadas del derecho al voto.

Una medida de este calado “debería ser algo absolutamente excepcional y siempre mediante sentencia firme, nunca con una medida cautelar”, concluye la presidenta del CGCEE, que lleva en el cargo desde 2022, cuando fue elegida por los consejos de residentes españoles, cuyos miembros son a su vez elegidos democráticamente por los españoles de cada demarcación consular. “No hay medias nacionalidades. O se es español, con todos los derechos, o no se es. No puede haber ciudadanía de segunda con derechos fundamentales suspendidos”.

“El Consejo espera que esta situación sea resuelta con la máxima urgencia y reitera su compromiso con la defensa efectiva de los derechos de la ciudadanía española residente en el exterior, trasladando su preocupación a las instituciones competentes hasta garantizar la plena igualdad en el ejercicio de los derechos políticos”, reclama, finalmente, el comunicado de este órgano asesor adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cuya misión es velar por que los españoles que viven en el extranjero tengan los mismos derechos que los que lo hacen en España.