“Nunca se había privado a tantos niños del acceso a tantas historias”: el crecimiento imparable de la prohibición de libros en escuelas públicas de EE.UU.

Y, sin embargo, las organizaciones que siguen de cerca el fenómeno creen que el número real podría ser mucho mayor, pues gran parte de la censura pasa por debajo del radar.

“Nunca se había privado a tantos niños del acceso a tantas historias”, señala el más reciente informe de la organización PEN America, que se dedica a defender la libertad de expresión y hace seguimiento a la censura de libros.

Este aumento inédito se ha dado a la par de la aprobación de decenas de leyes estatales, e incluso algunas federales, para restringir el acceso a libros que se consideran inapropiados en las escuelas públicas.

“Lo que estamos viendo ahora es un tipo de escalada muy distinto”, explica Gianmarco Antosca, de la Coalición Nacional contra la Censura. “El fenómeno ha salido del ámbito de las escuelas: hemos visto que la prohibición de libros ha llegado a las legislaturas estatales e incluso al ámbito federal”.

En otras palabras, lo que empezó como una tendencia promovida por algunos grupos conservadores hoy se ha convertido en largas listas de libros que circulan por los escritorios y correos electrónicos de políticos y funcionarios. En la gran mayoría de ocasiones, los libros se retiran de las escuelas sin siquiera revisar su contenido completo.

Las organizaciones que promueven este tipo de restricciones y los funcionarios que las permiten señalan que su único interés es evitar que los niños estén expuestos a material que no es adecuado para su edad y defienden el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos.

“Luchamos por proteger a los niños de contenidos sexuales explícitos y de material ideológico en las bibliotecas escolares que no es apropiado para su edad”, dice en un comunicado enviado por su representante a BBC Mundo Tina Descovich, directora ejecutiva y fundadora de Moms for Liberty (Mamás por la libertad), uno de los colectivos más activos en la objeción de libros.

La pregunta que aún está sobre la mesa es quién y cómo puede decidir qué literatura es adecuada para estar en las bibliotecas de las escuelas.

Las prohibiciones de libros en las escuelas públicas de EE.UU. no ocurren de forma uniforme a lo largo del país ni siempre de la misma manera.

Florida y Texas, por ejemplo, concentran cientos de casos, según los cálculos de PEN America y ALA, mientras que en estados como Oklahoma y Nuevo México no se registra ninguno.

El proceso para conseguir retirar de una escuela pública un libro consiste habitualmente en que, si un padre de familia u otro ciudadano lo considera inapropiado, diligencia una objeción ante la autoridad educativa del condado.

Aunque hay diferencias de estado a estado, por lo general las objeciones son revisadas por un comité experto que emite un concepto técnico, en base al cual la autoridad del condado toma a su vez la decisión de mantener o retirar el libro de las escuelas.

En los últimos años, este tipo de objeciones se ha disparado, pero además han surgido otros caminos para prohibir libros.

En los estados de Utah y Carolina del Sur, por ejemplo, hoy existen listas de “no leer” que aplican a lo largo del estado, gracias a leyes recientes que buscan prevenir la exposición de los niños a material que se considera dañino, indecente o pornográfico.

En estas listas están incluidos libros como “El cuento de la criada”, de Margaret Atwood; “Gente normal”, de Sally Rooney; “Las ventajas de ser invisible”, de Stephen Chbosky; la saga “Una corte de rosas y espinas”, de Sara J. Maas; y Ugly Love, de Colleen Hover.

Con la inclusión de cuatro novelas de Stephen King el pasado 6 de julio, la lista de libros prohibidos en todo el estado de Utah llegó a 36, mientras que en Carolina del Sur el número asciende a 22.

Otro caso llamativo es el del condado de Hillsborough, en Florida, donde se ubica la ciudad de Tampa.

A mediados del año pasado, la prensa local reportó que dos altos funcionarios del estado habían enviado cartas presionando al superintendente de Hillsborough para que retirara libros de las escuelas del condado que consideraban “pornográficos” (como “Llámame por tu nombre”, de André Aciman).

El superintendente fue posteriormente sometido a un intenso interrogatorio, durante el cual una miembro de la Junta de Educación de Florida acusó a los bibliotecarios del condado de Hillsborough de ser “abusadores de niños” y sugirió que no sabían leer.

Entonces, el superintendente accedió a retirar inmediatamente decenas de libros de las escuelas del condado y cientos más fueron puestos bajo revisión.

Según la organización de padres Proyecto Libertad para Leer de Florida (FFTRP, por sus siglas en inglés), muchos de estos libros jamás habían sido objetados por padres de familia del condado y no se siguió el procedimiento regular que incluye a un comité técnico, sino que fueron retirados directamente por la presión de los funcionarios estatales.

En grabación de la audiencia se ve a los miembros de la Junta de Educación de Florida —nombrados por el gobernador republicano Ron DeSantis— instando al superintendente de Hillsborough a ignorar el procedimiento y actuar con urgencia para retirar los libros.

BBC Mundo contactó a algunos de ellos para recabar su versión de los hechos, pero no recibió respuesta.

Una vocera del distrito escolar del condado de Hillsborough le confirmó a BBC Mundo que 59 libros fueron retirados de las escuelas del condado, pero no respondió acerca de cuál había sido el procedimiento para llegar a esa decisión ni si los que fueron puestos en revisión ya estaban de nuevo disponibles para los estudiantes.

Al respecto, Stephana Ferrell, de FFTRP, señala: “Esa no es una comunidad decidiendo por sí misma cuál es el estándar y debatiendo la decisión de negarles a ciudadanos jóvenes el acceso a un libro o una idea en particular. Eso es una junta del nivel estatal, que no fue elegida, dictaminando qué ideas se permiten en las estanterías”.

Entre los 59 libros prohibidos están la multipremiada novela histórica Homegoing, de Yaa Gyasi, que cuenta la historia de dos hermanas nacidas en África Occidental en el siglo XVIII y su descendencia, y “Choque de Reyes”, la segunda parte de la saga que inspiró la exitosa serie “Juego de Tronos”.

Según William Johnson, director de la oficina de Florida de PEN America, las repercusiones del caso fueron mucho más allá del condado de Hillsborough.

Luego de las cartas y el interrogatorio al superintendente “PEN America documentó que al menos nueve distritos escolares de Florida (además del de Hillsborough) retiraron cientos de libros de las aulas y bibliotecas antes del inicio del año escolar sin que se completara el proceso habitual de revisión de esos materiales para evitar el riesgo de sanciones por parte del estado”.

Es un ejemplo de lo que se conoce como chilling effect o efecto inhibidor: los profesores, bibliotecarios o directores de las escuelas deciden retirar o reemplazar ciertos libros para evitarse problemas, especialmente aquellos que saben que pueden resultar controversiales.

Por ejemplo, los libros que incluyen personajes de la comunidad LGBT+ o que abordan temas de género, raza y sexualidad son objeto de esfuerzos de censura de forma desproporcionada. Un 39% de los títulos objetados en 2025 incluían historias de personas LGBT+ o de minorías, según ALA.

Según Gianmarco Anstosca, este efecto ocurre gracias a que varios estados han pasado leyes contra la obscenidad y la pornografía en las escuelas que incluyen conceptos amplios y vagos en los que no está claro qué cabe y qué no.

“Recurren a términos amplios y alarmistas como ‘contenido sexualmente explícito’, ‘pornografía’, más recientemente, expresiones como ‘confusión de género’ o ‘transgenerismo’ para justificar la censura de un gran número de libros y generar un clima de miedo y un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión”, dice Antosca.

Como ocurrió con el superintendente de Hillsborough, los educadores y bibliotecarios se podrían verse sometidos a escrutinio público e incluso a investigaciones judiciales, así que simplemente deciden evitarlo.

“En lugar de arriesgarse a tomar la decisión equivocada, [las escuelas] prefieren retirar los libros primero y preguntan después”, explica Johnson.

La tendencia a prohibir libros en las escuelas públicas de EE.UU. en los últimos años no ha tenido un único promotor, pero sí ha habido una coordinación de organizaciones conservadoras que invocan los llamados “derechos parentales” para objetar libros y hacer lobby.

Por derechos parentales, se refieren específicamente a poder decidir sobre la educación de sus hijos.

Descovich, directora ejecutiva de la organización Moms for Liberty, argumenta que “los padres tienen el derecho y la responsabilidad fundamentales de garantizar que sus hijos estén protegidos de contenidos que socaven su inocencia o promuevan ideologías que puedan generar confusión”.

En la misma línea, un documento de Citizens for Freedom (Ciudadanos por la libertad), otro colectivo activo en la causa, plantea que son los padres, y no el estado ni la escuelas, quienes tienen la autoridad “otorgada por Dios” de “criar, educar y formar moralmente a sus hijos”.

Pero hay una discusión abierta sobre si en realidad son los padres de familia quienes están realmente detrás de estos intentos de retirar libros de las estanterías de las escuelas.

De acuerdo con la Oficina para la Libertad Intelectual de ALA, el 92% de las objeciones de libros en 2025 fueron iniciadas por grupos de presión y funcionarios del gobierno.

“Lo que hemos documentado es que un número relativamente reducido de personas y grupos organizados de defensa de determinadas causas ha presentado una proporción desmesuradamente alta de las objeciones”, señala Johnson, de PEN America.

Ferrell, quien además de directora de FFTRP es madre de dos hijos que asisten a escuelas públicas del condado de Orange (Florida), señala que “nunca ha habido pruebas de que los esfuerzos hayan surgido de padres y madres con hijos actualmente matriculados en las escuelas públicas”.

“Desde el principio, el movimiento ha estado liderado por grupos de interés con escasos vínculos con el sistema de educación pública”, agrega.

BBC Mundo pidió una entrevista con Moms for Liberty, entre otras cosas, corroborar esta información, pero no le fue concedida.

Nicole, la madre de cuatro hijos que vive en el condado de Pinellas, le dice a BBC Mundo que, precisamente porque cree en los “derechos parentales”, no está de acuerdo con la prohibición de libros en las escuelas.

“Muchas de las personas que promueven retirar libros dicen que lo hacen en defensa de los derechos parentales, pero, al prohibir libros, están decidiendo también lo que es mejor para otros niños que no son sus hijos. Y de esa manera están pasando por encima de los derechos parentales de otros”.

Por eso, Nicole considera que quienes están tratando de prohibir libros no solo quieren decidir sobre la educación que reciben sus hijos, sino que también buscan “controlar lo que las personas aprenden y cómo”.

Los opositores a la prohibición de libros señalan, además, que los “derechos parentales” no socavan la autoridad que tienen los bibliotecarios profesionales para construir catálogos pensados para atraer a los niños a la lectura de acuerdo con su conocimiento técnico y de su comunidad.

Son ellos, dice Johnson, quienes están “capacitados para evaluar los libros en función de su idoneidad para cada edad, el desarrollo infantil, los objetivos educativos y su mérito literario”, aunque los padres puedan seguir dando sus opiniones y recomendaciones.

Según la ley federal, los materiales que circulan en las escuelas deben ser evaluados con el test de Miller, que sopesa el nivel de obscenidad de un libro junto con su valor literario, informativo, intelectual y cultural.

Nicole dice que, al final, como lectora y como madre, lo que lamenta de las prohibiciones de libros en las escuelas es que se les quite a los niños “una ventana, un espejo y la habilidad de pensar críticamente del mundo en el que viven”.

Hoy, sus dos hijos mayores ya se graduaron de la escuela y los dos menores están en la secundaria. Algunos son ávidos lectores y otros no tanto, pero ella se ha encargado de que siempre tengan a la mano esa ventana para ver otras realidades y ese espejo para verse a ellos mismos que son los libros.

No ha sido esa la realidad de todos sus compañeros de escuela. Según el índice de PEN America, 62 acciones se han emprendido en el condado de Pinellas para censurar libros de las bibliotecas escolares.

El gobierno de Joe Biden lanzó en 2023 acciones para investigar el fenómeno de prohibición de libros en las escuelas públicas y disuadir a los centros de limitar el acceso a libros controversiales.

Pero, apenas Trump asumió la presidencia a inicios del año pasado, el Departamento de Educación desestimó las denuncias que existían, calificando el fenómeno de mito y argumentando que los libros que se han retirado eran “inapropiados”, “sexualmente explícitos” u “obscenos”.

La misma institución anunció que dejaría de tener una persona encargada de investigar estas medidas.

Plegándose al discurso de los defensores de los “derechos parentales”, el entonces secretario interino adjunto de la Oficina de Derechos Civiles, Craig Trainor, afirmó: “Al desestimar estas denuncias y eliminar el cargo y las atribuciones del llamado ‘coordinador de prohibiciones de libros’, este departamento comienza a restablecer el derecho fundamental de los padres a dirigir la educación de sus hijos”.

Actualmente, avanza en el Congreso de EE.UU. un proyecto de ley presentado por representantes republicanos que amenaza con retirar financiación a las escuelas que “proporcionen o promuevan libros u otros materiales que incluyan contenido de carácter sexual a menores de 18 años”.

Antosca, de la Coalición Nacional contra la Censura, señala que “el propósito de las escuelas, las bibliotecas y la educación no es proteger a los niños del mundo hasta el día en que cumplen 18 años y luego lanzarlos de golpe a la vida adulta. Su misión debería ser prepararlos para el mundo real”.

“Los estudiantes deberían tener acceso a las ideas con las que inevitablemente se encontrarán fuera de la escuela. Y la educación debería ser un espacio donde puedan explorar, de manera segura y reflexiva, distintas ideas y diferentes puntos de vista”, agrega.

Para Stephana Ferrell, de FFTRP, la consecuencia más grave del auge de la prohibición de libros en EE.UU. “es la aceptación silenciosa de que las bibliotecas, la literatura y la libertad de leer ya no merecen ser defendidas”.

“Hemos normalizado la idea de que evitar la controversia es más importante que exponer a los estudiantes a ideas desafiantes, y de que no se puede confiar en que los adultos ejerzan su criterio o ayuden a los jóvenes a afrontar conversaciones difíciles”.

Y concluye: “Cuando quienes tienen la autoridad para proteger esas libertades optan, en cambio, por replegarse, la pérdida va mucho más allá de los libros”.

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